Página/12

La Justicia investiga a Alderete por una denuncia de “Página/12”

El juez Literas quiere conocer la relación entre Alderete y un ex asesor suyo que comanda una empresa que ganó la licitación.

Pesquisa: Verificarán las comunicaciones mantenidas por teléfono celular entre Alderete, los miembros de la comisión calificadora y el titular de Siglo XXI.

Víctor Alderete, interventor del PAMI, tuvo una mala semana.
Debió frenar la licitación y ahora está investigado por la Justicia.

Por Susana Viau

El fiscal federal Patricio Evers solicitó al juez Gustavo Literas que se libren oficios a las empresas de telefonía celular para conocer las comunicaciones mantenidas en el último año y medio por el presidente de PAMI, Víctor Alderete, los miembros de la comisión calificadora y el titular de Siglo XXI, Roberto Willis. El representante del ministerio público pidió, asimismo, que se corrobore si Willis se desempeñó “como funcionario y/o asesor” de Alderete. Las medidas pedidas por Evers responden a las informaciones publicadas por Página/12 en su edición del miércoles y que revelaban que Roberto Willis, propietario de una las administradoras elegidas por la obra social para gerenciar parte de la atención médica, se había desempeñado como “representante coordinador de la Presidencia” de PAMI, es decir, asesor principal de Alderete. El dato fue ratificado por el propio Alderete en el curso de una entrevista realizada ayer por este diario. El juez Literas autorizó las medidas y libró un oficio compulsivo para que PAMI entregue en el plazo de 24 horas el legajo de Willis, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en desobediencia.
Evers, fiscal adjunto a cargo de la fiscalía federal 5ª, cuyo titular es Horacio Comparatore, solicitó que se certifique si cuatro de los cinco miembros de la comisión evaluadora de las empresas que se presentaron a la licitación –Carlos Santander, Néstor Vázquez, Luis González Montaner y Angel Villante (el quinto, Eduardo Zanoni, fue excluido de la denuncia penal formulada por PAMI ya que éste dijo no haber participado en el estudio de los aspectos técnicos)– tienen teléfonos celulares y en tal caso se “remita el listado de las llamadas entrantes y salientes de los últimos 18 meses”. La medida se extiende a Víctor Alderete y a Roberto Willis. En cuanto a Willis, requirió que “por intermedio de la División Jurídico Contable de la Policía Federal se constate si Roberto F. Willis se desempeñó como funcionario y/o asesor del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, autorizándose a los preventores a constituirse en la sede de la institución, revisar los legajos de personal y recibir declaraciones testimoniales a quienes puedan aportar datos a la investigación”.
Este diario reprodujo el miércoles la tarjeta con el escudo nacional con la que Willis se presentaba como asesor de Alderete y en la que estaba anotado de puño y letra el número de su teléfono celular. Alderete ratificó el dato y se mostró satisfecho de que Siglo XXI hubiera captado a su colaborador. Algo que, dijo, hablaba de la eficacia de Willis. Con todo, no es ésta la única sombra que se proyecta sobre las empresas ganadoras. El diputado radical Eduardo Santín, durante un debate televisivo le reprochó a Alderete, con dureza: “Usted es socio de Jaimovich”. Aludía a Néstor Jaimovich, importante prestador de Córdoba y directivo de Argentina Salud, otra de las administradoras triunfantes en la selección. Al parecer, en el Juzgado federal 3, a cargo de Carlos Liporaci, existiría una causa caratulada “D.G.I. c/ Diagnos y Mediplane”. De acuerdo con la versión, tanto en el directorio de Diagnos como en el de Mediplane figurarían Alderete y Jaimovich como integrantes del directorio.
La tercera de las firmas calificadas para administrar PAMI, Plan Azul, contaría con el padrinazgo de un director de PAMI, el riojano Carlos Santander, a quien Carlos Menem no logró colocar al frente del proceso de reconversión de las obras sociales por la abierta oposición del Banco Mundial, que le negó idoneidad para la tarea. Santander aspira a luchar por la Gobernación de su provincia y una de las piezas que componen la sociedad Plan Azul es el Banco de La Rioja, privatizado en favor del ultramenemista Elías Saad. Lo cierto es que, jaqueado por la Justicia, Alderete ve peligrar su proyecto de privatización de PAMI. Pero el singular presidente de la mayor obra social de América latina no se da por vencido con facilidad. Se rumorea que, para el martes, ha comenzado a organizar su aparato de jubilados para una marcha de respaldo a sus planes que se realizaría el martes.

