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Por Pablo Ferreira  “Los grandes bancos
del país se dedican a abusar de sus clientes”, según evaluó la Secretaría de
Industria y Comercio, al dar a conocer ayer un listado de dieciocho entidades señaladas
por manejar contratos de adhesión que en su opinión perjudican a los usuarios. Las
cláusulas objetadas perjudicarían a los usuarios de tarjetas de crédito, tomadores de
créditos personales e hipotecarios y usuarios de cajas de seguridad y cajeros
automáticos, entre otros casos detectados. El Gobierno puso en el banquillo de los acusados, además de algunos bancos menores, a la casi totalidad de las entidades ubicadas en la cúspide del sistema financiero, desde bancos oficiales como el Nación hasta el Galicia, el Citibank y el Río. En Industria aseguran que los bancos serán sancionados y que deberán modificar las cláusulas de los contratos. El misil del secretario Alieto Guadagni fue interpretado por los propios banqueros como una represalia por haber conseguido el veto de la ley de tarjetas de crédito. Y por las reticencias que tienen de incorporarse a los nuevos Tribunales Arbitrales de Consumo. “Estamos ante un tema explosivo”, destacó a Página/12 Hugo Polverini, titular de la Dirección Nacional de Comercio Interior. Esa dependencia, responsable del informe, puso en la mira a los banqueros el año pasado. El funcionario definió como abusivas las cláusulas que “castigan al usuario trasladándole la responsabilidad que es de los bancos o que impiden sus reclamos y, al mismo tiempo, que le dan excesivas libertades al que vende el servicio”. Entre las prácticas más habituales que Comercio Interior definió como abusivas figuran la modificación unilateral por parte de los bancos de las condiciones previamente pactadas y la indeterminación de gastos administrativos y de los intereses que los usuarios deben pagar. También objetó “la decisión del banco de asignarle al contrato el carácter de título ejecutivo cuando no corresponde, como a los resúmenes de tarjeta de crédito”, o “la facultad que se atribuyen de cobrar deudas aún no vencidas como si fueran de plazo vencido”. Y la de cobrar en determinadas circunstancias la totalidad del saldo de tarjeta aunque haya financiamiento. Entre otras, aparecen, además, la compensación de saldos de diferentes cuentas de sus clientes y la pretensión de eximirse de responsabilidad en materia de cajas de seguridad y en la operatoria de los cajeros automáticos. De los diez principales bancos líderes en depósitos, el único que no figura imputado es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que no presentó todavía la documentación requerida amparándose en el Pacto de San José de Flores. De hecho el Banco Nación, primero en depósitos, y el Ciudad de Buenos Aires, ranqueado décimo entre los más grandes, no quedaron fuera de la arremetida de Industria. El resto de los que se ubican en la cima del sistema son: el Francés, en manos del los españoles del Banco Bilbao Vizcaya, los estadounidenses Citibank y Boston, el Río del español Santander, el Roberts de los ingleses del HSBC y la Banca Nazionale del Lavoro. Además figuran, apenas un escalón más abajo en el ranking, el Quilmes manejado por el Scotia Bank, el Credicoop y el Bansud. La lista se completa con el Lloyds, el del Buen Ayre (comprado por el Itaú), el Liniers Sudamericano (Deutsche), el Itaú y el Sáenz. “Siempre estamos dispuestos a revisar las cláusulas”, apuntó Carlos Heller, gerente general del Credicoop, uno de las entidades señaladas por Comercio y que figura entre los que consintieron en discutir eventuales modificaciones en sus contratos. “Muchas de las cláusulas cuestionadas surgen de normativas del Banco Central o son de cumplimiento imposible”, explicó el directivo. Heller ejemplificó con los casos del corte en el uso de las tarjetas cuando se exceden los límites de gastos o al cierre de las cuentas corrientes frente al libramiento de cheques sin fondos. Funcionarios del Citibank se asombraron ante este diario de no haber recibido oficialmente la comunicación. Sus abogados señalaron que ya hicieron el descargo ante el Gobierno, y que en caso de corresponder adecuarán las cláusulas de sus contratos. Ahora Comercio está requiriendo a otra 14 entidades bancarias sus contratos de adhesión con el fin de analizarlos y determinar si los mismos contienen también cláusulas que puedan considerarse abusivas. “El sentido común dice que si hay 18 bancos grandes que lo están haciendo no sería raro que los medianos también lo estén haciendo”, disparó ayer Guadagni.
FRAGA NETO SE DEFIENDE DE LOS ATAQUES DE
KRUGMAN
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