ASEGURAN EN TUCUMAN QUE BUSSI CONSERVA ORDENES POR ESCRITO DE LAS JUNTAS
El general tenía quien le escribiera

Un semanario tucumano afirma que Bussi tiene esos papeles. El gobernador recién lo utilizará políticamente si corre riesgo su libertad. Son las instrucciones para la represión. Los miembros de las juntas siempre negaron que hayan existido órdenes por escrito. Si esos papers llegan a la Justicia, habrá una prueba más contra los comandantes y otros jefes militares de la dictadura.

Desde que la Justicia federal comenzó con la investigación por los secuestros y apropiaciones de niños nacidos en cautiverio o tras la desaparición de sus padres durante la dictadura militar, Antonio Bussi, el actual gobernador de Tucumán, mantuvo siempre una extraña calma a pesar de saber que integra la lista de los militares acusados de tales delitos y que ya hay más de media docena de sus colegas detenidos. La causa de esta "provinciana" tranquilidad salió a la luz hace unos días cuando el semanario tucumano El Periódico publicó en su primera plana la existencia de un paper que Bussi tiene en su poder, en el cual están las órdenes emanadas de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas de aquella época. Esos papeles pondrían en aprietos a más de un ex jefe del ejército y tal vez hasta algunos que todavía hoy se encuentran en actividad.

No es poca cosa lo publicado por los periodistas tucumanos Javier Noguera y Horacio Elsinger. Sobre todo si se tiene en cuenta que el jueves 4 de febrero, el ex general Guillermo Suárez Mason aseguró, ante radio Mitre, que "en el asunto de los menores desaparecidos yo me manejé con cosas bien claras" y dijo tener "instrucciones bien escritas, que están en poder de la Justicia". De ser cierto los dichos de Suárez Mason y los datos que llegan desde Tucumán, la Justicia federal --esta vez representada por el juez Adolfo Bagnasco-- se encontraría a las puertas de descubrir otra prueba que demostrará que lo que ocurrió durante los años más oscuros y sangrientos de la Argentina respondió a un plan orquestado y planificado por las Fuerzas Armadas y que ningún detalle fue librado al azar. Esto no representa una novedad para los organismos de derechos humanos que vienen denunciando el supuesto plan desde los mismos años de la dictadura militar.

La tenencia de Bussi de las órdenes escritas se conoció, según el semanario tucumano, gracias a la confirmación de una alta fuente castrense. Es sabido que el anciano general no cuenta con la simpatía de las nuevas generaciones de militares, sólo basta recordar que a principio de año fue duramente sancionado por el Tribunal de Honor del Ejército luego de que se conociese que Bussi mintió sobre la posesión de cuentas bancarias secretas en Suiza. A Bussi, las cuentas bancarias en el exterior le aparecen casi a diario, como la última de Luxemburgo. Aunque el descubrimiento de esas cuentas haya desatado la represalia interna de los militares "castigando" a Bussi con la difusión del documento sobre la represión, esa es una cuestión menor.

Qué hará Bussi con ese paper es la pregunta del millón. ¿Bussi está dispuesto a utilizar estas órdenes si llegado el caso el juez Bagnasco ordenara su captura? Todo indica que sí. En realidad, lo que el gobernador tucumano quiere evitar es una nueva crisis con la cúpula militar, pero si su libertad depende de estos papers, no dudará en presentarla a la Justicia.

Según el semanario tucumano, en círculos castrenses se dice que Bussi y Suárez Mason son los dos únicos que conservan las órdenes expresas para actuar en la represión. Con igual certeza se sostiene que ese paper le serviría para salir del atolladero judicial. Al parecer Suárez Mason ya lo está utilizando y es una señal importante de que las órdenes existen y están a punto de salir a la luz. Ahora sólo resta esperar ver cuál será la estrategia del hasta ahora muy tranquilo Bussi.

Para que en el supuesto caso de que Bagnasco se decidiera a pedir la captura de Bussi, ésta no se podrá concretar inmediatamente. Sólo basta recordar que el general, responsable de miles de desapariciones en Tucumán, es el gobernador de esa provincia norteña y llegó a ese cargo gracias a la voluntad popular. Los mandatarios provinciales son para la Constitución Nacional agentes naturales del gobierno federal y, al igual que los magistrados federales, se rigen por el Código Procesal Penal de la Nación que establece que los funcionarios sujetos a juicio político, --y Bussi será uno de ellos--, deben ser suspendidos o destituidos para poder ser juzgados. Es decir que una vez que el pedido de captura llegue a Tucumán, la Legislatura local tendrá que iniciar nuevamente un proceso de juicio político hasta lograr la suspensión de Bussi en su cargo. A la oposición le da los números para realizarlo. Pero también hay que tener en cuenta que este es un año electoral y todos los legisladores se encuentran enfrascados en conducir su futuro político. Esto es así porque en Tucumán la Constitución no permite la reelección de ningún cargo electivo.

Otra cuestión a develarse es si los legisladores tucumanos están dispuestos a enfrentar el desgaste que significa llevar nuevamente a Bussi hasta las puertas de un juicio político.

Si el gobernador tucumano zafa de esta situación será la segunda vez que logra evadir la cárcel. Durante los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín se amparó bajo la ley de Punto Final. Esta era la norma que establecía un plazo de 60 días para juzgar a los militares acusados, entre otros delitos del secuestro de bebes. Bussi se salvó, a pesar de que se le inició la "causa Menéndez y otros sobre desaparición de personas". Lo que jugó a favor del general en ese momento fue la mora de la Cámara Federal de Tucumán que luego fuera duramente reprendida por la Suprema Corte de Justicia.

PRINCIPAL