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Por Victoria Guinzberg  Los hijos
del candidato presidencial de la Alianza, Antonio y Fernando de la Rúa (h.), fueron
declarados inocentes de haber utilizado sus influencias para aprobar materias de la
Facultad de Derecho sin presentarse a los exámenes. “Ninguno de los numerosos
testimonios colectados en las actuaciones pudieron siquiera generar en el suscripto la
duda de que las cosas no hubieran sucedido tal y como coincidentemente lo relatan”
los imputados, aseguró el juez federal Gustavo Literas a través de un fallo emitido
ayer. Literas, que también sobreseyó a otra alumna de la facultad y a seis profesores,
no consideró como elemento de prueba las grabaciones telefónicas que originaron la
denuncia, ya que se trató de escuchas ilegales. A fines de mayo del año pasado, el diario Perfil publicó el contenido de conversaciones telefónicas obtenidas ilegalmente en la casa del jefe de Gobierno porteño. Los diálogos entre los hijos del candidato presidencial de la Alianza, una compañera de la facultad y algunos profesores daban a entender que Antonio y Fernando de la Rúa (h.) habían aprobado materias de la carrera de Derecho sin presentarse a la mesa examinadora, utilizando sus influencias como hijos del jefe de Gobierno porteño. Los casetes con las charlas telefónicas fueron presentados por los periodistas ante el juez Alberto Baños, quien tenía a su cargo una investigación sobre escuchas ilegales en la casa de Fernando de la Rúa. Baños agregó la nueva denuncia a esa causa y consideró que otro juez debía investigar las irregularidades que se habrían producido en la facultad. Este caso lo tomó el juez Ricardo Farías, pero pasó al fuero federal a pedido de la defensa de los De la Rúa y a pesar de que la fiscal de lacausa estaba en contra. Los artículos periodísticos también ocasionaron un sumario administrativo en la facultad. “Tras la compulsa de los libros de actas pudo determinarse que los alumnos en cuestión se anotaron y aprobaron las materias cuestionadas por los medios de prensa y la fiscalía”, aseguró Literas, que sobreseyó a los profesores Héctor Ramón Silva, Marcos Muñiz, P.D.S., Marcelo Folchi, Roberto Pérez Enrri y Abel Marino de haber falsificado las actas de la Facultad de Derecho; y a Fernando y Antonio De la Rúa y Marcela Eijó de encubrir estos actos. “Ninguno de los numerosos testimonios colectados en las presentes actuaciones ni los que se recepcionaron en el marco de la investigación administrativa dispuesta por el decano de la Facultad de Derecho pudieron generar en el suscripto la duda de que las cosas no hubieran sucedido tal y como lo relatan” los imputados, afirmó Literas. Los hijos del candidato aliancista sostuvieron haber rendido conforme a los reglamentos y estatutos de la facultad. El juez excluyó las escuchas ilegales como prueba porque, afirmó, “las conversaciones registradas no resultan elementos de convicción susceptibles de incorporación como medios de prueba válidos porque sin aval de la autoridad competente se habría violado la intimidad y privacidad de las personas cuyas conversaciones telefónicas fueron recogidas”. Sin embargo, Literas rescató el trabajo de los periodistas porque la investigación sobre los hijos del jefe de Gobierno había empezado antes de que el casete con las pinchaduras llegara a la redacción. El juez destacó que “la presentación efectuada por los periodistas del diario Perfil posee el valor suficiente para constituir el acto inicial de la instrucción” y consideró que quienes hicieron la presentación cumplieron con su labor profesional denunciando “una posible infracción a las disposiciones legales”.
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