Por Victoria Ginzberg
 El gobierno alemán
reconoció que durante la última dictadura militar un agente del Servicio de Inteligencia
del Estado (SIDE) atendía a los familiares de desaparecidos en la sede de la embajada.
Tenía el supuesto objetivo de contribuir a esclarecer la situación de las víctimas,
pero la verdad es que el “Mayor Peirano” –como se hacía llamar– nunca
ayudó a los familiares. Sólo los entrevistaba dentro de la sede diplomática en
presencia del primer cónsul Henning von Schlick, que era el contacto entre el militar y
las personas que buscaban a los desaparecidos.
Cuando el año pasado los abogados de la Coalición contra la Impunidad, que impulsa el
juicio en Alemania contra 41 militares argentinos, pidieron que el Ministerio de
Relaciones Exteriores les permitiera acceder a los archivos de la embajada y precisaron
que las denuncias fueron tomadas por el “Mayor Peirano”, las autoridades
alemanas negaron que un militar argentino se hubiera desempeñado en la embajada de Buenos
Aires.
“El tal mayor Peirano nunca ha sido miembro de la embajada alemana en Buenos Aires,
pero es correcto que el entonces gobierno argentino recomendó a un mayor Peirano como
contacto de toda confianza”, aceptó el gobierno alemán mediante una carta fechada
el 6 de enero y que se conoció ayer a través de la agencia EFE.
“Este reconocimiento es importante, pero sería más si nos mostraran los archivos
para que podamos sumar pruebas al juicio”, dijo a Página/12 Betina Erenhaus,
sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y una de las impulsoras del proceso
contra 41 militares argentinos que está actualmente a cargo de la Fiscalía de Nurenberg.
El gobierno alemán negó el acceso a la información pedida por el abogado Wolfgang
Wiesheier argumentando que, según la ley de ese país, “los documentos que se
refieren a personas físicas sólo pueden ser utilizados por un tercero treinta años
después de la muerte del afectado”.
Idalina Tatter tiene 76 años. Su esposo Fernando, paraguayo e hijo de un alemán, fue
secuestrado el 15 de octubre de 1976. Tatter recurrió a la embajada alemana para que la
ayudaran. En diciembre de 1977 el cónsul Henning von Schlick le informó que el entonces
comandante en jefe del Ejército, general Roberto Eduardo Viola, puso a disposición de
dicha embajada al mayor Peirano, perteneciente a los servicios de inteligencia, para que
“contribuya a esclarecer la situación de los alemanes detenidosdesaparecidos”.
–¿Confiaron en él sabiendo que era un agente de la SIDE? –preguntó Página/12
a Tatter.
–No confiamos en él sino en la embajada. No podíamos creer que nos estuvieran
engañando. Además, en esa época había un estado de ansiedad muy grande y nos
aferrábamos de cualquiera que podía aportar datos.
Tatter se entrevistó con el “Mayor Peirano” –o Peña como se identificó
alguna vez– dentro de la sede diplomática. El agente de inteligencia le dio detalles
del secuestro de una amiga de su hijo, pues, aseguró, él mismo la había interrogado.
Dijo que la joven, que fue liberada, era inocente y que había hecho gestiones para
conseguirle un trabajo en la municipalidad. “¿Cómo, sabiendo tanto, puede decir que
ignora el destino de mi esposo?”, le preguntó Tatter en una oportunidad. “Lo
que pasa es que actuaron varios grupos y algunos cometieron imprudencias, por lo cual el
prisionero puede haber visto alguna cosa inconveniente que hace que después ya no se lo
pueda largar”, fue la respuesta de “Peirano”.
El mayor recibía a los familiares, tanteaba cuánto sabían ellos sobre el caso, les
“tomaba las denuncias” y poco tiempo después todos recibían la misma
respuesta: “He hecho lo posible, pero el gobierno militar se niega a dar
información”.
“Peirano” le dio a Tatter el número de teléfono 41-9570, que según algunos
familiares habría pertenecido al Batallón 601.
