Por Martín Granovsky
 El apagón provocó en
los ciudadanos una postura casi unánime: el 92 por ciento es partidario de revisar los
contratos de privatización firmados por el Estado con las empresas de servicios
públicos, y sólo el 5 por ciento por ciento mantendría las cláusulas como ahora. Es el
dato más abrumador de una encuesta exclusiva para Página/12 realizada ayer. Otra clave
ilustrativa del estado de ánimo es la respuesta que coloca por igual al Gobierno y a
Edesur como principales responsables del corte más largo de los tiempos modernos.
La encuesta fue realizada por Catterberg y Asociados, según la ficha técnica que se
incluye aparte en esta misma página. Después de recoger los datos y procesarlos, el
sociólogo Eduardo Fidanza, encargado del sondeo, comentó a Página/12 que los
consultados demostraron muchas ganas de responder, en contraste con otros estudios de
opinión pública en los que la reticencia suele ser mayor.
Es muy clara la percepción sobre las causas del apagón que configuró la semana negra de
Buenos Aires. Para el 71 por ciento no caben dudas de que el problema es “la falta de
mantenimiento e inversión”. Esta vez, además, quedaron de lado dos estereotipos del
porteño promedio, que a menudo atribuye las catástrofes a los planes conspirativos o a
la fatalidad. Sólo 10 de cada 100 consultados culparon a un “daño
intencional”. Sólo nueve consideraron que se trató de un accidente.
El gobierno nacional sólo apareció como responsable principal del apagón para el 19 por
ciento, una cifra inferior al 30 por ciento que recogió Edesur. Sin embargo, cualquier
brillo de alegría para el Ejecutivo debiera oscurecerse ante este otro dato: casi la
mitad de los encuestados, un 47 por ciento, señaló la responsabilidad de “ambos por
igual”. La respuesta podría estar inaugurando una tendencia a fiscalizar tanto al
Estado como a los grupos privados cuando se juegue la suerte de un servicio público. La
pregunta futura es si en otras áreas se reproduce el mismo tipo de actitudes que
despierta un hecho tan contundente y de características de catástrofe urbana como un
apagón prolongado y profundo.
Otra respuesta puede contribuir a imaginarse un anticipo de la clase de discusión que
formará parte de la agenda social y política para los próximos tiempos. Sólo el 14 por
ciento opina que a Edesur habría que quitarle la concesión para que el Estado volviera a
administrar la distribución de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. Si esto es
cierto para otros campos, quiere decir que las privatizaciones en sí mismas no han sido
puestas bajo la crítica feroz de los ciudadanos. Puede deberse al cambio de clima
ideológico de los últimos diez años, o quizás a un simple ejercicio de realismo por
parte de los consultados, pero lo cierto es que la mayoría prefirió respuestas menos
ideológicas y más prácticas, aunque no menos cargadas de efectos concretos. El 33 por
ciento dijo que habría que quitarle la concesión y llamar a una nueva licitación. La
primera minoría entre las contestaciones (un 47 por ciento) se dirigió a la formulación
“mantener a la empresa con un control más estricto”. En términos financieros
significaría que Edesur deberá hacerse cargo de los juicios por daños, del costo
político de sus errores y del costo económico de sus arreglos. También podría
significar que la empresa quedará en el futuro suficientemente marcada como para que
cualquier actitud de transparencia escasa, cualquier información escondida, resulte
sospechosa. Y el hecho de que los encuestados hayan marcado antes el “ambos por
igual” en la misma proporción (un idéntico 47 por ciento) permitiría prever que el
costo político no dejará inmune al gobierno nacional. Esta percepción explicaría por
qué, aunque muy tarde, porque ya habían pasado cinco días de apagones, el Gobierno
eligió el viernes mostrarse enérgico ante Edesur. O por qué, aunque igual de tarde, el
secretario de Energía, César Mac Karthy, dijo anoche que “es decisión del Gobierno
aplicar la máxima severidad en este caso”. Que no está en juego, al menos por
ahora, el concepto de la privatización en sí mismo es que la mayoría de los encuestados
no tiene una visión unánimemente apocalíptica de lo que ocurrirá con otras empresas de
servicios públicos que pasaron a manos de particulares.
