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Por Pablo Ferreira  “Nadie esta exento
de responsabilidades cuando ocurre un siniestro como éste, todos están hasta el
cuello”, graficó a Página/12 un conocedor de las internas políticas. El apagón
más largo de la historia de la ciudad de Buenos Aires desató una dura pelea dentro y
fuera del Gobierno en pos de eludir las consecuencias. El presidente Carlos Menem,
sabiendo que el compromiso principal ante la crisis cae sobre sus propias filas, desde el
primer momento buscó canalizar la indignación popular contra Edesur y salvar la
posición de los grupos económicos en riesgo. La Alianza, por su parte, no dudó en
desnudar el intento oficial de trasladar las culpas y puso el tema como eje de su discurso
opositor. No obstante, los aliancistas saben que su candidato presidencial, Fernando de la
Rúa, podría verse salpicado por la injerencia del gobierno de la ciudad en la
habilitación de la instalaciones de la subestación en emergencia.Roque Fernández, en tanto, despreocupado de lo que sucede en las calles, salió a tranquilizar a los dueños del poder económico, como el caso de Pérez Companc, dueños de una gran porción del paquete de control de Edesur en manos de Distrilec. Así, pidió prudencia ante las declaraciones más duras de los legisladores y funcionarios oficialistas que impulsan, como el propio titular del ENRE, Juan Legisa, la anulación del contrato de concesión. También el ministro mostró su malestar por los efectos de esos desbordes verbales sobre la imagen del país y la seguridad jurídica de los inversores. Pero lo más importante, desde su óptica, es que la debacle eléctrica, aunque pueda acabar con los propietarios de Edesur, no termine poniendo en cuestión la política de privatizaciones. Cuando retorne la luz a todos los hogares debe reinar la oscuridad sobre los cimientos del modelo. Desde que pudo reaccionar ante el inédito colapso energético, Menem se apresuró en dar a sus colaboradores más estrechos dos directivas básicas. En un año electoral, y sin haber perdido la esperanza de una rereelección, lo primero que dispuso fue que se solucione el problema de cerca de 500 mil habitantes capitalinos. Y endilgar la responsabilidad a Edesur. El operativo político quedó en manos del jefe del Gabinete Jorge Rodríguez, en tanto el secretario de Energía, César Mac Karty, fue el encargado de obtener los generadores destinados a paliar los sufrimientos de la población. Fuentes de la oposición se encargaron de recordar a este diario que el Gobierno omitió que el propio Ejecutivo fue “el que adjudicó mal esta concesión, eliminó la responsabilidad de las empresas sobre el lucro cesante y daños emergentes e instaló deficientes organismos de control”. Pero, además, Menem no se olvidó de proteger la columna vertebral del andamiaje en que se apoya su gobierno. La segunda decisión del mandatario fue evitar que la política de privatizaciones, núcleo del poder y del dinero de los grupos económicos que manejan el país, quedara –en la confusión– como epicentro del debate público. Para ello –aseguran diversos observadores políticos– debía mostrar una dura posición en sus gestos ante la empresa responsable del desastre, de modo de aventar rápidamente el clima de críticas al Estado ausente. El hecho de que se haya comenzado a hablar de darle el control de Edesur al grupo Pérez Companc y que la idea de anular la concesión tienda a transformarse en una salida negociada con la empresa no es contradictorio con ese propósito. Al respecto, un funcionario muy cercano a Energía comentó a este diario que los dueños de Edesur podrían evitar su desaparición a través de cambios profundos en sus mandos superiores, el nombramiento de un presidente de reconocida solvencia internacional y a través de modificaciones en las tenencias del paquete accionario del grupo de control. Al margen de las imputaciones a Edesur, políticamente es el ENRE el que se está convirtiendo en el principal responsable oficial de la crisis. Los miembros de su directorio –como lo admitieron fuentes muy cercanas alente– no se sorprenderán si terminan siendo el fusible de la crisis. En su defensa pública, Legisa encañonó –de acuerdo al mandato presidencial– a Edesur. Pero no dudó también en justificar en la legislación las inacciones imputadas a su organismo y tirarle un misil por elevación al propio Gobierno. Ayer repitió a los medios que “si se pone un piloto de un Cessna (avión de escasa envergadura) a manejar un Jumbo”, cuando enfrente una tempestad terminará demostrando su impericia. La tácita referencia al Gobierno, ejecutor de la privatización de Segba, es más que evidente. Legisa, sin embargo, contaría con considerables apoyos en el Congreso. El cuestionado funcionario, muy vapuleado en Diputados en su intervención del lunes para explicar el apagón, tiene el respaldo del titular de la bancada justicialista, Humberto Roggero. Y ayer en el Senado recogió el espaldarazo de la Comisión Bicameral que preside su amigo Jorge Massat. Al punto que senadores opositores como Pedro del Piero salieron al cruce del apoyo anticipado por Massat al ENRE. “Es una irresponsabilidad respaldar al ente cuando miles de usuarios aún continúan sin luz”, señaló Del Piero. Por otra parte, son varios los críticos del ente que ya están redactando el pedido de renuncia del directorio que preside Legisa, desde asociaciones del consumidor a senadores. |
