|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Javier Lorca y Cecilia Sosa  La UBA no podrá jubilar
a sus profesores mayores de 65 años, al menos por ahora. La Justicia federal hizo lugar
ayer a una medida de no innovar solicitada por el docente de Sociología Rubén Dri y
ordenó a la universidad porteña y a la Facultad de Ciencias Sociales que se abstengan de
ejecutar la baja de los docentes que alcanzan la edad jubilatoria. El fallo dictado por la
jueza Clara Do Pico llegó un día después de que el rector y los decanos de la UBA
firmaran una solicitada en defensa del artículo 51 del Estatuto Universitario, donde se
establece que no se puede ejercer la docencia después de cumplir 65 años. De ahora en
más, se iniciará un juicio para determinar si la norma es constitucional o no. En caso
de ser declarada inconstitucional, la UBA se verá obligada a convocar una Asamblea
Universitaria y reformar su Estatuto. Mientras empiezan a correr las 48 horas de plazo que
la universidad tiene para apelar el fallo, la Justicia se expediría hoy sobre las
denuncias presentadas por otros dos profesores de Ciencias Sociales. “Recibí la noticia con mucha alegría. Tenía temor pero también cierta confianza”, dijo Dri a Página/12. “Este es un triunfo total, un golazo de media cancha –festejó el abogado Manuel Gaggero, representante de los docentes–. El rector y los decanos se van a agarrar la cabeza. La jueza resolvió sobre el caso particular de Dri pero, en la práctica, la medida se hace extensiva a todos los docentes de la universidad”, explicó. El recurso de amparo elevado por Dri –al igual que los presentados por Juan Carlos Marín y Máximo Simpson– argumentaba que el controvertido artículo 51 del Estatuto es “discriminatorio y se contradice con el artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza la estabilidad del empleo y establece que la jubilación es un derecho”, recordó Gaggero. “Ningún profesor puede quedar afuera simplemente por tener más de 65 años. Esto carece de fundamentos académicos”, reclamó Dri. Ante las consultas de este diario, desde el Rectorado se optó por guardar silencio hasta que llegue la notificación oficial del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8. Por su lado, el decano de Ciencias Sociales, Fortunato Mallimaci, se limitó a declarar: “Todo lo que la Justicia resuelva habrá que acatarlo”. Pese al hermetismo de las autoridades académicas, un miembro del Consejo Superior, el decano de Odontología, Máximo Giglio, adelantó: “La universidad seguramente va a apelar la decisión. Tenemos suficiente jurisprudencia como para demostrar que el artículo en cuestión no es discriminatorio”. La notificación formal del fallo arribará hoy a las manos del rector Oscar Shuberoff y a las del decano Mallimaci. Y otra copia se enviará al Consejo Superior. La decisión judicial se produjo cuando la plana mayor de la UBA está abocada a discutir cómo modificará la resolución tomada por el Consejo Superior el 25 de noviembre pasado –anticipada entonces por Página/12–, cuando se decidió dar de baja a todos los mayores de 65 y estipular que sólo podrán ser recontratados ad honorem o con salarios mínimos. Antes de conocerse la determinación de la Justicia, la continuidad de Rubén Dri y otros profesores ya había ganado impulso cuando el decano Mallimaci propuso al consejo directivo de la facultad la recontratación de 14 de los 32 docentes mayores de 65 que enseñan en Ciencias Sociales. La comisión de enseñanza elevó al consejo un dictamen para que se nombre a cinco profesores eméritos (Juan Carlos Portantiero, Floreal Forni, Mario Margulis, Enrique Marí y Ruth Sautú), tres consultos (el propio Dri, Joaquín Fischerman y Julio Testa) y para que se recontrate a León Rozitchner, Enrique Oteiza, Juan Carlos Marín, Máximo Simpson y Darío Canton. Pese a esta iniciativa, en el Departamento de Sociología –donde ejerce la mayoría de ellos– persiste el malestar porque no se propuso la reincorporación de todos los mayores. Entre quienes quedarían cesantesfiguran Celia Guevara –la hermana de Ernesto “Che” Guevara–, Antonio Cirigliano, Hugo Calello y muchos otros. “La salida que propusieron es bastante trucha. Deja a muchos afuera sin ningún criterio académico”, opinó Dri. “Elegir a algunos sí y a otros no, es un nuevo acto de discriminación”, protestó el secretario académico de la carrera, Flavián Nievas. “La gente que yo propuse es la que tiene méritos académicos suficientes”, se defendió Mallimaci. La comisión de enseñanza también solicitó al consejo directivo de Sociales que exija al Consejo Superior de la UBA la derogación de la resolución promulgada en noviembre del ‘98 y la convocatoria a una Asamblea Universitaria para reformar el artículo 51 del Estatuto. El próximo miércoles el consejo deberá votar sobre estas propuestas.
|
