|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Columnas
militares, flaqueadas por máquinas de construcción, adentrándose en las zonas más
marginales al sur de Venezuela para iniciar “un proyecto social urgente”. Esta
fue la cara ayer del “plan cívico-militar” del flamante presidente venezolano
Hugo Chávez para atender a “la emergencia social” que sufre su país. Siempre
un partidario de forjar relaciones más estrechas entre las fuerzas armadas y la
población civil, Chávez llamó ayer a voluntarios universitarios, amas de casa y a los
desempleados a unirse a las “brigadas especiales” de su proyecto. El presidente
parece estar usando su apoyo popular para contrapesar los problemas que comienzan a
surgirle en su frente interno. Además de la oposición de un importante sector del
Congreso, Chávez se enfrentó ayer al principal sindicato del país. Mientras tanto, en
la Corte Suprema una partidaria suya se retiró voluntariamente de las deliberaciones
sobre el referéndum para llamar a la Asamblea Constituyente (la que reformará la
“constitución moribunda”), lo que podría demorar el proceso. “Hoy saldrán una columna de soldados, una columna de jóvenes y una columna de maquinaria a construir vías de penetración en el sur, a construir carreteras, puentes y a reparar escuelas”. Nada del discurso de Chávez ayer fue metafórico. Ocho batallones de castrenses venezolanos se aunaron a las “brigadas especiales” formadas por voluntarios civiles, y se adentraron en la “zona roja” del país que bordea con Colombia. Tratándose de uno de los sectores más empobrecidos del país, el “proyecto de acción inmediata” sería una muestra de la manera por la cual Chávez piensa resolver la condición desesperada de la población rural en Venezuela. Pero el “huracán Hugo” no piensa parar allí. Esta es sólo “la primera oleada”, afirmó el primer mandatario, quien anunció un acto masivo del ejército venezolano para conmemorar el Caracazo del 27 de febrero de 1989 –una serie de disturbios populares en Caracas que dejaron entre 300 y 1000 muertos–. “Como hace 10 años las fuerzas armadas saldrán a la calle –afirmó Chávez–, pero esta vez no para echarle plomo al pueblo, sino para atender a su salud, su seguridad y sus servicios”. Aunque con todo esto el presidente parece mantener el impulso de su apoyo popular, también hay riesgos. Además de estar trenzado en una lucha de posición con la oposición en su Congreso por su proyecto de reforma constitucional, Chávez terminó de agregar ayer a su lista de enemigos a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el principal sindicato del país. Chávez parece querer desligarse del aparato sindical que le legaron los partidos tradicionales de Venezuela, y llevar a cabo políticas laborales independientes de los sindicatos “ilegítimos”. En efecto, anteayer Chávez decretó unilateralmente un aumento del 20 por ciento en el salario de los empleados públicos, dejando los salarios privados en manos de los empresarios. La CTV se lavó las manos de todo el asunto, afirmando que “no participaremos donde no se nos ha invitado. El aumento será única y exclusivamente responsabilidad del gobierno”. Como una medida que afecta sus bases “populares”, la jugada de Chávez es riesgosa, y lo es aún más porque se profundizan los temores de que se forme un bloque disidente en su propia coalición, el Polo Patriótico. El jueves, un colaborador cercano a Chávez, el abogado e historiador Jorge Olavarría, abandonó el gobierno al considerar que los métodos del primer mandatario eran “dictatoriales”. Pero Chávez sigue mostrándose decidido, y respondió a amenazas de la oposición de Acción Democrática de denunciarlo a la Internacional Socialista por “totalitario” fulminando “que me denuncien al mismo protocolo del infierno. Yo no voy a dar marcha atrás. Estaré al lado del pueblo”. Pero ayer Chávez sufrió un revés cuando la titular de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, anunció que no participaría en las deliberaciones sobre los recursos de nulidad presentados contra el referéndum. Sosa había impulsado rápidamente la aprobación del proyecto de Chávez cuando éste lo presentó, y su ausencia en la corte podría significar el comienzo de bloqueos judiciales al presidente. Sosa insistió en que “considero más sano que no me involucre”.
QUIENES SOLVENTAN LOS GASTOS DE PINOCHET EN
LONDRES
|