Ellen Marx es alemana y vive en Argentina desde 1939. Ella se salvó de los nazis, pero su
hija Leonor no se salvó de los militares argentinos.Buscándola, también se entrevistó
con Peirano. “No hay datos que incriminen a su hija”, le decía el mayor. Cuando
pidió más precisión sobre las razones del secuestro, Peirano le contestó: “Mire,
éstos son problemas que empezaron en el ’73, cuando se abrieron las prisiones”.
Durante meses el gobierno alemán aseguró que nadie que se hubiera desempeñado durante
la dictadura en la embajada, incluido el cónsul, recordaba al mayor. Subrayó, además
que una colaboración de esa naturaleza con la junta militar nunca hubiera sido aceptada
por el gobierno de Helmut Schmidt, socialdemócrata. Pero ante los testimonios de varios
testigos, no tuvo más remedio que reconocer la presencia de Peirano en la embajada.
El año pasado el Tribunal Federal de Justicia autorizó a la Fiscalía de Nuremberg a que
abriera una investigación por cuatro casos de violaciones a los derechos humanos a
ciudadanos alemanes en Argentina (el de Tatter, Erenhaus, Gerardo Coltzau y la Marcelo
Wiesz). Sin embargo, existen al menos 76 alemanes o descendientes de alemanes
desaparecidos. Cuatro casos más serán incorporados al juicio próximamente.
Los familiares le podrán preguntar personalmente al presidente alemán cuál era la
función del “Mayor Peirano” en la embajada: el miércoles tres de marzo Roman
Herzog estará en la Argentina y los recibirá por su propio pedido.
BAGNASCO RECHAZO UNA RECUSACION DE NICOLAIDES
Las chicanas de un represor
Por Adriana Meyer
El juez Adolfo Bagnasco
rechazó el pedido de recusación en su contra que había impulsado el ex jefe del
Ejército, Cristino Nicolaides. El represor –a través de su abogado, Alejandro
Zeverín– pretendía que el juez se aparte de la causa que investiga la sistemática
apropiación de los hijos de los desaparecidos, en la cual fue procesado con prisión
preventiva, con el argumento de que –previamente– le había iniciado una
querella. Bagnasco se negó a apartarse, porque la ley establece que la acción judicial
en su contra debía haberse iniciado con anterioridad al inicio de la causa, para ser
motivo de recusación. Ayer Nicolaides volvió a la carga y denunció por injurias a
Bagnasco, porque habría calificado de “payasos” a los jefes militares de la
dictadura. El juez niega haberlo dicho.
Nicolaides había faltado en diciembre a la primera citación a prestar declaración
indagatoria, a raíz de su estado de salud. Pero le envió una nota al juez indicando su
completa disposición ante el requerimiento de la Justicia y avalando la investigación en
marcha. En la segunda oportunidad tampoco se presentó, por lo cual Bagnasco ordenó su
detención y al día siguiente se trasladó a Córdoba para indagarlo. El represor lo
acusó de poner en riesgo su salud con estos procedimientos y lo querelló.
Ayer Nicolaides volvió a acudir a los tribunales cordobeses para presentar una nueva
denuncia –esta vez por injurias– contra el magistrado porteño, la que recayó
en el juzgado de Ricardo Bustos Fierro. El ex jefe del Ejército se sintió ofendido por
expresiones de Bagnasco en un reportaje publicado la semana pasada en el diario español
El País, que fue titulado “Pinochet tenía mucho más criterio que estos
payasos”. El periodista Fransesc Relea mencionó la frase en la presentación, y
aclaró entre paréntesis que el juez se estaba refiriendo con ella a los militares
argentinos, pero Bagnasco niega haberla pronunciado. “No recuerdo haber dicho
eso”, aseguró a este diario. El abogado Zeverín sostuvo que Relea posee una
grabación de la charla, y que “ese calificativo peyorativo fue vertido contra los
imputados”, entre quienes se encuentra su cliente Nicolaides, con la “intención
dolosa de desacreditarlo y dañarlo emocionalmente en su estima”, tal como consta en
el escrito de denuncia.
Cuando el periodista le preguntó si consideraba posible el procesamiento de antiguos
dictadores fuera de sus países, Bagnasco respondió que “no es una cuestión de
creer o no creer, sino de ver la conveniencia o la posibilidad. Pinochet no es el primer
dictador que existe en el mundo, ni siquiera en América latina. Hay mucha hipocresía.
