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 Los
organismos de derechos humanos emitirán la semana próxima una declaración conjunta en
la cual les pedirán a las Fuerzas Armadas que se pronuncien sobre el problema de la
destrucción u ocultamiento de documentación sobre delitos de lesa humanidad. Página/12
tuvo acceso a una síntesis de las preguntas formuladas por las Abuelas de Plaza de Mayo,
el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las Madres de Plaza de
Mayo (Línea Fundadora), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio
de Paz y Justicia. Todos coincidieron en denunciar las “notorias amenazas” que
se ciernen sobre las causas que involucran a los uniformados: “las exigencias de
impunidad de los imputados, la presión corporativa del pacto de silencio y la ausencia de
un Alto Tribunal dotado de la independencia necesaria para hacer justicia con los
poderosos”.Los representantes de las agrupaciones mencionadas consideran que estos procesos corresponden a un “estado de conciencia de la opinión pública nacional e internacional, y, entre ellos, ocupan un espacio central las causas por sustracción de menores”. Tras evaluar que la prisión preventiva que el juez Adolfo Bagnasco ha dictado contra los altos responsables del terrorismo de Estado fue una “respuesta ética para la sociedad”, expresaron que ese fallo demuestra un rechazo a la impunidad y significa “una expresión más de ideales ampliamente compartidos”. Las preguntas a las Fuerzas Armadas se refieren a cuatro temas: las Actas de la Junta Militar, la documentación sobre operaciones militares antisubversivas, los archivos de desaparecidos del Ministerio del Interior y los documentos de la Operación Cóndor. Y están divididas entre “cuestiones de principio” y “cuestiones de hecho”. Estas últimas abarcan situaciones concretas para las cuales puede considerarse necesaria una comprobación de circunstancias. Estos son algunos de esos interrogantes:  ¿Pueden las
Fuerzas Armadas de un estado de Derecho destruir o desinteresarse de la conservación de
originales o copias certificadas de documentos de la máxima jerarquía política, como
son las actas de las resoluciones de altos órganos de gobierno que han integrado y de
cuya gestión pueden resultar responsabilidades propias? ¿Dónde están
los originales o copias certificadas de las actas de la Junta Militar cuya tenencia
reconocían las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en octubre de 1987? ¿Qué
medidas se han adoptado luego de las respuestas negativas sobre su existencia
–cursadas a los jueces federales Guglielmino y Bagnasco en 1994 y 1998,
respectivamente- para determinar su ubicación y/o disponer su reconstrucción? ¿Puede el jefe
de Estado Mayor del Ejército (general Francisco Gassino, en junio de 1989) afirmar que su
fuerza es ajena a la destrucción de documentación administrativa sobre personas
desaparecidas existente en el Ministerio del Interior, si un organismo de inteligencia de
su dependencia la microfilmó antes de destruir sus originales, sin dejarse constancia por
acta? ¿Puede
considerarse ajena a la fuerza Ejército la destrucción del archivo de desaparecidos del
Ministerio del Interior, si las órdenes respectivas fueron impartidas siendo militares de
alta graduación los entonces presidente de la República, ministro del Interior y jefe
del Departamento de Seguridad Interior de ese ministerio? ¿Ha efectuado
el Ejército alguna gestión para intentar hallar –si no los tuviere en su propio
ámbito– documentos sobre la llamada Operación Cóndor, que según informaciones de
pública notoriedad se encuentran archivados en el Departamento de Estado de Estados
Unidos y bajo custodia de la Corte Suprema del Paraguay, según el caso?
DECLARACION DEL MEDICO BERGES ANTE BAGNASCO Por Adriana Meyer
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