Página/12

ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE DOCUMENTACION
Nueve mil kilos de PAMI

Accediendo al pedido de los fiscales, el juez Literas ordenó allanar el PAMI central e incautó la documentación de las gerenciadoras que participaron en la licitación.

Por Adriana Meyer

La sede central del PAMI fue allanada ayer por orden del juez federal Gustavo Literas, tal como solicitaron el viernes los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. El magistrado pidió que se secuestren todos los documentos relacionados con la oferta que hizo la empresa denunciante AMI, y de los otros oferentes: Siglo XXI, Plan Azul, Argentina Salud y Vida Salud. Fuentes judiciales consultadas por Página/12 aseguraron que el resultado del operativo que duró cuatro horas fue positivo, aunque recién hoy a partir de las ocho los efectivos de la División Jurídico-Contable de la Policía Federal podrán confeccionar los inventarios de la documentación, lo cual no se pudo hacer ayer por el corte de luz. En el sótano de Perú 169 quedaron secuestrados los 9 mil kilos de papeles en dos habitaciones fajadas y con custodia policial.
Tras la suspensión de la privatización a partir de dos resoluciones judiciales, Alderete dijo que los jubilados podían aprovechar el tiempo para informarse bien, pero ayer al mediodía este diario pudo comprobar que –al menos en la sede central– nadie fue atendido. Un cartel anunciaba que se habían suspendido las actividades a raíz de un corte de energía eléctrica. Esta cronista preguntó sobre el allanamiento. Dos amables recepcionistas explicaron casi al unísono que la inactividad se debía al corte energético. Pero apenas se quedaron solas no pudieron contener la risa. La orden había sido negar el procedimiento judicial, por lo cual hasta la oficina de prensa intentó –en vano– tapar el sol con las manos. Mientras tanto, los jubilados seguidores de Alderete tomaron varias sedes del PAMI en todo el país para protestar por los fallos adversos a la privatización. Los fiscales Comparatore y Evers impulsaron la denuncia presentada por Horacio García, presidente de Administración Médica Integral –AMI– contra el presidente del directorio de la obra social de los jubilados, Víctor Alderete, y los cuatro miembros del comité de calificación de las postulantes en la licitación: Carlos Santander, Néstor Vázquez, Luis González Montaner y Angel Villante. Se les imputan los delitos de falsificación de documento público, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. AMI sostiene que fueron adulterados los pliegos licitatorios y que se falseó la documentación que ellos habían presentado. García sostuvo que AMI fue descalificada mediante datos falsos que beneficiaron a las demás empresas.
Literas también le solicitó a este diario las notas publicadas por Susana Viau sobre el negocio que se tejió detrás de la privatización, le pidió a Alderete que remita en el plazo de 48 horas toda la información sobre los miembros del comité de selección y sus asesores, y requirió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo los antecedentes de los amparos allí tratados y la orden de suspensión del proceso licitatorio. Además pidió informes a la Auditoría General de la Nación. En su escrito los fiscales señalaron que se había descalificado a la empresa denunciante con una excusa infantil, exigiéndoles que certificaran que los profesionales presentados eran médicos, lo cual no era una exigencia del pliego de condiciones.

El Pony y los retornos

Antes de fin de mes, el presidente del directorio del PAMI, Víctor “Pony” Alderete, deberá prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto pago de “retornos” que habría realizado la empresa intermediaria Funeral Home a la obra social de los jubilados. El empresario Juan Pedro Mica fue filmado por una cámara oculta de Canal 13 reconociendo que pagaban coimas para explotar el servicio de sepelio. En diciembre fueron indagados Mica, Gonzalo Luaces, asesor legal del PAMI, Ramiro Porto, yerno de Alderete y operador principal de la presunta maniobra, y Domingo Petrecca, presidente de la comisión que elaboró el contrato. En su declaración, Mica dijo muy poco y pidió la nulidad del video que lo involucra. La medida fue apelada y ahora la Cámara debe decidir, para lo cual le ha pedido el expediente al magistrado. Apenas se lo devuelva se producirá la citación del funcionario amigo del presidente Carlos Menem. Fuentes judiciales afirmaron a Página/12 que falta una pericia contable, pero ya se evidencian las desprolijidades en esa contratación, aunque no se ha podido establecer aún la ruta del presunto dinero sucio. El dirigente de los jubilados y miembro del directorio Julio Liberman declaró días atrás como testigo y aportó pruebas.

Comenzó la información

Aunque imposibilitado para afiliar a los jubilados al nuevo plan de salud, el PAMI comenzó ayer a informar sobre la oferta de las tres redes que administrarán las prestaciones médicas destinadas a cuatro millones de beneficiarios. En los mostradores de los distritos, agencias y corresponsalías de la obra social, de seis de la mañana a nueve de la noche, se pusieron a disposición del público dos tipos de listados, uno con las clínicas y sanatorios de cada gerenciadora y otro con sus médicos de cabecera. El instituto también respondió consultas a través de su línea telefónica gratuita del PAMI Escucha.
A pesar del despliegue publicitario, no se vieron largas colas en ninguna de las oficinas del PAMI. Los pocos jubilados presentes en los distritos recorridos por este diario dijeron haber ido a averiguar a qué administradora pertenecía su médico de cabecera. Hubo repetidas quejas porque no se dieron copias de los listados a los afiliados y tampoco se permitió fotocopiarlos. Voceros del PAMI explicaron que recién después de que la Justicia levante la medida cautelar que prohibió comenzar con las inscripciones se darán las cartillas con los servicios de cada red.

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