|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Eduardo Febbro desde París  Lo que había sido
anunciado y analizado como el “juicio del siglo” en el cual, por primera vez en
la historia, tres ex ministros iban a ser juzgados por su responsabilidad en la
distribución de sangre contaminada con el virus del sida se fue convirtiendo con el
correr de los días en lo que la prensa francesa llama la gran mascarada. “Detengan
la comedia”, tituló el diario popular Le Journal du Dimanche en referencia a las
extrañas condiciones en que se desarrolla un proceso a cargo de la Corte de Justicia de
la República y cuyos tres, y únicos, protagonistas son el ex primer ministro socialista
Laurent Fabius, la ex ministra de Salud del mismo partido, Georgina Dufoix, y el también
socialista ex secretario de Estado de Salud Edmond Hervé. Unicos protagonistas porque en
este juicio sólo los miembros de la Corte y los acusados tienen “derechos”: las
víctimas de la sangre contaminada y los familiares de los sobrevivientes carecen de voz y
voto en las audiencias. Sus testimonios sólo pueden ser escuchados como relatos y no como
parte de la acusación.En suma, por más pruebas que aporten contra los responsables políticos de la distribución de la sangre contaminada, sus documentos y alegatos están exentos de todo valor. Más aún, tras una semana de debates, el martes pasado los abogados de las víctimas vieron rechazada su demanda de constituirse como partes civiles ante la Corte de Justicia de la República. De esta forma, sin el peso de una acusación reconocida por la ley, las partes querellantes no cuentan con recursos y sólo aparecen como meros figurantes. El juicio que se inició el pasado 9 de febrero había sido considerado como único en la historia. No sólo era la primera vez que se podía llevar ante los jueces a altos responsables políticos sino que, luego de innumerables polémicas y procesos a los dirigentes de los centros de transfusión sanguínea, se podría comprender el porqué del atraso con que, entre 1985 y 1986, los ministros implicados reaccionaron con tanta “lentitud” en la adopción de un dispositivo capaz de “limpiar” la sangre en circulación. Las víctimas acusan concretamente a los ministros concernidos de haber “demorado voluntariamente” el empleo de un test de la sangre fabricado por los laboratorios norteamericanos Abbot a fin de beneficiar el producto elaborado por el francés Instituto Pasteur. Esta demora provocó la contaminación con el sida de unas cuatro mil personas, de las cuales más de 1500 fallecieron hasta hoy. Las incongruencias del proceso se suman diariamente. Uno de los testigos claves del caso, el consejero del secretario de Estado de Salud para las transfusiones, negó prestar su testimonio porque, dijo, ya fue interrogado en otro de los capítulos del escándalo. Las víctimas llegaron incluso a pedir la destitución del presidente de la Corte de Justicia de la República, Christian Le Gunehec, por haber dado sobradas muestras de que ignoraba las sutilezas, la profundidad y los detalles del proceso que tenía a su cargo. Le Gunehec parecía incapaz de asumir la dirección de los debates a un punto tal que, la semana pasada, cuando se iniciaron las audiencias del ex primer ministro Laurent Fabius, fue este quien dirigió el debate, convirtiéndose así y al mismo tiempo en presidente de la Corte, abogado defensor y acusado. Los testimonios de los funcionarios son sin embargo de una precisión abrumadora sobre las incoherencias entre el mundo político y los sectores administrativos. Jacques Roux, ex director general de Salud Pública y ex presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció que hubo una ausencia real de una “estrategia de urgencia” ante el sida y admitió la demora de unos “15” días en lautilización del producto de los laboratorios Abbot para evitar que en el mercado haya “un test hegemónico”. “Homicidio involuntario” y “daños involuntarios a la integridad física de las personas” son los dos cargos que pesan sobre los ex tres ministros socialistas. Pero dadas las condiciones del juicio y el estatuto particular de la Corte de Justicia de la República, que deja en la sombra el testimonio de los querellantes, las víctimas y sus abogados tienen escasas esperanzas de que los hombres políticos paguen los errores cometidos, las tardanzas sospechosas y los silencios ministeriales. Tanto más cuanto este proceso es sólo uno en la larga lista de juicios por venir: consejeros ministeriales, médicos, miembros de la alta administración esperan su turno.
RECLAMO EN EE.UU. PARA LEGALIZAR JUGUETES
EROTICOS
|
