Por Pablo Ferreira
Le hemos comunicado
a la Secretaría de Energía que han quedado configuradas todas las condiciones para
decidir la caducidad del contrato de concesión de Edesur. El paso que prenuncia el
fin de la distribuidora que transformó en un aquelarre a buena parte de la ciudad de
Buenos Aires fue revelada anoche por Juan Legisa, titular del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE). El funcionario fue a dar examen ante la Comisión de Defensa del
Consumidor de Diputados que preside Mario Das Neves. Legisa aseguró, además, que el
Gobierno está estudiando la forma legal más conveniente para despedir a la empresa en la
que los españoles de Endesa tienen el peso mayor. Edesur esquivó el convite de los
legisladores, que llegaron a amenazar con recurrir a la fuerza pública para asegurar su
presencia en la Cámara baja.
El ENRE, ante la magnitud del desastre y el cuestionamiento de su papel como ente
regulador, fue endureciendo sus posiciones desde que comenzó el inédito apagón. El
quiebre más evidente se produjo este lunes cuando ante Página/12 Legisa fustigó a
Edesur, a la que consideró incapacitada para prestar adecuadamente el servicio
concesionado. En la maratónica reunión de ayer, que se extendió por más de cinco
horas, también estuvieron presentes diversas asociaciones de consumidores y el ombudsman
nacional, Jorge Maiorano.
El mandamás del ENRE destacó que, para juzgar la gravedad del siniestro, que afectó a
nada menos que 780 manzanas capitalinas, no sólo debe considerarse la falla técnica de
la distribuidora, sino sobre todo sus acciones durante la emergencia. Una compañía
de servicios públicos y monopólica como Edesur no puede dejar de tener perfectamente
evaluada la reacción ante una crisis, dijo el funcionario en alusión a la carencia
evidente de un plan de contingencia.
Los legisladores cuestionaron reiteradamente la falta de intervención del ENRE para
controlar la actividad de las empresas de electricidad. Una crítica que Legisa imputó a
las restricciones que la legislación ha impuesto a su organismo, limitado a verificar los
resultados. La ley dice que no debemos controlar la inversión sino la calidad del
servicio, defendió Legisa con los papeles en la mano. La posición del funcionario
levantó una polvareda entre los excitados concurrentes. La diputada Graciela Caamaño
llegó a hablar sin medias tintas de la ineptitud de un funcionario que se lava
olímpicamente las manos. Legisa escuchó imperturbable otro reproche generalizado
referido a que la gente piensa que las autoridades (del ente) están más cerca de las
empresas que de los usuarios. Por su parte, Maiorano, uno de los expositores más claro,
destacó el pésimo curriculum que muestra Edesur con relación a su falta de proclividad
a ser controlada. Hizo hincapié en el resarcimiento a los usuarios.
La ausencia de Edesur llevó a Das Neves a exaltarse y decir que los que no están
presentes son una asociación ilícita, son delincuentes y propuso aplicarles normas
de encarcelamiento.
En tanto, respecto de la decisión que estaría por adoptar el Gobierno, señaló que no
será de inmediato porque nunca se toman esas medidas en medio de una situación
crítica. Y agregó que la actitud a adoptar debe ser cuidadosamente estudiada, dado
que si esto termina en un juicio donde el Estado pierde lo vamos a pagar
todos. Al respecto aclaró que la empresa puede tener pocos ingenieros o
equipos técnicos que no son de la más alta calidad, pero puede asegurarse los mejores
abogados.
AUDITORIAS EXTERNAS
PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
También el control
será privado |
![na02fo03.jpg (6326 bytes)](na02fo03.jpg)
Jorge Rodríguez se reunió con los titulares de entes reguladores.
Quieren saber si las empresas tienen planes de contingencia.
|
Por Eduardo Videla
A nueve días del
comienzo de la peor crisis energética en la ciudad de Buenos Aires, y con el problema
aún sin resolver, el presidente Carlos Menem dispuso que en un plazo no superior a los 50
días se verifique si las empresas de servicios públicos implementan planes de
contingencia, para prevenir accidentes o atender emergencias con mayor celeridad de
la que demostró Edesur durante estos días. En un virtual reconocimiento de que los entes
de control no son capaces de realizar esa tarea, se dispuso que el Estado contrate
auditorías externas para hacer esos exámenes, lo que podría constituir una
suerte de privatización de los controles.
La decisión se adoptó ayer en una reunión que encabezó el jefe de Gabinete, Jorge
Rodríguez, en la que participaron los presidentes de los cuatro organismos reguladores de
servicios públicos. Se dispuso que en un plazo de entre 40 a 50 días se chequee si
las empresas implementan los planes de contingencia que deben tener por los contratos de
concesión, explicó a Página/12 Eleonora Urrutia, asesora de la Jefatura de
Gabinete.
Los planes de contingencia prevén por un lado programas de prevención y, por otra parte,
ante la existencia de un incidente, operativos para resolver la emergencia en forma
inmediata y asistir a los damnificados.
Urrutia informó que, a los efectos de chequear si existen estos planes, se planteó
contratar auditorías externas, que son mucho más confiables para la población.
¿Por qué los controles no los hacen los entes? preguntó Página/12.
Después de los recortes presupuestarios, los entes no tienen un presupuesto acorde
para hacer estas auditorías. Tienen funciones reguladoras más que de contralor.
¿No se está privatizando el control?
No se trata de una privatización, sino de una tercerización del servicio de
auditoría. No hay una transferencia de responsabilidad, que sigue siendo de los entes. No
resultaría operativo incorporar un cuerpo técnico cuando se puede contratar el servicio
a un precio menor. Además, garantiza mayor transparencia, ya que en un organismo estatal
pueden producirse episodios de corrupción.
De la reunión participaron el titular del ENRE, Juan Legisa; el presidente del Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), Martín Lezcano; el presidente de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Roberto Catalán, y el titular del ENARGAS,
Andrés Repar. En el encuentro hubo una suerte de autocrítica de la actuación del
gobierno nacional ante el apagón. Se resolvió que, ante una contingencia de este
tipo, el Estado tiene que tener capacidad inmediata para atender la emergencia. En esta
ocasión, todo el operativo de asistencia se montó al cuarto día de corte, porque la
empresa no dio información, informó Urrutia.
Todo el paraíso cabe en un balance
A FINES DE 1998 EDESUR AUN SE PRESENTABA COMO LA EMPRESA MODELO
|