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Por Adriana Meyer ![]() Los Tribunales Federales de Retiro serán rodeados hoy una vez más por vallas y policías. Por miedo a ser blanco de un nuevo atentado, como el que sufrió hace tres años, Bergés pidió un operativo especial de seguridad que será implementado por la delegación Avellaneda de la Policía Federal. Las medidas adoptadas son similares a las que se desplegaron el año pasado cuando la jueza María Servini de Cubría lo citó como damnificado del ataque que se autoadjudicó la Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP. La parte querellante, integrada por los abogados de seis Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini y David Baigún, pidió a Bagnasco que cite a prestar declaración a dos médicos militares y un civil. Además de Bergés, el 21 deberá presentarse en igual condición el jefe de ginecología del Hospital Militar, Julio Caserotto. Y también podría ser convocado el director del Hospital Municipal de Quilmes durante la dictadura, Roberto Iriarte, quien habría ordenado borrar del registro de dicho establecimiento el nombre del niño de la parturienta secuestrada Isabella Valenzi, que fue trasladada por Bergés desde el centro clandestino Pozo de Banfield a ese hospital. Para los letrados que impulsan esta investigación, es irrelevante la distinción entre los médicos que teníanestado militar y los que no investían tal condición porque es la naturaleza de la función médica lo que determina la responsabilidad. Según el CELS, este comisario de la Policía Bonaerense, que actuó bajo las órdenes del general Ramón Camps, participaba en las torturas, como en el caso de Jacobo Timerman. En 1987 fue condenado por la Cámara Federal a seis años de prisión por ser autor de cuatro aplicaciones de tormentos. En ese momento se jactó de ser el Mengele argentino. Fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. En mayo del año pasado estuvo detenido por falso testimonio en el juicio oral por la apropiación del hijo de los desaparecidos uruguayos Julio César DElia Pallares y Yolanda Ghelpi, pero la Cámara Federal de San Martín consideró que el delito estaba prescripto. |