El 40 por ciento opina que el de Edesur es un caso aislado.
El 49 por ciento dice que “empezarán a suceder problemas”.
Como la última proporción es, también, socialmente elevada, puede crecer la tendencia a
que el control de los servicios pase a figurar en el centro de la agenda política de
aquí a las elecciones de octubre, junto a temas más cantados como el desempleo y la
corrupción.
¿En qué medida el corte afectará la imagen personal de Carlos Menem? ¿Cómo influirá
en el desempeño de los candidatos del Partido Justicialista? ¿Quedarán igualmente
desgastados? ¿El desgaste será capitalizado por la Alianza o la indignación alcanzará
a toda la clase política? Otra encuesta deberá encontrar respuestas para estas
preguntas, antes de la gran consulta de las elecciones presidenciales. Pero parece sensato
pronosticar que el tema del control de los servicios públicos ha llegado para quedarse,
que quien imagine una estrategia de control ganará consenso social y que el sentimiento
es tan profundo que ahora puede afectar a Menem, pero mañana servirá para medir a
cualquiera.
18.000 prendieron la luz 30.000 prenderán
velas
Edesur informó que la luz volvió
a 18.000 hogares. Pero es en condición precaria. Hay otros 30.000 que esperan sin
saber hasta cuándo. Puede haber cortes rotativos a partir de hoy. |
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Una
buena y una mala noticia para los perjudicados por el apagón: mientras unos 18 mil
usuarios pudieron prender ayer la lamparita gracias a una solución que los ingenieros
convocados de urgencia por Edesur definieron como “transitoria y vulnerable”,
todavía no se sabe hasta cuándo durarán los cortes que amenazan con ser rotativos a
partir de hoy. En 30 mil casas deberán encender una vela para que vuelva la luz antes de
“por lo menos cuatro días más”, aseguraron fuentes de la empresa a Página/12.
Según un comunicado de la empresa Edesur, que rompió el prolongado silencio en el que
refugió desde el comienzo de la crisis, ayer “la cantidad de clientes afectados se
redujo de 48 mil a 30 mil. Con ello el número de familias que han recuperado el
suministro desde el comienzo de la emergencia es de 120 mil”. La solución parcial de
la emergencia se debe a un “by pass” ensayado por técnicos de Edesur con la
colaboración de ingenieros y personal de la desaparecida Segba. Consistió en hacer
correr la energía desde las centrales Puerto y Costanera sin pasar por la incendiada
subestación Azopardo, donde se originó el problema. “Si todo sale bien la energía
podría volver en los próximos días”, aseguró el subsecretario de Gobierno
porteño, Ricardo Ostuni. “Si todo sale bien”, reiteró.
Según el funcionario municipal, los clientes que seguirán afectados por el apagón,
entre 20 y 30 mil, quedaron distribuidos en tres franjas, que abarcan los barrios de
Congreso, Almagro, Boedo, Once, Centro y Balvanera. Sin embargo, para el secretario de
Producción y Servicios del gobierno porteño “no hay que generar expectativas”
entre la población porque “todavía están probando”. Y recordó que “como
es fin de semana, cuando el consumo del micro y macrocentro es menor que en los días
hábiles, “se puede distribuir mejor la carga en media y baja tensión”.
El ex titular de Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Carlos Mattsusch,
denunció ayer que las empresas distribuidoras de energía no realizan la cantidad de
inversiones suficientes. “Creo que hay un problema estructural –aseguro–,
ya que las inversiones que se hacen para sostener la calidad del servicio no son las que
se deberían hacer.” Mattsusch también acusó a Edesur porque el ente regulador
desde hace dos años no produce un informe sobre la calidad de los controles de seguridad
que debería tener instalados la empresa eléctrica.
El ente, que se encuentra en el ojo de la tormenta, saló a defenderse de la lluvia de
acusaciones que recibió en los últimos días. Ayer, mediante un comunicado, hizo saber
que actuará con “celeridad y contundencia” para garantizar “los derechos
de los usuarios y consumidores” afectados por el prolongado corte eléctrico. Sin
embargo la grandilocuencia de la amenaza apenas implica que los afectados por el apagón
podrán pagar sus facturas un mes después del vencimiento. Todo un logro para los que
todavía siguen sin luz. El ente también dispuso una serie de inspecciones en la
subestación donde se produjo el incendio. La que según denunció ayer su ex presidente,
Carlos Mattsusch, hace tiempo que no visita, no controla, “como debería haberlo
hecho”.
