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REPORTAJE A VICTOR ALDERETE, TITULAR DEL PAMI
“Siempre gané bien, no puedo cobrar la mínima”

Reconoce que fue funcionario de la dictadura y no se arrepiente. También que percibe por eso una jubilación de 1200 pesos mensuales. Y “felicita” a un ex asesor suyo que es dueño de una gerenciadora que ganó una licitación del PAMI.

Carteles: “¿Que quién paga los afiches
de la campaña contra la Defensoría? Pregúnteselo a los jubilados.
¿Por qué a mí?”

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Por Laura Vales

t.gif (862 bytes) Víctor Alderete dice que no tiene por qué arrepentirse de haber sido asesor de la dictadura. Ni motivos para ocultar que goza de una jubilación, que según él no es de privilegio, por esos servicios. Desde una de las oficinas de la Secretaría de la Tercera Edad, el presidente del PAMI acusó a los diputados de la oposición de frenar la licitación de los servicios médicos de la obra social con argumentos infundados, a los medios de escuchar “sólo a las 20 personas que protestan cada miércoles frente al Congreso”, y respaldó a los jubilados que encabezan una guerra sucia contra la Defensoría del Pueblo porteña con afiches que advierten que “el comunismo quiere apoderarse” del instituto.
Página/12 publicó en su edición del miércoles los vínculos del interventor con Roberto Willis, uno de los titulares de la administradora Siglo XXI con el título “Alderete toma todo”. “Son afirmaciones que no me preocupan”, alegó Alderete. “Yo estoy en los temas de fondo. Esas denuncias vienen a veces de la oposición, o de algún medio. Pero nada de lo que se dijo es cierto.”
–Sin embargo, usted sostuvo que no tenía vínculos personales con ninguno de los titulares de las administradoras. Los tiene con Roberto Willis, uno de los titulares de Siglo XXI.
–Después de 30 años de actuar en salud, pretender que yo no conozca a la gente sería dejar afuera de cada contratación a todos. Cuando me referí a que no tengo vínculos personales quise decir que no soy socio, que no tengo un interés económico con ninguno.
–Willis participó en nombre del PAMI de las reuniones con los grupos que compitieron en la licitación, y ahora integra Siglo XXI.
–Fue un asesor que intervino en el PAMI y nosotros aprovechamos sus conocimientos. Se fue en noviembre del año pasado por propia decisión y ahora participa en una de las redes. Lo felicito a él y a la administradora que lo tiene, porque es un profesional de primera línea. Pero nunca fue mi mano derecha, ni parte de mi staff. PAMI contrató a mucha gente.
–¿Niega que Willis haya participado en esas reuniones?
–Jamás fue a una reunión en representación del PAMI. Es absolutamente falso.
–Comprenderá que Página/12 consultó a testigos que estuvieron con él mientras actuaba en nombre del Instituto.
–No sé quién les dijo eso. El nunca representó a la presidencia del PAMI en reunión alguna. Y si se atribuyó esa representación fue falsa.
–Usted también fue denunciado como socio de Néstor Jaimovich, que ahora integra Siglo XXI.
–Jamás fue así.
–Figura en un expediente judicial.
–Es una falsa denuncia, como todos los disparates que dice (el diputado radical Eduardo) Santín. Es algo que dijo un presunto damnificado en un acuerdo con el PAMI. Jaimovich nunca fue mi socio en Diagnos, sino prestador, como muchos otros. El tema tampoco pasa porque Willis haya trabajado en el PAMI; estuvo como tantos otros y se fue. Eso no lo inhabilita.
–¿Ni legalmente ni desde el punto de vista ético?
–No tengo tal cuestionamiento ético porque no corresponde. Estoy cansado de que se quiera cuestionar éticamente una gestión que le ha salvado la vida al PAMI. Son argumentos para parar lo que debemos hacer para que la obra social no muera. Yo hubiera querido el apoyo de los medios para terminar con lo antiético como lo hicimos nosotros. La corrupción estructural en el Instituto se terminó. Lo que queda son ataques de los que quieren volver a esa corrupción sistemática. Nos molestan, nos hacen perder el tiempo a nosotros y a los jubilados. Los medios siguen escuchando a las 20 personas que se reúnen cada miércoles enel Congreso y no representan a nadie. ¿Por qué Página/12 no les da la misma difusión a los que defienden el nuevo plan de salud?
–¿Le parece poco que un ex funcionario del PAMI sea juez y parte en una licitación de 1000 millones de dólares por año?
–No es juez ni parte. No tuvo ninguna decisión en el PAMI, y tiene el derecho como cualquier argentino de ejercer el comercio lícitamente. Más importante fue la manifestación de los jubilados que pidieron en la Legislatura que se expulse a la defensora del pueblo porteña.
