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Por José Natanson  “Un
mamarracho.” El presidente Carlos Menem y el secretario de Seguridad, Miguel Angel
Toma, utilizaron ayer las mismas palabras para descalificar el Código de Convivencia
Urbano, al tiempo que ratificaban la decisión de reimplantar los edictos policiales en la
ciudad de Buenos Aires. Mientras que la oposición continuaba acusando al Gobierno de
intentar violar la autonomía porteña, en el Gobierno de la Ciudad comenzaron a especular
con la posibilidad de que Menem modifique la estrategia original y reestablezca los
edictos por ley en lugar de por decreto. “Veremos cuál es el mecanismo más
apto”, admitió ayer Toma.El proyecto redactado en las oficinas del Ministerio del Interior utiliza la excusa de una presunta sensación de inseguridad en el distrito que gobierna Fernando de la Rúa para reinstalar la discusión sobre la derogación de los edictos. Claro que la elección no es caprichosa: el debate sobre el Código de Convivencia Urbano fue uno de los temas que más costos políticos le generó al candidato de la Alianza durante el año pasado. La iniciativa del Gobierno no sólo desconoce la autonomía porteña establecida en la Constitución nacional, sino que también vulnera la Carta Magna de la Ciudad, que en la cláusula transitoria 19ª sostiene que, una vez que la Legislatura sancione el Código Contravencional, “todas las normas contravencionales quedarán derogadas”. Luego de que Página/12 publicara la primera noticia el domingo pasado, tanto Toma como el ministro del Interior Carlos Corach salieron presurosos a negar la información. Sin embargo, en el acto que el PJ realizó el miércoles pasado en Parque Norte, el propio Presidente ratificó la decisión de reimplantar los edictos “caiga quien caiga y pese a quien le pese”. Ayer por la mañana Menem insistió. “Yo propuse esta idea porque el Código es un verdadero mamarracho. Hubo una reacción dura de la oposición, pero estamos trabajando el tema, para darles la posibilidad a las fuerzas de seguridad de actuar en contra de la delincuencia. Los edictos estarán totalmente modernizados, para que sean más rápidos y ágiles”, agregó. Mientras tanto, en las oficinas de Enrique Mathov, secretario de Gobierno de la Ciudad, comenzaba a cobrar fuerza una versión. Indicaba que el Gobierno, luego del fuerte rechazo de la Alianza, había decidido modificar el rumbo inicial del decreto y analizaba la conveniencia de reestablecer los edictos por ley. La idea consistiría en aprovechar la controversia sobre la seguridad en los espectáculos deportivos para proponer reformas al Código Penal. Según creen los delarruistas, el Poder Ejecutivo intentará convertir las faltas que actualmente están tipificadas como contravenciones en delitos menores. A diferencia del decreto, esta iniciativa generaría una discusión mucho más compleja, ya que la diferencia entre un delito menor y una contravención es muy gris. Toma cumpliría en este caso la misma función que Rodolfo Barra, el ex ministro de Justicia que siempre tiene a mano un kit de recursos jurídicos para complacer los anhelos presidenciales. De todas formas, en el Gobierno de la Ciudad sostienen que, en caso de que Menem decida presentar la ley, el proyecto podría ser aprobado por Diputados pero está destinado a naufragar en el Senado, ya que cualquier modificación al Código Penal regiría por igual para todas las provincias. Si bien no dio mayores precisiones, Toma admitió ayer que el Gobierno está buscando “el mecanismo más apto” para reestablecer los edictos. Más allá de las versiones, lo cierto es que ayer se siguieron sumando rechazos a la idea de Menem. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) sostuvo que no dudará en iniciar acciones legales en caso de que se apruebe el proyecto. Por otro lado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un recurso de amparo preventivo ante la posibilidad de que “el Poder Ejecutivo avance sobre la libertad de las personas”.
Todos van a Entre Ríos
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