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Por Adriana Meyer  Los diputados de la
Alianza estudian la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el juez Marcelo
Aguinsky por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato,
es decir, por haber dictado una resolución contraria a la ley, al desprenderse de la
investigación por el presunto contrabando de armas a Croacia y remitirlo a la Corte
Suprema de Justicia, ante la posibilidad de que pueda estar involucrado un funcionario de
ese país. Nilda Garré, Horacio Viqueira, Melchor Cruchaga, Alfredo Bravo y Juan Manuel
Casella harían lo mismo respecto del fiscal Roberto Leanza. El procurador Nicolás
Becerra recibió ayer a tres de estos legisladores opositores y les aseguró que él es
ajeno a la jugada que intenta el Gobierno. Por su parte, los fiscales Carlos Stornelli y
Martín López Perrando denunciaron al juez Marcelo Aguinsky también por prevaricato.
Según ellos, la resolución del magistrado habría sido el “primer eslabón” de
una “maniobra”. Los denunciantes sostienen que Aguinsky “no habría adoptado las diligencias mínimas para determinar la autenticidad del texto sobre el que fundamenta su decisión”. El magistrado cuestionado postuló la competencia del supremo tribunal en base a una nota publicada por el diario La Nación, en la que se destacaba que la venta ilegal de armas se había efectuado de gobierno a gobierno, entre Croacia y Argentina. Stornelli y López Perrando mencionan una presunta maniobra tendiente a enviar a la Corte Suprema los expedientes vinculados a este escándalo. “La decisión adoptada por el magistrado podría enmarcarse en el primer eslabón utilizado para consumarla, o bien resultaría el fundamento mediante el cual se estructuraría la maniobra (...). Quiénes son los responsables de esta maniobra, quiénes la han urdido y quiénes la han ejecutado son los interrogantes que intentamos develar mediante la instrucción de un sumario que permita aclararlo”, escribieron los fiscales en el escrito de la denuncia. La jueza María Servini de Cubría deberá investigar la denuncia penal, pero en caso de tener un grado mínimo de sospecha para citar a Aguinsky a una declaración indagatoria, deberá previamente solicitar su juzgamiento al Consejo de la Magistratura para que sea apartado de su cargo. La decisión del magistrado del fuero penal económico mereció el lunes un pedido de juicio político por parte del abogado, Ricardo Monner Sans, denunciante en el principal expediente que tramita en el juzgado de Jorge Urso. La diputada Garré, junto a Viqueira y Bravo, se entrevistó ayer con el procurador Becerra, quien le aseguró que no le dio ninguna instrucción específica a Leanza y que no conoce el expediente en cuestión. (El funcionario puso especial énfasis en destacar que nunca lo hace sobre ningún tema.) Pero lo que más valoraron los legisladores es la afirmación de Becerra en cuanto a que, si la Corte Suprema le pide un dictamen, se expedirá sobre esa causa y no pedirá las otras. Garré afirmó a Página/12 que “esta situación tiene una enorme gravedad que amerita el pedido de juicio político, pero hoy nos reuniremos para analizar de manera profunda las posibles medidas que tomaremos”. Stornelli salió ayer al cruce de las declaraciones del presidente Carlos Menem, quien había dicho que la venta ilegal de armas “es un invento”. El fiscal declaró por Radio Mitre que la causa en la que él interviene tiene “un respaldo probatorio importantísimo que no tomó estado público”. Y por la FM Radiocentro Bar dijo que “es probable” que cite a declarar al presidente Carlos Menem, aunque aclaró que el primer mandatario ya realizó una presentación por escrito en calidad de testigo. Si bien no quiso adelantarse, tampoco descartó esa posibilidad. Ayer Stornelli amplió la imputación contra el canciller Guido Di Tella, al acusarlo de falsedad ideológica, a partir de las declaraciones de los embajadores Carlos Barttfeld, Arturo Osorio Arana y Miguel Espeche Gil, quienes en su momento le enviaron cables alertando sobre las maniobras con la venta de armas aCroacia, Ecuador y Liberia respectivamente. Hasta ahora Di Tella estaba imputado por ocultamiento de pruebas y por poner en riesgo al país.
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