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Por Susana Viau  La jueza de sentencia
María Dolores Fontbona de Pombo resolvió absolver a Raúl Antonio Guglieminetti en la
causa que se llevaba desde hace años contra el ex represor y agente de inteligencia por
enriquecimiento ilícito. La absolución fue apelada por la fiscalía y sostenida por el
fiscal de Cámara Norberto Quantín, para quien “el acusado tiene el derecho a
mentir. Pero el juez no está en el deber de creerle”.La jueza sustentó su fallo, que se emitió en diciembre pero acaba de trascender, en el criterio de que el delito de “enriquecimiento ilícito” se perfecciona cuando no existe explicación de ese enriquecimiento, y Guglielminetti había dado una. El agente fue sorprendido en febrero de 1985 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, portando un millón de dólares en el mismo momento en que la Justicia investigaba el secuestro extorsivo del hijo del empresario textil Jaime Meller y es poseedor de un patrimonio sorprendente. Página/12 había informado ya en octubre de 1997 que funcionarios de Tribunales sostenían que Fontbona de Pombo estaba sufriendo “grandes presiones” en relación con la causa. Estas actuaciones debieron haber sido sustanciales para la jueza ya que, según pudo saber este diario, en ningún momento delegó la tramitación del expediente, que fue resuelto en estricta reserva por ella y su secretaria privada. La denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por el fiscal Alejandro Rocha en 1987, casi al mismo tiempo que se concretaba la extradición de Guglielminetti de Europa, pedida con motivo de la investigación del “secuestro seguido de muerte” del dueño de la firma Mc Taylor, Emilio Naúm. Rocha sostuvo en su denuncia que Guglieminetti llevaba “un tren de vida que no podía solventar con los recursos que obtenía a través de las actividades remuneradas que obtenía que prestaba para el Estado”. Guglielminetti se había desempeñado en el Servicio de Inteligencia del Ejército desde 1971 hasta 1979 y en la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación de marzo de 1968 hasta 1981 y luego desde marzo de 1983 hasta marzo de 1984. Para esas fechas, Guglieminetti contaba con una finca en Mercedes, otra en Acassuso, ubicada en la calle Italia 929/33, dos automóviles marca Ford Falcon, un “camión internacional”, un jeep Willys, un campo en Mercedes, un inmueble en Martínez, en la calle Libertad 553 (vendido por él en 1980 en 120 mil dólares) y arrendaba una casa en Madrid. A esos bienes había que sumarle, por supuesto, el famoso millón. Cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la fiscalía de instrucción le exigieron explicaciones, Guglieminetti, o también el “mayor Rogelio Angel Guastavino” –su nombre de guerra–, arguyó que no respondería puesto que podía ser acusado de “vulneración del secreto militar e incurrir en un delito”. Aclaró, eso sí, “que había recibido y manejado importantes sumas de dinero producto de su actividad como agente de inteligencia del Estado”. Además, recusó al fiscal Carlos Olivieri (ya fallecido, entonces en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas) porque dijo haber visto su foto en un acto con la imagen de Ernesto Che Guevara a sus espaldas. Era sólo una trapisonda destinada a chicanear al fiscal porque Guglielminetti sabía qué puntos calzaba. Olivieri se había hecho famoso al frente del Juzgado de Instrucción 3 por ser uno de los poquísimos magistrados que, durante la dictadura, daba trámite a los recursos de hábeas corpus. En 1983 había enviado a Campo de Mayo a su secretaria con un exhorto y la orden de prisión preventiva contra el general Reynaldo Bignone por la desaparición de los conscriptos Steimberg y García, secuestrados en esa dependencia militar. Lo cierto es que quien en esas fechas era jueza de instrucción, María Romilda Servini de Cubría, dictó el sobreseimiento provisional y el desprocesamiento de Guglielminetti. La Cámara del Crimen concedió laapelación pedida por el fiscal y la causa por enriquecimiento ilícito continuó. Ahora, “el mayor Guastavino” volvió a ser absuelto puesto que la jueza Fontbona de Pombo entendió que sólo existe el enriquecimiento ilícito si no hay explicación alguna para el aumento patrimonial. Las razones dadas por el ex represor provocaron dudas en la magistrada que, así, aplicó el principio de “in dubbio pro reo” (en la duda, a favor del acusado). Esa fundamentación no resultó satisfactoria para el fiscal de la causa y tampoco para su superior, Norberto Quantín. Quantín encabeza el pedido a la Cámara con una declaración del propio Guglieminetti registrada a fojas 285: “los servicios de inteligencia –explica el ex agente–son asociaciones ilícitas creadas y sostenidas por el Estado para desarrollar tareas fuera del marco legal”. La frase ilustra aún más, si hiciera falta, el pensamiento del mayor Guastavino. La fiscalía recuerda, más adelante, que “sin pudores y hasta con cierta soberbia”, Guglieminetti “siguió contando que más de una vez cobró suculentos dividendos como premio a sus golpes al financiamiento de la guerrilla argentina. Señaló que le pagaron , al menos dos o tres veces, sumas que rondaban los 50 mil dólares estadounidenses como retribución a dichos golpes”. A renglón seguido el fiscal se pregunta: “¿Cuál es la razón de ser de la figura de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos?”. Agrega que los delitos genéricamente llamados “de corrupción” se caracterizan por la dificultad de probarlos y por su secuela de impunidad. “Son delitos sin víctimas–dice–. Ello porque en principio quien da y quien recibe son delincuentes. Entonces, ante la dificultad extrema señalada surge esta figura que recorre el camino inverso. Es el funcionario y no la justicia quien debe explicar –a la justicia– cómo se enriqueció”. Según Quantín, la magistrada no tenía por qué equiparar “la prueba contundente del informe de la policía aduanera del aeropuerto internacional de Barajas con las inverosímiles explicaciones de Guglieminetti y Carrasco, que no guardan proporción con la realidad, ni con las actividades del personaje”. Y sostiene el fiscal: “Resulta “inadmisible que en cualquier organismo del Estado se dé rienda suelta para que los dineros públicos engrosen los bolsillos de los funcionarios”.
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“¿Por qué quiero salir del país? Porque tengo
ganas.” (Ante la pregunta de por qué huía a
España.)
gobierno radical el Grupo Alem, que
él mismo integraba.)