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Por Adriana Meyer  La jueza María Servini
de Cubría, que investiga a la empresa Edesur y al ente oficial de control, dijo que
“sólo pudimos secuestrar aceite y papel”, para sintetizar lo que ella misma
denominó “falta de colaboración” por parte de la concesionaria del servicio
público esencial, durante el allanamiento realizado el viernes por la tarde en la
subestación Azopardo. La magistrada aseguró a Página/12 que “los elementos
originales desaparecieron, por lo cual es muy difícil llegar a un peritaje oficial”.
Por su parte, Edesur dio dos versiones distintas: en conferencia de prensa dijo que
“las pruebas están en la subestación”, pero a la jueza le aseguró que hoy le
entregaría el material, reconociendo que se lo había llevado del lugar. Tras una nueva
jornada de polémica, efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal ingresaron a la
subestación para buscar los “elementos residuales”, pero no los encontraron. El
ENRE dice desconocer el destino del maldito empalme, cuyo incendio provocó este
prolongadísimo infierno para miles de porteños. En conferencia de prensa (ver aparte), el gerente de Recursos Humanos de Edesur, Héctor Ruiz Moreno, afirmó que “el empalme dañado está en el lugar del incendio”, pero no respondió sobre las presuntas razones de seguridad que adujeron sus empleados para impedir el ingreso de los peritos de Servini en el lugar. La jueza había relatado –por la mañana en el programa de Daniel Hadad– que no les permitieron bajar al lugar del siniestro. “La excusa que daban era que necesitaban elementos especiales,que había un voltaje de 220, que era peligroso y que a tantos metros la electricidad los podía tomar o chupar”, relató Servini. “Finalmente, cuando logramos la autorización estaban a punto de realizar el quinto intento de arreglar el empalme para restituir la energía eléctrica y preferí que les devolvieran la luz a los usuarios”, agregó. Pero lo más grave de esta situación, según ella, es la presunta “desaparición” de los elementos que produjeron el desastre. “Por testimonio conozco que fueron retirados en una camioneta a las 6 de la mañana del día 16 de febrero, y solamente pudimos secuestrar el aceite que cubría los cables para refrigerarlos y el papel aislante”, declaró Servini, aunque evitó afirmar que Edesur obstruyó su tarea. Prefirió definirlo como falta de “colaboración”. El abogado que formuló la denuncia contra la empresa distribuidora de la electricidad y el ente que debería haberla controlado, Ricardo Monner Sans, le había advertido a través de un escrito que “después del desastre causado, se habría recurrido presurosamente a efectuar un cambio de cables, quitando los viejos que estaban llenos de agua”. La jueza le aseguró a este diario que ya pudo confirmar este dato fundamental. Página/12 le consultó sobre la validez de esas potenciales pruebas que Edesur prometió enviarle hoy, a lo cual Servini respondió que “confía en la capacidad de los profesionales con los que trabaja”, porque ellos “sabrán determinar” si los elementos a periciar que le entregará la empresa “son fraguados o auténticos”. Ante la posibilidad de que Edesur sea acusada por el delito de ocultamiento de pruebas, obstrucción de la Justicia y/o desobediencia a raíz de los episodios descriptos, la magistrada prefirió no adelantar una apreciación, aunque no descartó la hipótesis. Por ahora, la investiga por defraudación al usuario, a la administración pública, posibles estragos y entorpecimiento del funcionamiento de un servicio público. Ayer al mediodía los peritos de Gendarmería y de la Policía Federal ingresaron a la subestación Azopardo con la instrucción de buscar los restos de los materiales destruidos durante el incendio, o –en su defecto– para determinar quién dio la orden de retirarlos del lugar antes de que se concretara la primera intervención judicial. Servini de Cubría ya maneja una hipótesis sobre cómo ocurrió el desperfecto (ver aparte). Pudo comprobar que, en el momento en que se inició el fuego, no había ninguna persona en la subestación porque ésta es “teledirigida”. Servini comenzará hoy a evaluar la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de la Secretaría de Energía en el diseño de la planta que falló antes de ser puesta en funcionamiento a pleno. Y continuará estudiando la documentación obtenida en el operativo del viernes en el ENRE y en la cuestionada empresa. Entre ellos se encuentran los contratos de concesión, posible eje de la controversia legal. A las nueve de la mañana comenzará el análisis del aceite secuestrado, en la sede de la Gendarmería. Si no se pudiera realizar allí, la pericia se concretará en la Universidad de La Plata, cuyos especialistas tienen un contrato con el ENRE.
PIDEN QUE SE INVESTIGUE EL ESTADO PATRIMONIAL Por A.M.
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