Los sin luz recibieron ayer 715 mil litros de agua, los que fueron distribuidos por
Defensa Civil con el apoyo del Ejército y la superintendencia de bomberos de la Policía
Federal, a la que se agregaron otras autobombas enviadas por el gobernador Eduardo Duhalde
desde la provincia de Buenos Aires. Además, se llevaron a los barrios a oscuras 38 grupos
electrógenos para alimentar los motores de las bombas de agua de 330 edificios.
La utilización política de la emergencia, que incluyó duros cruces entre el Ejecutivo
nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, fue criticada por el legislador porteño
Aníbal Ibarra: “Parece que se pasan la pelota unos a otros”, afirmó el
frepasista. Y pidió que ese esfuerzo se convierta “en apoyo a la gente” (ver
aparte). Mientras la Legislatura porteña definirá el próximo lunes en sesión
extraordinaria una serie demedidas de emergencia y de ayuda a los damnificados, entre
ellas la eximición del pago de los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza.
DE LA RUA INICIA JUICIOS Y CUESTIONA AL
GOBIERNO
“Ojalá Menem aprenda la lección”
“Espero que Menem haya aprendido la lección”, dijo ayer el jefe de Gobierno
porteño, Fernando de la Rúa, al responsabilizar una vez más al Ejecutivo Nacional por
el prolongado apagón que afectó a más de 200 mil personas en la ciudad de Buenos Aires.
“Esto ha sido muy duro. No puede haber improvisación, descuido, ni olvido de la
gente”, advirtió por último De la Rúa al anunciar que el gobierno de la ciudad
demandará judicialmente al Gobierno Nacional, al Ente Regulador y a la empresa Edesur.
“El Estado no puede estar ausente en materia de servicios públicos, aunque estén
privatizados. Debe intervenir activamente en el control”, señaló De la Rúa quien
agregó: “Ya se ve que las cosas no pueden dejarse libradas a su suerte, y que hay
que proteger seriamente al ciudadano como usuario y consumidor”.
De la Rúa desestimó que al ponerse al frente de los operativos de ayuda a los
perjudicados por el apagón esté intentando capitalizar políticamente la emergencia.
“No quiero ninguna politización y he dado instrucciones a todos para que no se haga
ninguna declaración política en ningún sentido”. Sin embargo no dejó de mencionar
al oficialismo nacional: “He recibido críticas de Menem y Corach por ayudar, pero
ésta es la hora de ser solidarios”, aseguró.
Por su parte, diputados del Frepaso impulsan la creación de un comité de crisis para dar
respuesta a las consecuencias del apagón. La propuesta estuvo a cargo de Nilda Garré y
de los legisladores porteños Abel Fatala y Gabriela González Gass durante una
concentración en las esquinas de Rivadavia y Ayacucho, uno de los barrios afectados por
el corte.
A la luz de las antorchas
Al grito
de “aquí están, éstos son, los beneficios de la privatización”, trescientos
vecinos del barrio de Boedo realizaron ayer, cerca de las diez de la noche, una marcha de
antorchas y quema de neumáticos.
Protestaban por el corte de luz que los tiene a oscuras desde hace ya seis días. Mientras
iban y venían por la avenida Boedo, entre Independencia y Belgrano, familias completas
reclamaban que el gobierno nacional le retirara la concesión del servicio eléctrico a la
empresa Edesur. En Boedo, a un 30 por ciento de los vecinos les fue devuelto el servicio
el viernes por la noche (ver página 2), pero con baja tensión, lo que impide que
ascensores y electrodomésticos funcionen.
En un petitorio que ya cuenta con tres mil adherentes, los vecinos exigen el inmediato
restablecimiento de la electricidad y el resarcimiento económico por las pérdidas
ocasionadas por el apagón. Hoy habrá nuevos cortes de calle y cacerolazos a partir de
las siete de la tarde.
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