NUEVO FALLO QUE ORDENA SUSPENDER LA LICITACION
Llegó otro juez y mandó parar

Un nuevo fallo judicial ordenó al PAMI suspender la licitación de sus servicios médicos. Tras advertir sobre la falta de información de los ju- bilados sobre el nuevo plan de salud, el juez federal en lo Contencioso Administrativo Osvaldo Guglielmino pidió a la obra social que le remita el programa que brindará a los bene- ficiarios para poder ejercer su derecho de opción y dispuso que el período de libre elección de los afiliados “no podrá comenzar sin que, previamente, se haya agotado un plazo razonable y adecuado” para que los beneficiarios del PAMI puedan elegir a conciencia entre las tres redes que ganaron la compul-sa. De esta manera el juez adhi- rió a los argumentos de la Cámara Federal, que el pasado miércoles 10 frenó la puesta en marcha del sistema apenas una hora después de que se fir- maran los contratos con Siglo XXI, Argentina Salud y Plan Azul.
La medida cautelar responde a una presentación realizada por los diputados del Frepaso María América González, Alfredo Villalba y Elsa Combes. Los legisladores también habían solicitado que se declare la nulidad de la licitación “porque se opone al espíritu de la ley de creación del PAMI”, explicó Villalba. El argumento de fondo de los denunciantes es que la obra social se fundó con el propósito de regular en forma directa el mercado de salud. En cambio, las tres redes que integran el cuestionado plan “son simples intermediarias entre el Instituto y las clínicas y médicos que atenderán a los jubilados”. En su demanda, los denunciantes plantearon que el PAMI está cediendo “sus obligaciones a varias sociedades comerciales” y critican que parte de los fondos se destinen al lucro de estas administradoras.
Esta es la tercera sentencia que prohíbe comenzar con la afiliación de los jubilados a las administradoras de salud. Los abogados del PAMI apelaron los fallos anteriores; la Cámara Federal rechazó el jueves uno de esos pedidos para que se deje sin efecto la suspensión. En su resolución, los camaristas señalaron que el Instituto no informó en detalle “cuál es el alcance de las prestaciones obligatorias” y tampoco se demostró “que se haya hecho saber de modo adecuado las prestaciones excluidas”.

ROBARON TRES VECES LOS SUELDOS
Un intendente acusado

La Municipalidad de un pueblo de Jujuy sufrió en los últimos años tres robos de los sueldos del personal. Eso, de por sí, sería bastante grave. Pero hay más. Vecinos y un sindicato local aseguran que “los atracos habrían sido orquestados intencionalmente, por los propios funcionarios de la comuna”. Y le piden juicio político al intendente local.
Los habitantes de El Talar, localidad distante unos 150 kilómetros al sureste de la capital de Jujuy, y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Seom) denunciaron al intendente Carlos Quiles (PJ) y elevaron a la Legislatura un pedido de juicio político.
Los denunciantes afirman que “durante la gestión de Quiles en El Talar, el municipio sufrió en los últimos tres años, tres robos de fondos públicos, destinados al pago de los haberes de los empleados”. El presidente del bloque de legisladores radicales, Gerardo Morales, reclamó además que “el gobierno provincial tome cartas en el asunto e intervenga la Municipalidad para destrabar el conflicto que puede derivar de un momento a otro en una compleja convulsión social”.

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