Página/12

TRAS CINCO DIAS DE APAGON, EL GOBIERNO AMENAZA CON RESCINDIR EL CONTRATO
El poder de las tinieblas

Preocupado por el efecto político del corte de luz, Carlos Menem ordenó que el Gobierno aparezca duro frente a Edesur. Hubo una intimación a que se restablezca el servicio. La empresa ya no habla de plazos para el regreso de la luz.

Por la mañana, la empresa Edesur comunicó que habría explicaciones a lo largo del día.

Por Carlos Rodríguez

Como si sus reacciones hubieran sido afectadas por el prolongado corte de luz, el Gobierno nacional recién ayer –en el quinto día de oscuridad– comenzó a mover el engranaje burocrático tendiente a poner en jaque a la firma Edesur. Con ese estilo opositor al que suele apelar en situaciones límite, el vicepresidente Carlos Ruckauf le apuntó a la empresa: “Edesur ha demostrado que no está en condiciones de brindar un servicio esencial”, dijo en la Casa de Gobierno, donde se realizó una minirreunión de gabinete convocada para analizar el caos que reina en Buenos Aires. Ruckauf propició “el cese de la concesión”, pero el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, sólo amenazó con aplicar las “sanciones de mayor rigor” que permita la ley. Horas después se puso en marcha el proceso legal, previsto en el contrato, que podría llevar a la rescisión: Edesur fue intimada a reestablecer el servicio en la zona afectada “antes de las veinticuatro horas” de ayer, algo imposible de cumplir. El segundo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Alberto Devoto, admitió que a pesar de la andanada verbal: “Se está muy lejos de la rescisión”.
La firma Edesur, cuya sede central permaneció cerrada, fue allanada por la Justicia, y terminó como blanco de las manifestaciones –ver página 6-, dijo que el número de afectados bajó “de 55.000 a 48.000”, anunció que había donado a Defensa Civil 760 mil litros de agua mineral para que las víctimas del corte empujen el mal trago y habló de “expertos provenientes de empresas especializadas locales y extranjeras” que trabajan para solucionar el grave problema. Eso sí, a diferencia de comunicados anteriores, ni siquiera aventuró cuándo podría quedar superada la gravísima emergencia. Anoche, más de 200 mil personas continuaban a oscuras por quinta jornada consecutiva.
El secretario de Energía, César Mac Karthy, sostuvo –luego de la reunión de gabinete– que el Gobierno piensa llegar “hasta las últimas consecuencias” en la sanción contra Edesur y negó que las autoridades nacionales hayan tenido una “reacción tardía”. Sin embargo, recién ayer, a sugerencia del minigabinete, el secretario de Energía pidió al ENRE que intime a la empresa. En una conferencia de prensa realizada el martes, Mac Karthy prometió que el mecanismo iba a ser accionado “de inmediato”.
Devoto, por su parte, reiteró que para poder rescindir el contrato es necesario que, en el término de un año, el Estado le aplique a Edesur multas equivalentes al 20 por ciento del total de utilidades anuales, que llegan a los 1000 millones de pesos. Hasta ahora “estaríamos en multas de 3,1 millones de pesos y esa suma está muy lejos de la rescisión”. El diputado radical Rodolfo Terragno (ver aparte) advirtió sobre los “apresuramientos” que podrían derivar, en el futuro, en una demanda de Edesur al Estado reclamando “una indemnización fenomenal”.
El encuentro de ministros y secretarios de Estado en la Casa Rosada intentó mostrar ante la sociedad que el Ejecutivo se pondrá al frente de la emergencia mediante un operativo de asistencia a los perjudicados por apagón. El presidente Carlos Menem no quiere que el proceso privatizador, que suele enarbolar como uno los éxitos de su gestión, se le vuelva en contra. “No podemos seguir creyendo en las promesas de la empresa”, argumentaron los voceros del gobierno. Menem tiene fresca en su memoria la secuencia de apagones que precedieron a la salida anticipada del entonces presidente Raúl Alfonsín.
En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista que lidera Humberto Roggero citó a los directivos de Edesur y a los responsables del Enre para que el martes, a las 17, expliquen las razones del apagón. También solicitará que la Auditoría General de la Nación determine si la empresa de servicio eléctrico cumplió en tiempo y forma con el plan de inversiones que exigían los pliegos de la privatización. Los diputados quieren que la Auditoría también investigue al Enre, sospechado de no cumplir debidamente su tarea de control. Como la cosa estaba abierta para todos, el gobernador Eduardo Duhalde pidió “medidas muy fuertes” contra Edesur y hasta habló de una posible “intervención” de la empresa, aunque el giro careció de eco entre las autoridades nacionales. Tampoco se privó el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que analice las conductas de los responsables de Edesur porque “su conducta es investigable como cualquier conducta administrativa” al ser responsable “de un servicio público esencial”.
Según Becerra, la Fiscalía “debe abocarse de inmediato a la investigación y denunciar ante la Justicia competente los hechos que sean considerados delitos que correspondan a los cortes de servicio de energía eléctrica en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano”. Juan Pablo Baylac, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, también habló de “delito”.
“El hecho ocurrido en la subestación de Edesur, no fue un accidente sino un acto de inconsciencia e irresponsabilidad”, sostuvo el diputado de la Alianza, quien reclamó al Enre que investigue si es verdad que la empresa utilizó “material fatigado o usado” en la dependencia que se incendió. Para el legislador “las empresas y los concesionarios de los servicios públicos tienen la obligación de brindar el servicio con calidad a tasas justas y razonables, pero si su ineficiencia las pone cerca del delito, deben indemnizar al usuario y abandonar dicha concesión”.

