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 El aumento
de 200 a 300 pesos del salario mínimo, vital y móvil motivó un nuevo enfrentamiento
entre Antonio Erman González y Roque Fernández. “Digamos que es una diferencia de
enfoques sobre un mismo problema”, fue la interpretación, entre diplomática e
irónica, del ministro de Trabajo. La CGT viene reclamando que se ajuste el salario
mínimo, congelado desde agosto de 1993, para forzar a los empleadores a realizar mayores
aportes a las obras sociales sindicales y a la seguridad social. El jefe del Palacio de
Hacienda descartó el martes pasado otorgar ese incremento, aduciendo que generaría más
desempleo.“Reconozcamos que en la práctica ese salario no existe”, retrucó ayer González, en referencia al haber mínimo legal de 200 pesos, pero “en algunos casos las empresas calculan las cargas sociales y previsionales en base a ese sueldo, y abonan en forma irregular salarios mayores”, agregó. Por lo tanto, el titular de la cartera laboral sostuvo que el aumento resultará ventajoso para el Estado “porque se pasaría a tributar por un nivel superior”. El tema dio lugar a un nuevo choque entre González y Fernández, pero sirvió para que el presidente de la Unión Industrial, Alberto Alvarez Gaiani, tendiera otro puente de reconciliación hacia el titular de Economía. La semana pasada, la central fabril emitió un crítico comunicado acusando a Roque de tener “una ceguera alarmante” en el manejo de la crisis brasileña, declaración que respondió a críticas anteriores del ministro hacia los industriales. Sin embargo, esta semana Alvarez Gaiani le bajó el tono al conflicto. Y ayer, cuando se le preguntó por la suba del salario mínimo, se opuso apelando a los mismos argumentos del ministro. “La CGT debería bregar en este momento por mantener las fuentes de trabajo”, recomendó Alvarez Gaiani. “Hasta ahora no tenemos ninguna invitación oficial del Ministerio de Trabajo para tratar este tema, pero es el momento más inoportuno para hacerlo”, añadió. En la cartera laboral aclararon que, pese a la oposición de Economía, pueden convocar al Consejo del Salario Mínimo, puesto que de ese cuerpo no participa ningún funcionario del Palacio de Hacienda, sino que está integrado por 16 representantes empresarios, igual número de dirigentes sindicales, y presidido por el secretario de Trabajo, José Uriburu. González afirmó que la ley establece que el haber mínimo “debe ser suficiente para atender los requerimientos básicos que tiene todo trabajador en materia de alimentación, vestido, vivienda y educación para los hijos”. El último estudio del Indec, de 1997, calcula en 1008 pesos lo que necesita una familia tipo en el Gran Buenos Aires para satisfacer esas necesidades, mientras que el promedio de todo el país es de 864 pesos. Más que el tema del salario mínimo, a la UIA le preocupa en este momento la evolución de las importaciones brasileñas. El vicepresidente de la entidad, Osvaldo Rial, puso en duda los datos que la Secretaría de Industria presentó anteayer sobre las compras al país vecino. De ese informe surge que las importaciones desde el mayor socio del Mercosur cayeron en la primera quincena de febrero un 25 por ciento, aunque los despachos de algunos productos –como sábanas y toallas– crecieron hasta un 70 por ciento. “Hace dos semanas Guadagni nos dijo que en la segunda mitad de enero las compras a Brasil aumentaron en promedio un 54 por ciento, y ahora asegura que en febrero bajaron 25 puntos”, comentó. “Estoy desconcertado, porque las cifras provienen de la misma fuente”, indicó. La cúpula de UIA viajará mañana a Rio de Janeiro para reunirse con la Confederación Nacional de la Industria brasileña, en busca de un acuerdo para que los productores del país vecino limiten voluntariamente sus ventas a Argentina.
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