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 Los jubilados y
pensionados que reciben asistencia a través del PAMI no podrán iniciar hoy el nuevo
sistema de afiliaciones a las empresas gerenciadoras que ganaron la licitación, sumando
una incertidumbre más a la larga lista de dificultades que atraviesan. Como se sabe, el
sábado, en su carácter de presidente del directorio de la institución, el secretario de
la Tercera Edad, Víctor Alderete, decidió acatar la orden de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal e interrumpir el proceso privatizador bajo la
advertencia de que podía incurrir en el "delito de desobediencia". Mientras el PAMI instó a sus afiliados a "informarse en este paréntesis" provocado por el fallo judicial, el diputado radical Eduardo Santín afirmó que las agencias ni siquiera disponen de información sobre el nuevo sistema. "La suspensión de las afiliaciones debe haber sido un alivio para Alderete, porque ni siquiera hay datos para asesorarse", aseguró Santín, quien junto a su correligionaria Elisa Carrió y otros legisladores del bloque aliancista asesoraron a la jubilada Susana Torello en la presentación judicial que realizó ante la jueza federal Martha García, contra las reformas del PAMI y que produjo una primera medida cautelar que trabó el traspaso de la obra social a las prestadoras privadas. Una segunda medida cautelar se conoció el jueves firmada por la jueza federal en lo contencioso, Liliana Heiland, quien a su vez hizo lugar a un pedido de amparo de la jubilada Amalia Fiamberti. En esa resolución se aclara expresamente que el PAMI debe abstenerse de proseguir con el período de libre elección de las prestadoras que surgieron a través de la licitación. La consecuencia de esta medida es, precisamente, la suspensión de las afiliaciones que debía comenzar hoy y por las cuales Víctor Alderete se jactaba de que continuarían, lo que movió a la defensora del Pueblo de Buenos Aires, Alicia Oliveira, a pedir aclaración a la Cámara, quien emitió la advertencia al presidente del PAMI de que podría entrar en desobediencia si no acataba los fallos ya cursados por los juzgados federales. De las tres prestadoras, Argentina Salud, Siglo XXI y Plan Azul, no se conocieron declaraciones mientras se complicaba la situación jurídica de la licitación. Sin embargo ayer, Plan Azul publicó en un matutino porteño una solicitada explicitando los servicios que prestaría a los afiliados. Por otra parte, los fiscales federales Patricio Evers y Luis Comparatore consideraron la presunta existencia de delito en la privatización de PAMI que dejó afuera a la gerenciadora AMI S.A. que, a su vez, se presentó como querelladora y le recomendaron al juez Gustavo Literas que investigue la causa. PAMI publicó ayer una solicitada en la que se lamenta por la demora impuesta por la Justicia y se pregunta "quién se responsabilizará por "los 200.000 pesos diarios que le hace perder al PAMI" la defensora del Pueblo, asegurando que el nuevo sistema --que aún no puede implementarse-- garantiza un ahorro de 6 millones de pesos mensuales. Por otra parte, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba), que nuclea un alto porcentaje de los médicos de cabecera que prestan servicios en PAMI, anunció la convocatoria a una asamblea extraordinaria --aún sin fecha-- ante "la gravedad y el desborde" de los acontecimientos.
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