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Por Laura Vales  Víctor Alderete recibió
ayer una avalancha de resoluciones judiciales, incluida una clara advertencia de la
Cámara de Apelaciones que señaló que si el lunes comienza a afiliar a jubilados y
pensionados al nuevo plan de salud, el PAMI incurrirá en el delito de desobediencia. Al
reto de los camaristas se sumó el pedido de dos fiscales para que se allane la sede del
instituto. Además, la Justicia federal declaró la nulidad de una de las cláusulas más
cuestionadas de la licitación: la que otorgaba una indemnización de cerca de 180
millones de dólares a los grupos empresarios en caso de rescisión de los contratos. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, fue la respuesta del titular de la obra social, de la que se desprende que acatará la orden de frenar las inscripciones. Sin embargo, ningún vocero del instituto respondió los llamados de este diario para confirmar expresamente el parate; el instituto se limitó a enviar un ambiguo comunicado de prensa que no contiene una sola aclaración para que los jubilados sepan qué hacer el lunes. El aviso del tribunal respondió a un pedido de la defensora del Pueblo porteña Alicia Oliveira, que solicitó esta aclaración luego de que, durante todo el jueves, Alderete insistiera en su decisión de continuar con el proceso a pesar de tener dos fallos judiciales en contra. “Hay cuatro millones de personas que quieren afiliarse. ¿Quién se lo va a impedir?”, había dicho el titular del PAMI ante cuanto micrófono encontró disponible. Pero la advertencia no estuvo destinada sólo a él, sino a todos los directores de la obra social. Para tener la completa seguridad de que los funcionarios se dieran por notificados, personal de la Cámara entregó el escrito en la sede central del instituto. Los jueces Guillermo Galli, Alejandro Uslenghi y María Jeanneret de Pérez Cortés también hicieron un llamado de atención a la obra social para que no confunda a los afiliados, y le recordaron que debe “señalar claramente que no ha comenzado” el plazo para elegir entre las tres gerenciadoras que administrarán el sistema. Por último, insistieron en que el instituto tiene la obligación de remitirles “la información que brindará a los beneficiarios para poder ejercer su derecho a opción”. La Cámara debe expedirse ahora sobre las impugnaciones de peso planteadas por la Defensoría porteña. Eugenio Semino, ombudsman de la tercera edad, recordó que una de ellas es la falta de controles efectivos sobre los servicios que den las gerenciadoras. “El sistema sólo va a tener una auditoría prestada por jubilados, pero debería incluirse en ella a los especialistas” explicó; “si no, sólo se va a poder constatar que las sábanas estén limpias. Para saber, por ejemplo, si se está dando la medicación necesaria a los pacientes se requiere del control de profesionales”. El segundo fallo adverso a la privatización del PAMI llegó desde el despacho de la jueza federal Martha García. Se trata de la primera resolución sobre una de las cuestiones de fondo de la licitación, por la que se declaró nula la cláusula del pliego que garantizaba a las gerenciadoras una indemnización millonaria en el caso de rescisión de los contratos. La cuestión había sido planteada por la docente jubilada Susana Torello, quien denunció la cláusula por “abusiva” y la calificó como “una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación”. Si se rescinde el contrato, sostuvo en la demanda patrocinada por los abogados Adrián Pérez y Marcela Rodríguez, el PAMI “se verá sometido a perjuicios económicos gravísimos, imposibles de asumir con los recursos de que dispone”. Desde el PAMI se ratificó apelarán cada uno de los fallos judiciales adversos. “No bajaremos las banderas de la libertad de elección que ya plebiscitaron cuatro millones de beneficiarios”, se lee en el comunicado firmado anoche por Alderete, aunque en rigor de verdad la virtualprivatización de la obra social nunca haya sido objeto de ninguna consulta popular. Por otra parte, el secretario de Salud porteño Héctor Lombardo confirmó que los doce hospitales municipales trabajarán con las tres gerenciadoras selecccionadas: Siglo XXI, Plan Azul y Argentina Salud. Lombardo explicó que se tomó la decisión de mantener abiertos todos los centros de salud de la comuna a los jubilados, más allá de qué red elijan. La medida fue respaldada por la Asociación de Médicos Municipales y la Federación Médica de la Capital Federal, que días atrás habían dado a conocer un pedido para que no se cierre la posibilidad de atender a los pacientes del PAMI y que estos servicios fueran retribuidos.
DOS FISCALES PIDIERON UN ALLANAMIENTO
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