–Evidentemente usted los conoce.
–Claro, son los 500 auditores del PAMI. Son representantes auténticos de los jubilados, elegidos por ellos.
–Y cobran un sueldo del PAMI.
–Cobran viáticos para poder desplazarse y hacer su trabajo.
–¿Está de acuerdo con la campaña por la destitución de Alicia Oliveira?
–Es un tema de los jubilados, pero creo que Oliveira cometió un error y está causando un gravísimo daño al PAMI.
–¿Qué me dice sobre el grupo que manifestó frente a la Defensoría del Pueblo porteña cuando se frenó la licitación? Muchos fueron traídos de Córdoba en avión y alojados en un hotel céntrico.
–Es un disparate. Los auditores del PAMI son representantes directos de los jubilados, elegidos por ellos. Por supuesto que cuando vienen a Buenos Aires algunos viajan en avión porque vienen a cumplir con su trabajo. No les pagamos el pasaje para que vengan a protestar, sino para que cumplan con su deber de auditor. Pero como además de trabajar para el PAMI son jubilados, le fueron a decir a la defensora que la termine, que deje de dañar al PAMI. No son esclavos.
–¿Entendí mal o usted admite que en esa protesta hubo auditores del PAMI con pasajes pagados por el Instituto?
–Cuando vienen a Buenos Aires lo hacen con viáticos pagados. No vamos a pretender que los que controlan se paguen su propio pasaje.
–Vinieron a protestar contra la defensora usando fondos del PAMI.
–Vinieron a cumplir con su trabajo de auditores; si después quisieron protestar es un problema de ellos.
–Usted no ignora las sospechas que existen sobre que los grupos que han manifestado en favor del nuevo plan están vinculados con su directorio.
–Es una caza de brujas. Hace dos años que están en eso.
–¿Quiénes?
–Muchos medios. No todos, por supuesto. No se dan cuenta de que no van a poder tapar con un poncho el cielo y los jubilados van a elegir.
–¿Quién paga los afiches de la campaña contra la Defensoría?
–Pregúnteselo a los jubilados ¿Por qué a mí?.
–Porque ninguno gana lo suficiente para solventar semejante despliegue publicitario.
–¿Le preguntó a Carlos Imizcoz quién paga las camionetas cuando pasa música los miércoles en el Congreso?
–¿Quién cree que lo hace?
–No sé.
–Todavía no respondió la pregunta. ¿De dónde cree que salen los fondos para los carteles contra la Defensoría?
–No lo sé, le repito que tiene que preguntárselo a los jubilados. Pero a todos, porque hay que hacer valer el concepto ético para todo el mundo por igual.
–Usted cobra una jubilación de privilegio. ¿Proviene de sus funciones como asesor de la dictadura?
–Es el resultado de haber trabajado por más de 25 años. Fui empleado de tribunales, profesor, docente, estuve en la gerencia de prepagas y además de todo esto durante dos años fui asesor de la Presidencia.
–¿De qué gobierno?
–Del gobierno militar. ¿Por qué lo voy a negar, si es cierto?
–¿Cuánto cobra como jubilado estatal?
–Mil doscientos pesos.
–Un monto envidiable.
–Yo no puedo tener la mínima, porque mis sueldos siempre fueron importantes. Cumplí funciones hasta como gerente general de empresas, tuve cargos muy importantes. Y no tengo por qué ocultarlo.
–¿Cuántos años trabajó en el Estado para cobrar esta jubilación?
–¿No sabe que los años de aportes de suman?
–Claro, lo que pregunto es cuántos años estuvo en el Estado.
–Yo empecé a trabajar desde los 18 años, y tengo 66. Cuando fui profesor trabajé en el Estado, cuando fui asesor de la Presidencia trabajé en el Estado. Tengo toda una vida de trabajo. No tengo vergüenza de decir estas cosas.
–¿Se arrepiente de haber sido asesor de la dictadura?
–Siempre defendí todos los derechos humanos, los de todos. Lo mío habrá servido para que se hicieran las cosas un poco mejor.
–¿Cuál era su función?
–Fui asesor técnico, en temas referentes a la seguridad social y a los convenios internacionales. No tengo nada que ver con lo condenable del gobierno militar.
–Es difícil comprender de qué forma pudo defender los derechos humanos siendo asesor de una dictadura.
–Yo los he defendido siempre. Y a los ojos de los ataques que recibo, veo que sigue siendo difícil defender la decencia.
–¿Va a aceptar el fallo que declaró la nulidad de las indemnizaciones a las nuevas redes en caso de rescisión de los contratos?
–Voy a aceptar la decisión de la Justicia, pero estoy decidido a apelar lo que considere necesario para defender lo que me parece correcto.
–O sea que va a apelar la medida.
–Sí. Los pliegos de la licitación son excelentes.
