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Por Claudio Zlotnik  Los comerciantes ya no se
conforman con reclamar la rescisión del contrato de concesión de Edesur. Ahora también
quieren ver entre rejas a los máximos directivos de la distribuidora eléctrica. Rubén
Manusovich, titular de Fedecámaras, presentó ayer un escrito ante la Justicia pidiendo
la inmediata detención de los empresarios. La presentación contó con el respaldo del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Enrique Mathov, secretario del
gobierno porteño, le comunicó al juez de la causa que ponía a su disposición la
información necesaria para poder llevar adelante la investigación que podría terminar
con los directivos de Edesur en la cárcel.La denuncia de Fedecámaras ante el Juzgado Correccional número 7, a cargo del juez Carlos Aostri, afirma que Edesur incurrió en “estrago culposo” y en “destrucción”. Y pide “la urgente individualización y captura de los directivos de la empresa Edesur”. Enterado de la presentación materializada por los comerciantes, Fernando de la Rúa decidió respaldarla y envió a Ma- thov a que se presente ante el juez Aostri para ponerse a su disposición, relató Manusovich a Página/12. “Los responsables de Edesur son tramposos e irresponsables”, calificó el dirigente en diálogo con este diario, al tiempo que calculó que las pérdidas tras seis días de apagón trepan a 900 millones de pesos. Ayer por la tarde, después de reunirse junto a su gabinete con entidades defensoras de los derechos de los consumidores, De la Rúa reclamó públicamente la rescisión del contrato con Edesur. Y nombró a Jorge Lapeña, secretario de Energía durante el gobierno radical, como veedor “para que trabaje en los peritajes” y en la resolución del incidente. “Hemos decidido reclamar en conjunto la caducidad de la concesión (de Edesur) ante las graves fallas producidas y el resarcimiento de los perjuicios causados”, afirmó el jefe de Gobierno porteño durante una conferencia de prensa, rodeado por los dirigentes de las asociaciones defensoras de los consumidores. Nicolás Gallo, secretario de Producción y Servicios del Gobierno de Buenos Aires, se mostró disconforme por las respuestas que hasta ahora acercó la empresa. “Son soluciones paliativas, parciales y vulnerables para tratar de reducir la cantidad de usuarios que no tienen energía. Esa no es la solución de fondo”, señaló. Durante el día de ayer se fueron sumando las voces en reclamo del fin de la licencia a Edesur. El defensor del Pueblo adjunto, Rafael Veljanovich, adhirió a ese pedido en función de que “ya están dadas las condiciones para que ello suceda. Según nuestros cálculos, las sanciones que la empresa debería pagar por los daños provocados superan el 20 por ciento de su facturación”. En tanto, el diputado aliancista Rafael Pascual pidió al gobierno nacional “un decreto de necesidad y urgencia” para quitarle la concesión a Edesur. “Sería el primero a favor de la gente”, comentó irónico. Por su parte, Guillermo Francos, diputado por Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo, defendió la privatización de la ex eléctrica estatal Segba, concretada durante la gestión de Cavallo en el Palacio de Hacienda, pero eso no le impidió ubicarse del lado de quienes exigen ponerle punto final al convenio con la distribuidora de la zona sur. “Claramente existe esa posibilidad a partir de la acumulación de multas”, dijo. Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y actual titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, fue el encargado de apelar a la “prudencia” de quienes quieren sacar del medio a Edesur. “Hay que ver si corresponde la rescisión desde el punto de vista legal. De lo contrario, la empresa le va a hacer juicio al Estado y, si lo gana, son cifras millonarias que deberá pagar el Tesoro nacional. No debemos motivar al Gobierno para que tome medidas demagógicas.” El debate sobre la posibilidad de rescindir el contrato de Edesur tras seis días de apagón va ganando en intensidad. Pero todavía nadie discute quién quedaría a cargo de la distribución eléctrica en la zona queeventualmente deje libre la compañía. Es que, llegado el caso, hasta tanto se convoque a una licitación pública internacional, el negocio pasará a manos de Edenor, la distribuidora de la zona norte del área metropolitana. Como reveló en su edición de ayer Página/12, el accionista principal de Edesur y Edenor es el mismo: Endesa de España.
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