Por Adriana Meyer
La sede
central del PAMI fue allanada ayer por orden del juez federal Gustavo Literas, tal como
solicitaron el viernes los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. El magistrado
pidió que se secuestren todos los documentos relacionados con la oferta que hizo la
empresa denunciante AMI, y de los otros oferentes: Siglo XXI, Plan Azul, Argentina Salud y
Vida Salud. Fuentes judiciales consultadas por Página/12 aseguraron que el resultado del
operativo que duró cuatro horas fue positivo, aunque recién hoy a partir de las ocho los
efectivos de la División Jurídico-Contable de la Policía Federal podrán confeccionar
los inventarios de la documentación, lo cual no se pudo hacer ayer por el corte de luz.
En el sótano de Perú 169 quedaron secuestrados los 9 mil kilos de papeles en dos
habitaciones fajadas y con custodia policial.
Tras la suspensión de la privatización a partir de dos resoluciones judiciales, Alderete
dijo que los jubilados podían aprovechar el tiempo para informarse bien, pero ayer al
mediodía este diario pudo comprobar que al menos en la sede central nadie fue
atendido. Un cartel anunciaba que se habían suspendido las actividades a raíz de un
corte de energía eléctrica. Esta cronista preguntó sobre el allanamiento. Dos amables
recepcionistas explicaron casi al unísono que la inactividad se debía al corte
energético. Pero apenas se quedaron solas no pudieron contener la risa. La orden había
sido negar el procedimiento judicial, por lo cual hasta la oficina de prensa intentó
en vano tapar el sol con las manos. Mientras tanto, los jubilados seguidores
de Alderete tomaron varias sedes del PAMI en todo el país para protestar por los fallos
adversos a la privatización. Los fiscales Comparatore y Evers impulsaron la denuncia
presentada por Horacio García, presidente de Administración Médica Integral
AMI contra el presidente del directorio de la obra social de los jubilados,
Víctor Alderete, y los cuatro miembros del comité de calificación de las postulantes en
la licitación: Carlos Santander, Néstor Vázquez, Luis González Montaner y Angel
Villante. Se les imputan los delitos de falsificación de documento público,
defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. AMI sostiene que
fueron adulterados los pliegos licitatorios y que se falseó la documentación que ellos
habían presentado. García sostuvo que AMI fue descalificada mediante datos falsos que
beneficiaron a las demás empresas.
Literas también le solicitó a este diario las notas publicadas por Susana Viau sobre el
negocio que se tejió detrás de la privatización, le pidió a Alderete que remita en el
plazo de 48 horas toda la información sobre los miembros del comité de selección y sus
asesores, y requirió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo los
antecedentes de los amparos allí tratados y la orden de suspensión del proceso
licitatorio. Además pidió informes a la Auditoría General de la Nación. En su escrito
los fiscales señalaron que se había descalificado a la empresa denunciante con una
excusa infantil, exigiéndoles que certificaran que los profesionales presentados eran
médicos, lo cual no era una exigencia del pliego de condiciones.
El Pony y los retornos Antes
de fin de mes, el presidente del directorio del PAMI, Víctor Pony Alderete,
deberá prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto pago de
retornos que habría realizado la empresa intermediaria Funeral Home a la obra
social de los jubilados. El empresario Juan Pedro Mica fue filmado por una cámara oculta
de Canal 13 reconociendo que pagaban coimas para explotar el servicio de sepelio. En
diciembre fueron indagados Mica, Gonzalo Luaces, asesor legal del PAMI, Ramiro Porto,
yerno de Alderete y operador principal de la presunta maniobra, y Domingo Petrecca,
presidente de la comisión que elaboró el contrato. En su declaración, Mica dijo muy
poco y pidió la nulidad del video que lo involucra. La medida fue apelada y ahora la
Cámara debe decidir, para lo cual le ha pedido el expediente al magistrado. Apenas se lo
devuelva se producirá la citación del funcionario amigo del presidente Carlos Menem.
Fuentes judiciales afirmaron a Página/12 que falta una pericia contable, pero ya se
evidencian las desprolijidades en esa contratación, aunque no se ha podido establecer
aún la ruta del presunto dinero sucio. El dirigente de los jubilados y miembro del
directorio Julio Liberman declaró días atrás como testigo y aportó pruebas.
Comenzó la información
Aunque imposibilitado para afiliar a los jubilados al nuevo plan de salud, el PAMI
comenzó ayer a informar sobre la oferta de las tres redes que administrarán las
prestaciones médicas destinadas a cuatro millones de beneficiarios. En los mostradores de
los distritos, agencias y corresponsalías de la obra social, de seis de la mañana a
nueve de la noche, se pusieron a disposición del público dos tipos de listados, uno con
las clínicas y sanatorios de cada gerenciadora y otro con sus médicos de cabecera. El
instituto también respondió consultas a través de su línea telefónica gratuita del
PAMI Escucha.
A pesar del despliegue publicitario, no se vieron largas colas en ninguna de las oficinas
del PAMI. Los pocos jubilados presentes en los distritos recorridos por este diario
dijeron haber ido a averiguar a qué administradora pertenecía su médico de cabecera.
Hubo repetidas quejas porque no se dieron copias de los listados a los afiliados y tampoco
se permitió fotocopiarlos. Voceros del PAMI explicaron que recién después de que la
Justicia levante la medida cautelar que prohibió comenzar con las inscripciones se darán
las cartillas con los servicios de cada red. |
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