|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Irina Hauser  Al menos dos
ministros de la mayoría oficialista de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo López y
Antonio Boggiano, están entre la duda y el rechazo de que el alto tribunal sea la
instancia judicial indicada para tramitar la causa que investiga la venta ilegal de armas
a Ecuador y Croacia. Tal como anhelaba el Gobierno, a raíz de que el juez en lo penal
económico Marcelo Aguinsky se declarara incompetente, ahora son los nueve supremos
quienes deben definir quién es el juez natural. Ayer a la tarde todavía no había
llegado a la Corte la resolución de Aguinsky. Pero un encumbrado funcionario adelantó a
Página/12 que por una vez podría romperse la “mayoría automática”. Los dos
magistrados en posible disidencia, dijo la fuente, estarían razonando que “si todos
los argumentos que hay son los que publican los diarios, no bastarían, acorde a la
Constitución, para declarar la competencia originaria de la Corte”. Que Aguinsky se desprendiera de uno de los tres expedientes referidos a la venta ilegal de armas y lo enviara a la Corte era una de las cartas a las que más apostaba el oficialismo. Si el tribunal define su propia competencia probablemente pida también los expedientes que llevan los jueces Julio Speroni y Jorge Urso. Este último tiene en la mira al canciller Guido Di Tella, al ex ministro de Defensa y actual titular de Trabajo, Erman González y al jefe del Ejército, Martín Balza. El fallo de Aguinsky –quien fue asesor de César Arias durante el primer gobierno de Carlos Menem– resultó una respuesta casi instantánea al pedido que habían hecho el fiscal Roberto Leanza y el defensor general, Miguel Angel Romero. Ambos expresaron que ya algunos diarios habían dado pruebas de que ambos gobiernos intervinieron en el envío de armamento a Croacia. Entre sus argumentos el juez decía que “la figura del Estado croata involucrado en autos cobra relevancia para definir la competencia de la Corte Suprema” y fundamentaba que, para considerar que el Estado está involucrado es relativo qué cargo ocupen los funcionarios implicados si son miembros de embajadas, ministerios, cancillerías o consulados. En principio, a los ministros López y Boggiano no les convence ese planteo porque, según pudo saber este diario, dudan sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que es el aplicable a este caso. La Carta Magna dice: “La Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso: pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”. “Este texto –dijo un allegado al alto tribunal– no contempla el caso de venta de armas a Ecuador y Croacia, al menos según lo que se desprende de lo que publican los diarios no habría ningún funcionario clave en problemas. Al menos dos ministros de la mayoría automática piensan que, así, la competencia no sería de la Corte. No quita que el expediente pueda llegar por otra vía (per saltum o apelaciones)”. Sin embargo, un juez de la minoría cortesana dijo intuir que, digan lo que digan, la votación final será cinco a cuatro a favor de la competencia de la Corte y que, entre la mayoría, estarán “los de siempre” (lo que incluye a López y Boggiano). Además, aclaró, primero habrá que pedirle un dictamen al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. Fuera de la Corte circulan más cuestionamientos a su intervención. Por ejemplo, el abogado Ricardo Monner Sans critica a Aguinsky por afirmar que la empresa croata que recibió el armamento está vinculada al Ministerio de Defensa de ese país, pero no tiene pruebas de cuán comprometido estaba el ministro, Goyko Susak. También dice que “Argentina recién reconoce a Croacia como país independiente desde 1992”. Y la venta de armas fue en 1991.
|
