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Por Marcelo Justo desde Londres  El dictamen de la Cámara
de los Lores sobre la inmunidad soberana del caso Pinochet se demoraría hasta la segunda
semana de marzo, indicaron a Página/12 fuentes de la defensa y la fiscalía. Los lores
han manifestado su deseo de avisar con una semana de anticipación a las partes
intervinientes en el caso, por lo que se estima que la fecha más temprana para el
dictamen sería el 8 de marzo. Mientras tanto la firma Kingsley Napley que defiende al ex
dictador tiene los ojos puestos en una estrategia alternativa. Según indicaron al general
Pinochet esta semana, presentarán “antes del 9 de marzo” una solicitud de
revisión judicial de la autorización que dio el ministro del interior británico Jack
Straw para que se iniciara el proceso de extradición del ex dictador a España.En una reunión que sostuvo este martes con el general Pinochet en su residencia-prisión en Wentworth al sur de Londres, el jefe del equipo de abogados de la Kingsley Napley, Michael Kaplan, le informó de la marcha del caso y de la demora de los lores en tomar una decisión. De la reunión participaron también un enviado especial del ejército, el general Juan Carlos Salgado, que mantiene al senador vitalicio al tanto de la situación de la fuerza y el jefe de la campaña pinochetista en Gran Bretaña, el abogado Fernando Barros. “Michael Kaplan le anunció al general que en los próximos días, antes del 9 de marzo, va a solicitar la revisión judicial”, confirmó a Página/12 Fernando Barros. El abogado chileno aclaró que en esa fecha se cumple el plazo de 90 días establecido por la ley para presentar un recurso a la decisión que tomó el ministro del Interior el 9 de diciembre pasado en ejercicio de sus atribuciones “cuasijudiciales”. Corresponderá a la Alta Corte de Justicia determinar si la acción de Straw al autorizar la iniciación del proceso de extradición a España es legal o no. Por el momento el centro de la especulación en la residencia-prisión de Wentworth es la decisión de los siete jueces lores que entienden en la apelación. Desde el 4 de febrero, cuando concluyeron 12 días de audiencias, un hermetismo absoluto ha rodeado las deliberaciones de los lores que deben dictaminar si la ley británica concede inmunidad al general en su condición de ex jefe de Estado. “La demora de los lores no debe dar pie ni al optimismo ni al pesimismo. Se debe a una sola razón: tienen mucho material para considerar y lo están analizando a fondo”, indicó a Página/12 Fernando Barros. En términos similares se manifestó Andy Mc Entee, miembro de directorio de Amnesty International. “Los lores quieren llegar a un fallo definitivo que no deje lugar a ninguna incertidumbre respecto de la situación legal de Pinochet en Gran Bretaña”, indicó a Página/12 Mc Entee. El material del caso es voluminoso. Unos 30 archivadores que contienen 8000 hojas de documentos analizan el derecho británico y la evolución del derecho internacional desde principios de siglo a fin de precisar si de acuerdo con la ley británica un ex jefe de Estado goza de inmunidad por lo actuado mientras estaba al frente del Ejecutivo, aun si se trata de crímenes de lesa humanidad. Si bien el dictamen de los lores sólo tiene validez legal para el Reino Unido, el hecho de que la máxima instancia judicial de un país se pronuncie en un sentido u otro sentará un poderoso precedente, tanto por la extraordinaria repercusión mundial que ha tenido el caso como por la interpretación que se haga del derecho internacional. Para alcanzar su dictamen los siete jueces lores deberán definir las funciones de un jefe de Estado, los problemas de territorialidad y jurisdicción, y la aplicación de la Convención de la Tortura firmada por 121 países que podría constituirse en el instrumento legal internacionalmás importante para incorporar los derechos humanos al derecho internacional. En relación con la polémica carta del Papa al gobierno británico Fernando Barros, aclaró que no conocía su contenido pero que en su opinión tenía el mismo mensaje de su campaña por la reconciliación de los chilenos. Por su parte Andy Mc Entee descartó que pudiera influir de alguna manera, “ni a favor ni en contra”, en la decisión que adopten los lores. La revelación de la misiva no parece haber tenido un impacto muy positivo a nivel de la opinión pública inglesa, que no favorece la intromisión de la Iglesia en asuntos políticos o judiciales, y ni siquiera parece haber caído bien entre la minoría católica inglesa. Consultado por Página/12, un vocero del Episcopado inglés indicó que “no conocía el contenido de la misiva” pero que la posición de los católicos ingleses era clara. “Estamos seguros de que esta intervención no es un intento de interferir con el proceso judicial. Nuestra posición es clara: defendemos con toda nuestra fuerza la plena vigencia de los derechos humanos”, señaló el portavoz.
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