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Por Victoria Ginzberg  Víctor Hugo Dinamarca,
ex oficial del Servicio Penitenciario Federal, miembro del GT (grupo de tareas 2) y
torturador del centro clandestino de detención El Vesubio, pretende que sus antecedentes
sean borrados de los registros de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas). El represor recurrió a la ley de hábeas data, que estableció el derecho de
los ciudadanos de conocer la información que existe sobre ellos en archivos públicos o
privados y que contempla la supresión o rectificación de los datos de ser éstos falsos
o discriminatorios. En un escrito presentado ante la Justicia, Dinamarca argumentó que
una de las personas que lo denunció ante la Conadep afirmó posteriormente que no lo
conocía. La Subsecretaría de Derechos Humanos informó a la jueza de la causa que aquél
no es el único testimonio que involucra a Dinamarca y le entregó otro legajo. El
represor, socio de la empresa Bridees S.A., está preocupado por un proyecto de ley que
inhabilitaría a los represores para participar en el negocio de la seguridad privada en
la provincia de Buenos Aires. “Jamás estuve y ni siquiera conocí el Centro Clandestino de Detención denominado El Vesubio. Tampoco estuve nunca en la ESMA ni realicé alguna tarea contra la subversión”, aseguró Dinamarca –conocido como El Chango por sus víctimas– en el escrito que presentó ante el Juzgado en lo Contencioso Federal Nº 10, secretaría a cargo de Aixa Vidal Claypole. El ex agente del Servicio Penitenciario vinculado con el fallecido empresario Alfredo Yabrán manifestó su disgusto por su aparición “en diversos medios masivos de comunicación” tildado de “represor, genocida y asesino” y afirmó que “dicha información falaz menoscaba y lesiona de manera inmediata la dignidad que como persona humana connaturalmente me acompaña”. Con estos y otros argumentos, entre los que se incluye una cita al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el represor solicitó “conocer y en su caso suprimir todos los datos referidos a mi persona que obren en los registros de la Conadep que de cualquier modo me sindiquen como interviniente o responsable de la violación a los derechos humanos ocurrida durante el denominado proceso militar”. En el documento mencionó también el proyecto de ley que lo excluiría del ámbito de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa fue presentada a principios del año pasado por el actual ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, León Arslanian, y fue pensada especialmente para las empresas que se le adjudicaban al empresario Alfredo Yabrán, como Bridees S.A. El suboficial del Ejército Francisco Andrés Valdéz mencionó a Dinamarca ante la Conadep como integrante de “un grupo de tareas fantasma” que era encargado de “trasladar detenidos” y como un “nexo” entre el Servicio Penitenciario Federal con la Escuela de Mecánica de la Armada. En 1997, El Chango inició una querella contra Valdéz. Lo acusaba de amenazarlo para no aumentar las denuncias en su contra. En su descargo, Valdéz aseguró “no conocer personalmente a Dinamarca ni haber tenido trato alguno con él” y dijo que “evidentemente se trató de una confusión al momento de declarar ante la Conadep”. Aprovechando esta declaración, Dinamarca inició la “operación blanqueo”. La subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez, dijo a Página/12 que la respuesta que dio cuando la Justicia le informó la solicitud de Dinamarca fue que, al revés de lo que supone el peticionante, “no existe un legajo con su nombre en la Conadep”, y que lo que él pretende suprimir es el testimonio de Valdéz (legajo 3674), documento que tiene valor en sí mismo. Se aclaró, también, que la Conadep no tiene un listado de represores sino que guarda los testimonios de las víctimas o de ex miembros “arrepentidos” de las fuerzas de seguridad. Finalmente, la subsecretaria entregó a la jueza otro legajo en el que aparece mencionadoDinamarca. De esta manera, el represor se enteró de que en 1984 Claudio Vallejos, miembro del Grupo Especial de Inteligencia del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM 3), lo nombró como uno de los torturadores de El Vesubio y miembro de Inteligencia del GT2. Hasta ahora, éste es el estado de la causa. Pero si la Justicia decidiera “suprimir” algún legajo de la Conadep, los reclamos de este tipo podrían multiplicarse. “Sería ridículo que se hiciera lugar a este pedido. Pero además, sería sumamente peligroso, se podría licuar todo el archivo”, aseguró César San Juan, abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos. San Juan aclaró también que la vinculación de Dinamarca con la represión no se desprende sólo de los testimonios mencionados sino que surge del contexto general, de toda la información recibida. Por ejemplo, del cargo que él mismo reconoce haber ocupado –jefe de Seguridad Interna de la Unidad de Devoto–. “El pedido, formalmente, es correcto. Está bien que le den la información, que sepa las razones por las que se lo acusa de asesino. Esto no significa que se supriman los datos”, afirmó el legislador porteño Raúl Zaffaroni. Para el constitucionalista Daniel Sabsay “en este caso debe prevalecer la defensa de la sociedad que constituye un interés jurídico superior al derecho personalísimo del individuo. Y los intereses de la sociedad se protegen con los datos de esos registros, ya sea cuando se utilizan en una función docente o para incriminar a personas por nuevos hechos o, por ejemplo, para saber quiénes estarían inhabilitados para participar de una actividad como la seguridad privada”. Sabsay coincidió con Zaffaroni en que la solicitud “formalmente es correcta” y en que no está mal que la Subsecretaría le haya mandado un legajo a Dinamarca, aunque aclaró que “se debe respetar la intimidad de quien lo denunció y no dar su nombre”. Aunque aceptó la formulación del pedido, Sabsay concluyó que la Justicia lo debería rechazar porque suprimir algún dato “sería como borrar la memoria histórica”. En junio de 1997 otro represor intentó “rectificar” los datos que lo mencionaban en el archivo de la Conadep. Se trató del ex general Guillermo Suárez Mason. En esa oportunidad el escrito fue presentado directamente ante la subsecretaria de Derechos Humanos. Pajarito pidió, amparándose también en la ley de hábeas data e invocando la Declaración Universal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se le permitiera, durante diez días, revisar los registros de la Conadep “para tomar conocimiento de su exactitud y –eventualmente– requerir la rectificación y la supresión de los antecedentes inexactos”. Alicia Pierini, subsecretaria de ese entonces, denegó la solicitud. “La metodología criminal desatada a partir del 24 de marzo de 1976, de la cual usted participó y que ha mantenido hasta la fecha oculta la verdad, es la causa por la cual la Conadep debió reconstruir un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado documentación y hasta se han demolido edificios.” “La Conadep no habría tenido razón de ser si usted y los demás jefes actuantes no se hubieran conjurado en el ocultamiento de la verdad”, afirmó Pierini. Su decisión fue apelada ante la Justicia pero el reclamo fue rechazado.
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