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Por Pedro Lipcovich  Policías y funcionarios
penitenciarios mendocinos siguen saliendo y entrando de las cárceles, pero en condición
de presos: el juez liberó a los siete agentes acusados de torturar a un detenido
–ese delito es allí excarcelable– mientras continúa la causa y los acusados
han sido pasados a disponibilidad. Pocas horas después, el subdirector de la cárcel de
San Rafael fue pescado in fraganti mientras le cobraba coima a un guardiacárcel por
dejarlo hacer horas extras, y está preso. Estos movimientos se enmarcan en el proceso de
reestructuración de la policía de Mendoza, que ya dejó fuera de la institución a más
de 100 efectivos.Los siete policías acusados de tormentos pertenecen a la subcomisaría de Rodeo del Medio, a unos 17 kilómetros de la capital mendocina. En la madrugada del lunes detuvieron a Fabián Manríquez, de 18 años, que estaba durmiendo en su casa, a raíz de la denuncia de un vecino por robo. Según Susana Manríquez, hermana del joven, empezaron a golpearlo allí mismo, después “le dispararon varias veces a los pies” y, ya en el interior de la comisaría, “le metieron varias veces la cabeza en un balde de agua”. Cuando lo habían trasladado a la División Investigaciones, en la capital, cayó desmayado. Lo llevaron al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos constataron las lesiones y lo dejaron internado. El ministro de Justicia y Seguridad, Alejandro Cazabán, se trasladó inmediatamente a la subcomisaría en compañía del juez de turno, Gonzalo Guiñazú. Allí interrogaron a otro detenido, que ocupaba la celda contigua, cuya declaración “es la principal prueba”, según dijo a este diario el ministro Cazabán. Fueron detenidos entonces los policías Alcidez Pérez, Carlos Pizarro, Abel Olguín, Orlando Daste, Marcelo Valverde, Andrés Ochoa y Norma González. Anteanoche el juez Guiñazú dispuso su excarcelación, ya que la pena máxima por el delito del que se los acusa no supera los seis años y en el Código de Procedimientos provincial ése es el límite para la excarcelación. Casi al mismo tiempo, unos 40 vecinos de la zona manifestaban en apoyo a los policías y culpando a “una banda de 20 muchachos”, a la que pertenecería Manríquez, de “emborracharse, drogarse” y cometer “desmanes”. Rodeo del Medio, como otros barrios próximos a la ciudad de Mendoza, presenta altos niveles de desocupación juvenil. Los policías acusados de tormentos han sido retirados del servicio activo: “Es una medida preventiva por la cual dejan de prestar servicio, se les retira el arma y dejan de cobrar desde la mitad hasta la totalidad de su sueldo, según la gravedad del caso: éste en principio es bastante grave –explicó Cazabán–. Y, si tenemos elementos suficientes, la Ley de Reestructuración Policial nos permite mantener esa suspensión o disponer la baja, aun sin que se hubiera producido sentencia judicial”. En el marco de esa ley, que se dictó con el acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en la provincia, la policía fue puesta bajo control civil. Unos 110 efectivos fueron expulsados en lo que va del año, de los cuales unos 90 están procesados por asesinatos como el de Sebastián Bordón, desapariciones como las de Pablo Guardatti y Raúl Baigorria, y hechos de corrupción. El ministro Cazabán contó a este diario otro efecto de la reestructuración: “Terminamos de redistribuir en comisarías, para que hagan tareas de prevención en la vía pública, a 300 policías que estaban en la sede del Ministerio; cuando llegamos había 481. Esto corresponde al criterio de fortalecer la presencia policial en la prevención y represión del delito, ya que la conducción y control están a cargo del poder civil”.
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