|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Pablo Ferreira  “Le hemos comunicado
a la Secretaría de Energía que han quedado configuradas todas las condiciones para
decidir la caducidad del contrato de concesión de Edesur.” El paso que prenuncia el
fin de la distribuidora que transformó en un aquelarre a buena parte de la ciudad de
Buenos Aires fue revelada anoche por Juan Legisa, titular del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE). El funcionario fue a dar examen ante la Comisión de Defensa del
Consumidor de Diputados que preside Mario Das Neves. Legisa aseguró, además, que el
Gobierno está estudiando la forma legal más conveniente para despedir a la empresa en la
que los españoles de Endesa tienen el peso mayor. Edesur esquivó el convite de los
legisladores, que llegaron a amenazar con recurrir a la fuerza pública para asegurar su
presencia en la Cámara baja.El ENRE, ante la magnitud del desastre y el cuestionamiento de su papel como ente regulador, fue endureciendo sus posiciones desde que comenzó el inédito apagón. El quiebre más evidente se produjo este lunes cuando ante Página/12 Legisa fustigó a Edesur, a la que consideró incapacitada para prestar adecuadamente el servicio concesionado. En la maratónica reunión de ayer, que se extendió por más de cinco horas, también estuvieron presentes diversas asociaciones de consumidores y el ombudsman nacional, Jorge Maiorano. El mandamás del ENRE destacó que, para juzgar la gravedad del siniestro, que afectó a nada menos que 780 manzanas capitalinas, no sólo debe considerarse la falla técnica de la distribuidora, sino sobre todo sus acciones durante la emergencia. “Una compañía de servicios públicos y monopólica como Edesur no puede dejar de tener perfectamente evaluada la reacción ante una crisis”, dijo el funcionario en alusión a la carencia evidente de un plan de contingencia. Los legisladores cuestionaron reiteradamente la falta de intervención del ENRE para controlar la actividad de las empresas de electricidad. Una crítica que Legisa imputó a las restricciones que la legislación ha impuesto a su organismo, limitado a verificar los resultados. “La ley dice que no debemos controlar la inversión sino la calidad del servicio”, defendió Legisa con los papeles en la mano. La posición del funcionario levantó una polvareda entre los excitados concurrentes. La diputada Graciela Caamaño llegó a hablar sin medias tintas “de la ineptitud de un funcionario que se lava olímpicamente las manos”. Legisa escuchó imperturbable otro reproche generalizado referido a que la gente piensa que las autoridades (del ente) están más cerca de las empresas que de los usuarios. Por su parte, Maiorano, uno de los expositores más claro, destacó el pésimo curriculum que muestra Edesur con relación a su falta de proclividad a ser controlada. Hizo hincapié en el resarcimiento a los usuarios. La ausencia de Edesur llevó a Das Neves a exaltarse y decir que “los que no están presentes son una asociación ilícita, son delincuentes” y propuso aplicarles normas de encarcelamiento. En tanto, respecto de la decisión que estaría por adoptar el Gobierno, señaló que no será de inmediato “porque nunca se toman esas medidas en medio de una situación crítica”. Y agregó que la actitud a adoptar debe ser cuidadosamente estudiada, dado que “si esto termina en un juicio donde el Estado pierde lo vamos a pagar todos”. Al respecto aclaró que “la empresa puede tener pocos ingenieros o equipos técnicos que no son de la más alta calidad, pero puede asegurarse los mejores abogados”.
Por Eduardo Videla Todo el paraíso cabe en un balance
|
