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Por Susana Viau  Roberto Willis,
propietario de Siglo XXI, una de las tres administradoras calificadas en la turbulenta
licitación de PAMI, fue hasta fines del año pasado mano derecha de Víctor Alderete en
el instituto, con el cargo de “Representante Coordinador de la Presidencia”.
Desde antes de comenzar el proceso licitatorio, entre los viejos empleados de planta y los
prestadores tradicionales se consideraba que dos nombres serían “número
puesto” por contar con el apadrinamiento del hombre que rige los destinos de la obra
social con facultades discrecionales: Argentina Salud y Siglo XXI eran las llamadas a
triunfar en la puja. El pronóstico se cumplió, con el agregado de Azul S. A. y la
descalificación de AMI. Los sucesivos amparos interpuestos por la ombudswoman Alicia Oliveira por una jubilada y la denuncia penal presentada por AMI acrecentaron las dudas y las sospechas. Alderete negó mantener vínculos personales con los titulares de las sociedades seleccionadas para administrar casi mil millones de pesos anuales del presupuesto de PAMI. La tarjeta con el escudo nacional, la consignación del cargo y el número del teléfono celular del que todavía es titular Roberto Willis parecerían demostrar que la memoria no es una de las virtudes del fogoso Víctor Adrián Alderete. Pese a su audacia y a su temperamento batallador, Alderete, aseguran, habría comenzado a entrever que en la política y en los negocios no se puede confundir la realidad con los deseos y lo que prometía concretarse sin interferencias encontró muchas en el camino. El primer sinsabor lo sufrió cuando la Justicia en lo contencioso administrativo hizo lugar al amparo de Oliveira; el dispositivo legal puesto en marcha a solicitud de una de las afiliadas a la obra social volvió a serle adverso. Finalmente, el juez federal Gustavo Literas, en cuyo juzgado recayó la denuncia del presidente de AMI Horacio García, patrocinado por el estudio de Ricardo Gil Lavedra, ordenó el allanamiento a la sede del instituto en procura de los documentos producidos por el comité evaluador. La denuncia estaba dirigida contra los integrantes de la junta de calificación y el directorio del instituto. Literas lacró las cajas, dio vista a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación y designó media docena de contadores para revisar el trabajo de los cinco integrantes de la comisión, entre quienes se cuentan Eduardo Zanoni, abogado del presidente Carlos Menem en su juicio de divorcio, y Carlos Santander, riojano, miembro del directorio de PAMI y número uno de la comisión calificadora. Lo cierto es que todos aseguran que la entrega de la gerenciación de los servicios médicos de PAMI a administradoras privadas era un negocio descomunal para una sola empresa: 12 millones mensuales, 150 anuales y 750 en los cinco años de duración del contrato. Pero una sola empresa ganadora en una de las últimas grandes operaciones de la administración menemista no resultaba prolijo. Debían ser dos: con dos el negocio espectacular pasaba a ser un gran negocio. “Tres es un negocio a secas”, dijo a este diario un funcionario de Gobierno. AMI, se sostiene, no había entrado en los cálculos, y mucho menos Azul. Pero ésta tenía una carta brava: al grupo que formaban Benito Roggio, un fuerte prestador de Rosario y el Hospital Privado de Mar del Plata, se había agregado el Banco de La Rioja, privatizado y vendido al ultramenemista Elías Saad. El éxito de las otras dos se había dado por descontado. Argentina Salud enrolaba a Norberto Larroca, un técnico radiólogo siempre ligado a las sucesivas administraciones de PAMI y presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios (FECLIBA, entidad poderosa en el interior de la provincia), los establecimientos relacionados con Medicis, gerenciadora del conurbano próxima al gastronómico Luis Barrionuevo y, por lo que ahora se ve, los improbables hospitales públicos de la capital. Siglo XXI tenía una configuración parecida: parte de las clínicas adscriptas a FECLIBA y a Medicis; Néstor Jaimovich, importante prestador de Córdoba; los grandes sanatorios de capital (Metropolitano, Antártida,Greyton y San Patricio) y Roberto Willis por la Red Correntina de Salud. Los menos avisados no entendían del todo por qué Willis formaba parte del comité ejecutivo de la red. Al fin y al cabo, Corrientes nunca había sido un bastión del PAMI, al menos nunca con la importancia numérica y política de Córdoba o Rosario. Tampoco estaba muy claro cómo había llegado Willis a Corrientes puesto que su origen se reconocía en una empresa de tomografía computada de la zona de Palermo, en la capital. Es que Willis, por sobre todo, era la persona que había actuado en nombre de Alderete en todas las reuniones mantenidas con los grupos que aspiraban a administrar el cincuenta por ciento de la cuantiosa caja de PAMI. Pero Willis no era un delegado informal: cumplía la función de Representante Coordinador de la Presidencia, tal como lo identificaba su tarjeta. Una tarjeta oficial que no retaceaba y en la que, cuando se ponía a disposición, anotaba el número de su celular. El mismo cuyo contestador respondía anoche a las llamadas de este diario con un “apagado o fuera del área de cobertura”.
UNA CAMPAÑA CONTRA LA OMBUDSMAN ALICIA
OLIVEIRA
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