Creo que como intento, al menos, podríamos habilitar un órgano internacional que juzgue
los casos de flagrante violación de derechos humanos, y al mismo tiempo, los gobiernos
que les dan apoyo político, económico y militar reciban una seria reprimenda. Porque
ahora descubrimos que Pinochet y Galtieri eran malos y cuando estaban en el poder los
gobiernos europeos y norteamericano negociaban con ellos”.
Por otra parte, Nicolaides ya fue notificado de que debe designar otro abogado que lo
defienda, porque el Colegio Público de la Capital Federal detectó que Zeverín no está
matriculado en este distrito y por lo tanto no puede desempeñar su tarea profesional.
Esta vez el escrache le
tocó a Rolón
Ayer, los integrantes de HIJOS hicieron un
escrache en la puerta del edificio del teniente de Navío Juan Carlos Rolón, quien
integró los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última
dictadura militar. Rolón vive en Villa Urquiza, en el mismo edificio que el militar
Fernando Enrique Peyón, quien fue escrachado en julio del año pasado. “Hoy estamos
otra vez frente al mismo edificio. Otra vez para denunciar la impunidad que cubre a los
genocidas. Rolón puede caminar por la calle, dar un paseo por la calle, por el barrio, o
ir a votar en las próximas elecciones. Puede hacer lo que cualquiera de nosotros y más
porque el Gobierno lo protege”, dijo una chica de HIJOS en el acto. |
Los obispos defienden al
Papa por las Madres
“No defienda a los asesinos”, habían
escrito las Madres de Plaza de Mayo a Juan Pablo II por la intercesión del Vaticano en
favor de Pinochet. La Conferencia Episcopal contestó manifestando “vergüenza”
e “indignación”.
Estanislao Karlic, presidente de los
obispos argentinos.
“La carta nos ha avergonzado como argentinos.” |
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La
Conferencia Episcopal Argentina (CEA) escribió un mensaje a Juan Pablo II para expresarle
su “vergüenza” y su “indignación” ante los términos utilizados por
las Madres de Plaza de Mayo en la carta que le enviaron el martes al Papa. Las Madres lo
habían llamado “defensor de asesinos” por haber utilizado su influencia en
favor de la liberación del dictador Augusto Pinochet, actualmente detenido en Londres a
la espera de que la cámara de los lores dictamine si cuenta o no con inmunidad ante el
pedido de extradición cursado por la Justicia española.
La CEA, que nuclea a los obispos católicos, demostró sorpresa e indignación frente a lo
que llamó “la tristísima carta que nos ha herido hondamente y nos ha avergonzado
como argentinos hecha por un grupo de las Madres de Plaza de Mayo”. El mensaje está
firmado por el presidente de la CEA, el arzobispo de Paraná Estanislao Karlic, por sus
vicepresidentes, el obispo de Azul Emilio Bianchi Di Cárcano y el arzobispo de Rosario
Eduardo Mirás, y por su secretario, el obispo auxiliar de Buenos Aires José Luis
Mollaghan. Hace referencia a la “valentía extraordinaria” con la que el Papa
“señala al mundo entero caminos de verdad y justicia”, pero no comenta el
pedido de clemencia del Vaticano salvo en la alusión a través de las Madres de Plaza de
Mayo.
La CEA afirma que las expresiones de las Madres dirigidas al Papa no tienen precedentes y
las considera un hecho de “gravedad”.
La carta que las Madres entregaron el martes a la Nunciatura recordaba dos actitudes del
Papa frente a situaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos: por un
lado el silencio papal durante la dictadura militar argentina y por otro esta gestión
oficial del Vaticano para que se le conceda la libertad a Pinochet, detenido en Londres
desde el 16 de octubre. En uno de los párrafos más duros las Madres dieron a entender
que el Papa podría quedar como un “Judas que defiende a los asesinos”.
A tono con las Madres, la agrupación de Derechos Humanos de Chilenos en Argentina
expresó su solidaridad con “esos curas, laicos y religiosos que supie- ron estar en
defensa del pueblo y que hoy deben estar avergonzados por la actitud anticristiana e
inhumana del Vaticano, que intercede y defiende al genocida Pinochet”.
