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 Finalmente,
después de un mes de idas y venidas, el presidente del directorio del PAMI, Víctor
Alderete, decidió dar marcha atrás con la inscripción de jubilados y pensionados al
nuevo plan de salud. En un comunicado difundido en la tarde de ayer, Alderete expresó que
el PAMI "acata la decisión de la Justicia" de suspender
"momentáneamente" la puesta en marcha del nuevo sistema de atención de sus
afiliados. Aunque por primera vez desde que se desató la polémica Alderete dejó en claro que no desconocería los fallos judiciales, el hombre de confianza del presidente Carlos Menem no pierde la esperanza. En el comunicado, recomendó a los afiliados que "aprovechen este paréntesis para informarse y analizar con detenimiento por cuál de las redes de salud optarán" y sostuvo que "esto no significa que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados haya bajado los brazos". Por el contrario, el titular de la obra social señaló que "en el PAMI continuaremos trabajando arduamente en el plan comunicacional destinado a informar sobre las redes nacionales de salud". Y confió en que los afilados "concurran a las bocas de información para ilustrarse sobre el nuevo sistema de atención, porque en el momento en el que la Justicia lo determine, podrán ejercer su opción libremente". Alderete tampoco se privó de criticar a los jueces que emitieron sentencias en contra. "Una vez que terminen los ataques jurídicos, que le causan mucho daño a los jubilados y por los que nadie responde, continuaremos con las trasformaciones en la obra social cuyo único fin es el bien de los beneficiarios", señaló. Durante la mañana de ayer, antes de que se emitiera el comunicado, el oficialismo y la oposición continuaron con la polémica. En referencia a los fallos contrarios al proceso, Menem dijo que "esas sentencias podrían ser admisibles en la época del nazismo en Alemania" y agregó que "en este tema, lamentablemente, se ha mezclado la cuestión política con la salud". Desde la oposición, el encargado de responderle fue el líder del Frepaso. "Ellos --sostuvo Carlos "Chacho" Alvarez en relación a los funcionarios del Gobierno-- están intentando, como lo vinieron haciendo hasta ahora, convertir al PAMI en un gran negociado político." Las objeciones presentadas desde que comenzó el proceso fueron muchas. El ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, destacó la falta de controles efectivos sobre los servicios de las gerenciadoras. "El sistema sólo va a tener una auditoría prestada por jubilados, pero debería incluirse en ella a los especialistas. Pero para saber, por ejemplo, si se está dando la medicación necesaria a los pacientes se requiere del control de profesionales", explicó Semino. Otra de las impugnaciones, establecida a través de un fallo en contra de la jueza federal Martha García, apuntó a otro de los temas de fondo. La megistrada declaró nula una de las cláusulas del pliego, la que garantizaba a las gerenciadoras una indemnización de 180 millones de dólares en caso de rescisión de contratos. Esta cuestión había sido planteada por la docente jubilada Susana Torello, que objetó la cláusula por "abusiva" y la calificó como "una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación". Según la demanda, si se rescinde el contrato, el PAMI "se verá sometido a perjuicios económicos gravísimos, imposibles de asumir con los recursos de que dispone". Hasta ayer, Alderete se había negado a aceptar los fallos de la Justicia contra el proceso licitatorio. "Hay cuatro millones de personas que quieren afiliarse ¿quién se los va a impedir?", era la habitual respuesta del titular de la obra social, que apelaba a una supuesta decisión de los jubilados. "No bajaremos las banderas de la libertad de elección que ya plebiscitaron cuatro millones de beneficiarios", sostuvo Alderete, aunque, en rigor, la virtual privatización nunca fue objeto de una consulta entre los jubilados. Aunque todo hacía pensar que Alderete finalmente terminaría acatando la orden de la Justicia, lo cierto es que el viernes pasado emitió un comunicado con una respuesta confusa. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", sostuvo el presidente del PAMI en un texto que, por su ambigüedad, impedía discernir cuál sería la actitud definitiva. Ayer, finalmente, aceptó que por el momento acatará la decisión de la Justicia.
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