–¿No cree que haciéndolo está defendiendo los intereses de los grupos privados?
–Si se anulan las indemnizaciones, mañana alguna de las compañías podría retirarse. Además, si en algún momento los contratos se rescindieran con motivo fundado, no se pagará un peso. Pero si no aparecen causas para rescindir, ¿por qué habríamos de hacerlo y pagar la indemnización? ¿Porque se me antoje?
–Se ha señalado que frente a la implementación de métodos control que no hoy no figuran en los pliegos, las redes podrían rescindir el contrato y reclamar ese resarcimiento.
–Están todos los controles necesarios. El control es una perfección. Ese no es el problema. ¿No será que cuando venga otro gobierno va a querer cambiar los contratos, uniendo al PAMI a la suerte de los partidos políticos?
–Hay otra forma de plantearlo. Esta indemnización asegura a las gerenciadoras su permanencia hasta el 2004, y condiciona las gestiones futuras.
–Yo también lo planteo al revés: ¿qué tiene que ver el PAMI con la política?
–Ha sido, históricamente, la caja de recaudación del partido gobernante.
–Con nosotros no. Y si fue así, ocurrió con todos los gobiernos.
–Los denunciantes plantean que las redes van a recibir ganancias desde el primer día, por lo que fijarles una indemnización es un regalo innecesario.
–La bancada opositora es como la gata flora, porque todo esto que estamos haciendo ahora me lo pidieron ellos: querían que no adjudique en forma directa, que llame a concurso, que los jubilados participen. Ahora que hacemos lo que ellos querían me piden que me quede donde estábamos. Los denunciantes plantean cualquier cosa sin ton ni son. Las compañías tienen que tener ganancias.
–A su criterio no es abusivo que se lleven el 15 por ciento de lo que cobren por cada cápita.
–Si después de pagar todos sus gastos les queda un 5 por ciento limpio es porque son magos. Y ahora vamos al disparate: los diputados sostienen que hay un 5 por ciento de gastos administrativos que son en realidad una ganancia, porque esa tarea la hace el PAMI. Cuando la hacíamos, yo pagaba 400 millones de dólares de más por año. Si vuelvo al viejo sistema, como algunos diputados que no saben nada proponen, vamos a gastar otra vez esos 400 millones. Si no pongo las redes el PAMI se funde. Además, hay cuatro millones de jubilados que quieren elegir.
–¿De dónde sacó esa certeza?
–Lo sé por los jubilados. Por el Consejo General de la Tercera Edad, donde están representados las federaciones y más de tres mil centros de jubilados. Son por lo menos tres millones. Además recorro el país, y si fuera cierto que soy un chorro me tirarían piedras. En cambio los únicos que tiran piedras son esos veinte que van al Congreso.
–Los médicos de cabecera denuncian que los listados que está difundiendo el PAMI son truchos.
–Los médicos de cabecera son solamente los de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De los que están trabajando en relación de dependencia con el PAMI quedan 300. Vamos a suponer que todos estuvieran en huelga: no pasa nada. Yo creo que ni el presidente de la federación está en paro.
–El secretario general de Appamia no sólo está en huelga, sino que denunció haber sido incluido en una de las redes sin haber firmado contrato.
–Habrá que ver; puede haber un error en un listado. Pero su agrupación no existe: hay 11 mil médicos, y ellos son sólo 300. Si hay 50 médicos mal anotados, yo no le puedo decir que no. Son once mil en total.
–De la Rúa está evaluando la posibilidad de que los hospitales municipales no firmen contrato con ninguna de las tres redes seleccionadas.
–Al PAMI le da lo mismo, esto no perjudica la licitación. De todas maneras, no entiendo a qué viene este cambio. Me pregunto si los convenios que firmó el radicalismo dejan de valer cuando el Frepaso se enoja. ¿Es tal el poder que tienen sobre la UCR? Trabajando con las gerenciadoras, los centros municipales se aseguraban un ingreso de unos 20 millones de dólares anuales. Si firman directamente con el PAMI no recibirán esas cápitas. Tendrán que hacer el débito y cobrar como cualquier otro hospital.
–La licitación está cuestionada; ¿quién va a responder por ese gasto si la Justicia la anula?
–Tendrán que hacerlo los que impidieron que el PAMI ponga en práctica sus redes. Nosotros actuamos ajustados a derecho. Además, confío en la Justicia.
–¿El presidente Menem lo sigue apoyando?
–Totalmente. Menem quiere al pueblo argentino, y no ignora lo que desean cuatro millones de personas. Los que están en contra, se oponen a esos cuatro millones. Carlos Menem respalda a los jubilados. Y yo estoy sirviendo a lo que él apoya.