RODOLFO TERRAGNO EXPLICA LA POSTURA DE LA ALIANZA
“La reprivatización, una vía”

Por C. R.

El diputado radical Rodolfo Terragno, ex ministro de Obras y Servicios Públicos y el hombre elegido por la Alianza para sentar posición sobre el apagón, propició la intervención de una “comisión investigadora independiente, totalmente separada de la empresa Edesur” para “investigar a fondo” las verdaderas causas del corte de luz. Terragno sostuvo que antes de hablar de rescisión del contrato “hay que probar muy bien que están dadas las condiciones para hacerlo”, porque “acá se cometió el error de otorgar una concesión monopólica por el término de 95 años”. Después puede pasar que “la empresa le haga juicio al Estado y lo obligue a pagar una indemnización fenomenal por los beneficios no obtenidos”. Edesur tiene todavía 87 años de concesión por delante, con una recaudación anual estimada en el orden de los 900 millones de pesos anuales.
De todos modos, Terragno opinó que “es factible” que el Estado pueda estar en condiciones de aplicar los artículos 14, 15 y 37 del contrato, que prevén la posibilidad de “llamar a concurso para la reprivatización de la empresa, vendiendo las acciones que el Estado tiene en garantía, pero antes las multas por falta de servicio deben superar el 20 por ciento de la ganancia anual y debe probarse que hubo negligencia de la empresa”.
–¿Qué debería probar la comisión investigadora independiente?
–Primero, establecer si fue un accidente. Y si lo fue, determinar si era previsible. Habría que investigar si la empresa tenía capacidad excedente para enfrentar una emergencia. Determinar también cuáles eran las inversiones que debía realizar y si las hizo. Hay que saber si tenía el staff técnico necesario y adecuado, en cantidad y en calidad. Es preciso saber si había un plan de contingencia y si en la emergencia se siguieron los lineamientos de ese plan.
–¿Cómo analiza la actuación del Ente de Regulación Eléctrica (ENRE)?
–El ENRE dice que no puede intervenir antes, que tiene que hacerlo una vez que se produce el problema. No es verdad. La ley de concesión dice que el ENRE tiene que dictar los requisitos técnicos a los que debe adecuarse el sistema y también implementar los procedimientos para actuar frente a una emergencia.
–¿Usted cree que hubo negligencia de la empresa?
–Eso es lo que hay que determinar. Hasta ahora Edesur no ha dado ninguna explicación, pero todo hace suponer que el mutismo se debe a que afronta una situación que no le es favorable.
–El Gobierno amenaza con quitarle la concesión.
–Sí, dice que si la empresa es culpable le van a quitar la concesión, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando se ha cometido el error tan grave de haber otorgado una concesión monopólica a una empresa por el término de 95 años, con un mercado cautivo que le garantiza una ganancia anual millonaria, cualquier decisión apresurada que se tome es grave.
–¿No hay salida entonces?
–Sí, la hay, y está prevista en el contrato. Allí se dice que las acciones de la empresa deberán prendarse y entregarse al Estado, que se convierte en tenedor de las mismas como garantía de cumplimiento de lo acordado. Eso está expresado en los artículos 14, 15 y 37 del contrato. De producirse un problema en el servicio, como es el caso actual, esas acciones en poder del Estado pueden salir a la venta pública, mediante un llamado a concurso, para producir la reprivatización de la empresa. Para llegar a esa situación tienen que haberse establecido multas por fallas en el servicio que lleguen al 20 por ciento de la recaudación anual. O probar que hubo otras irregularidades, realizando una investigación a fondo.

ALLANAMIENTO EN EDESUR Y EL ENRE
Las pruebas del desastre

Por A. M.

La jueza federal María Servini de Cubría allanó ayer durante ocho horas las oficinas centrales de la empresa Edesur, la subestación Azopardo –cuyo incendio originó el prolongado apagón que hace cinco días mantiene sin energía eléctrica a más de 200 mil porteños– y las oficinas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La magistrada se hizo presente a media tarde en el lugar del siniestro para frenar los peritajes que ya estaban realizando allí los funcionarios del ENRE.
“La jueza fue, vio que estaba parada sobre la pericia y paró las tareas porque queremos que se hagan juntamente con el personal designado por el juzgado”, explicó a Página/12 una fuente judicial. La medida había sido solicitada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien vio afectada su labor profesional por la falta de energía y pidió a la Justicia que se investigue a la empresa y a las autoridades que la controlan. Este denunciante había expresado que “resulta imprescindible el secuestro de todos los contratos firmados por el Estado nacional con Edesur S.A., los comprobantes del control que haya ejercido el Estado, y los elementos que demuestren las inversiones realizadas por la firma”. “El allanamiento fue positivo, se secuestró gran cantidad de documentación, sobre todo en la sede de Edesur en la calle San José”, aseguró la fuente.

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