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Por Raúl Dellatorre Carlos Silvani, administrador federal de Ingresos Públicos, está sufriendo en carne propia el costo de la ineficiencia del sistema bancario. Y de la manera que más le duele: las fallas del sector le están cortando las piernas en el combate que pretende librar contra la evasión. Los embargos de fondos de contribuyentes en falta por orden judicial, que la AFIP informa diariamente a los bancos mediante su ingreso en un sitio de Internet, no están siendo consultados por una cantidad importante de entidades medianas y grandes, haciendo caso omiso, de esa forma, a la obligación de ejecutar los embargos que pudieren corresponder sobre sus clientes. Cerca del despacho de Silvani, se preguntan con alto grado de sospecha: ¿será incapacidad o están boicoteando el sistema? En uno u otro caso, prometen dar guerra, que ya iniciaron con una carta en tono amenazante que el titular de la AFIP dirigió a los bancos infractores. Mediante una serie de acuerdos y compromisos obtenidos en el sistema judicial y en el Banco Central, la AFIP logró reducir a días un trámite que antes le demandaba varios meses, que podían exceder el año. Una orden judicial de embargo de fondos y valores, anteriormente, debía recorrer un largo camino antes de ejecutarse, y sólo podía hacerse efectiva una vez detectado el número de cuenta y entidad en la que tenía fondos el demandado. Desde el pasado 23 de setiembre, cuando el juez determina que la deuda fiscal está en firme no es cuestionable y decide el embargo, la AFIP incorpora el nombre y el monto de la deuda a un listado que publica por Internet, y al que sólo tienen acceso las entidades bancarias. Estas últimas tienen la obligación, por resolución del BCRA, de visitar a diario el sitio de la AFIP en Internet y ejecutar el embargo si encuentran en la lista a alguno de sus clientes. Por caso, desde entonces hasta el 10 de enero último la AFIP informó 18.577 casos de morosos, que involucraban una cifra demandada de 549,9 millones de pesos, cifras que por sí solas dan una idea de la expectativa que puede abrigar el organismo recaudador en el sistema. Pero los celosos asistentes de Silvani pudieron comprobar que mientras bancos de primera línea, como el Galicia, Lloyds, Quilmes, HSBC Roberts y hasta los oficiales Nación y Ciudad de Buenos Aires registraban en ese lapso más de 150 consultas a la aludida página de Internet, otros bancos jamás la habían visitado. Entre los ausentes sin aviso o visitantes esporádicos figuran el BBV-Francés, BNL, ABN AMRO, los privatizados bancos de Mendoza (adjudicado a Raúl Moneta, del República y el CEI) y de La Rioja (presidido por el ultramenemista Elías Saad). Silvani recibió un anticipo de esta situación a mediados de diciembre, e inmediatamente decidió enviar una nota en fuerte tono de protesta a los principales bancos en infracción. Página/12 tuvo acceso a la nota enviada al Banco Francés el 18 de diciembre pasado, en la que el titular de la AFIP le imputa el incumplimiento de sus obligaciones, un grave apartamiento de la normativa dictada por el BCRA y lo responsabiliza de neutralizar, con su actitud, la recuperación de 400 millones de pesos (a esa fecha) de acreencias para el fisco. Y le advierte que, de persistir la actitud del banco, requerirá la aplicación de sanciones judiciales y administrativas, estas últimas a través del Banco Central. En una reunión entre funcionarios de primera línea de la AFIP y representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), los banqueros aludieron a dificultades técnicas o demoras para acceder a la página de la AFIP en Internet, invocaron la necesidad de algunas aclaraciones normativas complementarias y otra serie de requerimientos que, a juicio de los funcionarios del organismo fiscalizador, no son más que argumentos tardíos para justificar su inconducta anterior. Hasta la fecha del encuentro, el BBV-Francés no había respondido la nota recibida 25 días antes. Con posterioridad a esa reunión, representantes de los banqueros difundieron la versión de la inoperabilidad del sistema ideado por la AFIP. Lo cierto es que hasta el Banco Nación, que no es una joyita en cuanto a su eficiencia administrativa, está operando con el sistema e incluso ha embargado cuentas de deudores en Ushuauaia, cuando nosotros desconocíamos su domicilio o actividad en Tierra del Fuego, comentó una fuente del organismo a este diario cuando se le preguntó si la queja de los banqueros privados era razonable. Están trabando el funcionamiento del sistema, pero no son todos, señaló otra voz cercana a la de Silvani, haciendo su propia evaluación sobre la actitud de los bancos. Y anticipó un curso probable de los acontecimientos: Silvani va a ir a fondo. El cruce de información que le permite este sistema es el primer paso de toda la estructura de control que está armando, que va a incluir además un nexo con el Registro Nacional de las Personas y el de la Propiedad Inmueble. Si los bancos se le interponen en el camino, no le quepa duda de que les va a pasar por arriba.
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