 

OTRAS DOS DECISIONES JUDICIALES CONTRA EL PAMI
Más escollos para las gerenciadoras

Por Susana Viau

t.gif (862 bytes) El presidente de PAMI, Carlos Alderete, sufrió dos nuevos reveses a manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo. El primero fue el dictamen emitido el miércoles denegando la solicitud de fijar una contracautela a la ombudsman Alicia Oliveira por los trastornos que pueda originar la suspensión de la afiliación a las redes. La segunda, emitida ayer, fue aún más contundente: determinó la continuidad de la medida cautelar puesto que, según entienden los camaristas, el programa de información presentado por las autoridades de PAMI es deficiente y no cumple con las obligaciones fijadas por ese tribunal de alzada.
Los abogados que representan a Alderete habían pedido que la Cámara exigiera a la defensora una caución real, basados, dijeron, en los perjuicios que causaba a los beneficiarios la suspensión de la inscripción de los jubilados en las redes, es decir, en las tres gerenciadoras que hasta el momento aparecen como ganadoras de la licitación. La respuesta de los magistrados Alejandro Uslenghi, Luis César Otero y Pedro José Coviello recordó al rechazar la solicitud que la ley autorizaba a Oliveira a intervenir en la cuestión y su pedido de amparo se encontraba dentro de las facultades que esta le confería.
Los letrados del titular de PAMI habían requerido al tribunal, asimismo, que levantara la medida cautelar que frena el trámite de inscripción en las administradoras. Esta vez la respuesta del tribunal entusiasmó a los representantes de la defensoría, quienes opinaron que con su resolución “la Justicia toma el control del proceso”. Es que en el texto, los jueces recordaron a Alderete que su propuesta no contiene aún precisiones sobre el mecanismo de control de pagos, así como sobre las faltas y el régimen de aplicación de sanciones. La resolución señala que tampoco se ha suministrado el listado completo de prestadores y se mantienen los errores advertidos en la resolución original. El tribunal superior vuelve así a apuntar a los pliegos de la licitación, en realidad al corazón mismo de la operación. Alderete, con su peculiar desenfado había respondido a los diputados aliancistas Elisa Carrió y Eduardo Santín que las exigencias a las que las administradoras debían someterse estaban fuera de toda duda puesto que los “pliegos los hicieron cuatro estudios, dos peronistas y dos radicales”. Los cálculos de Alderete no eran del todo exactos, pero se refería a los bufetes de Alberto García Lema, Alberto Bianchi (ex socio este último de Rodolfo Barra) y Héctor Masnata, los tres justicialistas, y al de Ricardo Entelman, un hombre del radicalismo.

 

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