La Santa Sede reconoció el viernes 19 de este mes haber intercedido para que a Pinochet
se lo deje volver a Chile por “razones humanitarias”. Pero las gestiones para
que el Vaticano le diera este espaldarazo al dictador habían empezado en noviembre del
año pasado, cuando altos funcionarios del gobierno chileno se reunieron el secretario de
Estado vaticano, el cardenal Angelo Sodano. Si bien el Papa en persona no participó de
los encuentros, nadie duda de que para que el pedido, que fue de carácter
“oficial”, llegara al gobierno inglés, tuvo que haber tenido la bendición del
sumo pontífice.
Denuncia de Abuelas
Las Abuelas de Plaza
de Mayo desmintieron que el joven Javier Penino Viñas, hijo de una pareja de
desaparecidos, se encuentre de vacaciones en el sur con sus primos biológicos. “Esta
es una nueva maniobra de su falsa familia que falta a la verdad una vez más, ya que
Javier no está con quien dicen”, expresaron en un comunicado de prensa.
“El joven vive con Jorge Vildoza –que tendría relación con el Servicio de
Inteligencia Naval (SIN)– y con Mónica Vildoza, ambos cómplices de los apropiadores
Jorge Raúl Vildoza y Ana María Grimaldos”, explicaron. El mes pasado Javier dijo
que se iba de vacaciones con amigos, pero no comentó a dónde iría ni con quién. Un
matutino publicó hace quince días que estaba con su familia biológica en el sur. Los
Vildoza reiteraron esa versión ante una periodista extranjera que los entrevistó. Las
Abuelas exhortaron a los jefes de las Fuerzas Armadas y la SIDE que tienen la palabra para
evitar la segunda desaparición de Javier”.
REVELACIONES EN LA JUSTICIA DE LA PLATA
Los NN con certificado médico
Tres
médicos que trabajaron para la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar
admitieron ayer haber firmado actas de defunción de cadáveres NN que aparecían en la
calle o en casas particulares. Incluso reconocieron que a muchos no les realizaban
autopsia porque era evidente la forma violenta en que esas personas habían muerto.
Los médicos formularon estos testimonios ante la Cámara Federal platense, donde
continuó el proceso por el que se procura averiguar el destino de más de dos mil
detenidos-desaparecidos en La Plata entre 1976 y 1983.
El tribunal, presidido por el juez federal Alberto Durán, escuchó primero al doctor
Roberto Dossena, quien cumplió funciones en la morgue de la Policía Bonaerense en el
período 1974-1978, quien admitió haber firmado certificados de defunción de personas
NN. También explicó pormenorizadamente la mecánica de trabajo: “Los efectivos que
realizaban la instrucción llamaban a la guardia médica para informar sobre la presencia
de cadáveres tanto en la vía pública como en domicilios. Nuestra función era efectuar
un primer reconocimiento. Cuando el cuerpo llegaba a la morgue se tomaban huellas
dactilares, se hacían los estudios correspondientes y se redactaba el certificado de
defunción. La mayoría de las veces, ante la evidencia de la causal del deceso, no
realizábamos las tareas de autopsia”.
También dijo que los certificados de defunción eran enviados al Registro Civil y recién
en ese momento los cuerpos eran retirados “en cajones que proveía el
cementerio”. Dossena aseguró no recordar “haber visto cadáveres de niños en
esos procedimientos” y finalmente expresó que tuvo miedo, “pero no de perder el
trabajo sino la vida”.
Luego brindó testimonio Roberto Ciafardo, otro de los médicos que trabajó en la morgue
de la policía provincial durante esos años y que también firmó certificados de
defunción de NN, incluido el de Marcelo Bettini, quien figura como un deceso ocasionado
por un paro cardíaco, cuando los familiares declararon la semana pasada que al
reconocerlo estaba seriamente golpeado. Ciafardo acercó al tribunal un certificado de
entrega de los libros de guardia de la morgue, fechado en 1984, que registraba la
actividad durante el período 76/80.
En su extenso y desmemoriado testimonio aseguró que se llegaron a “amontonar”
muchos cadáveres en la morgue, “pero no más de 24, ya que ésa era la capacidad de
las heladeras”.
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