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Por Sergio Kiernan  El informe sobre Derechos
Humanos del Departamento de Estado norteamericano para 1998 señala a Argentina como un
país con serias deficiencias en la administración de justicia, con una policía corrupta
y violenta y con jueces “ineficientes y sujetos a veces a influencias
políticas”. El informe, publicado ayer en Washington, afirma que en nuestro país
“continúan los asesinatos extrajudiciales y la brutalidad policial”, los
“arrestos arbitrarios, las prisiones inadecuadas y los procesos interminables”.
En el año pasado, se registraron “numerosas amenazas contra periodistas” y
“la discriminación y la violencia contra las mujeres fueron un problema”. Las 13 páginas del informe dedicadas a Argentina están divididas en seis secciones que reportan la situación local respecto a los derechos humanos, las libertades civiles, los derechos políticos, la actitud del Gobierno frente a las organizaciones de derechos humanos, la discriminación y los derechos de los trabajadores. El capítulo más crítico es el primero, en que se señala como la peor amenaza a los derechos humanos la violencia policial y la falta de justicia. El informe admite que no hubo denuncias en 1998 por desapariciones políticas, “aunque se responsabilizó a policías por muertes ilegales”. Los casos mencionados incluyen las muertes de Carlos Sutara, Walter Repetto, tres mujeres en Cipolletti, Teresa Rodríguez (durante las manifestaciones en Cutral-Có), Cristián Cicovicci, el soldado Omar Carrasco, Miguel Bru, Raquel Laguna y Sergio Sorbellini. También se habla de la investigación de la masacre de Ingeniero Budge, de las órdenes de detención emitidas por el juez español Baltasar Garzón y de la investigación del caso AMIA. La provincia de Mendoza merece un párrafo especial por haber tenido que pagar indemnizaciones a las familias de tres personas que “desaparecieron” bajo arresto (Guardati, Garrido y Baigorria) “sin que se haya identificado a los culpables”. El informe destaca que “continúa el interés en las desapariciones masivas cometidas durante la guerra sucia del régimen militar” y menciona las iniciativas legislativas para anular las leyes de obediencia debida y punto final, condena la decisión de la Corte Suprema de prohibir el acceso a los archivos de la represión y subraya la investigación judicial sobre la apropiación de menores. Las páginas más duras tratan sobre “la generalizada brutalidad policial, el uso de torturas contra los sospechosos y la corrupción” y mencionan que ya en junio de 1997 el Comité contra la Tortura de la ONU criticó a Argentina por “tolerar la continua brutalidad y el uso de la tortura en las comisarías y prisiones”. “Las policías provinciales a menudo ignoran las restricciones del Código Penal al arresto, detienen arbitrariamente a ciudadanos, especialmente adolescentes y jóvenes, durante la noche y a veces por un fin de semana entero, sin presentar cargos. No siempre les dan oportunidad de llamar a sus familias o a un abogado. Los detenidos son liberados por las quejas de sus familias o abogados”. El informe cita a grupos de derechos humanos al afirmar que el poder de arresto y de averiguación de antecedentes “es ampliamente abusado y se detiene a personas que tienen documentos”. El mal estado de prisiones “viejas y ruinosas” también es mencionado, junto con el hecho de que los procesos legales son tan largos que “el 75 por ciento de los detenidos en el Gran Buenos Aires espera condena, así como el 90 por ciento del sistema penal bonaerense”. Equilibradamente, el Departamento de Estado admite que Argentina permite libremente las visitas de grupos de derechos humanos independientes a las cárceles, y que no se practica el exilio forzoso. Pero a la hora de hablar del sistema judicial, los norteamericanos lo califican de “ineficiente, complicado y, de a momentos, sujeto a presiones políticas”. “El sistema es trabado por demoras extraordinarias, complicaciones de procedimiento, cambios de jueces, apoyo administrativo inadecuado y simple incompetencia. Las acusaciones de corrupción songeneralizadas, especialmente en casos civiles.” El informe destaca algunos intentos de reforma, como la creación del Consejo de la Magistratura. Los presos por el ataque al regimiento de La Tablada son mencionados en un párrafo que indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno argentino por “cometer abusos a los derechos humanos después de que los atacantes se rindieron” y por “negarles de hecho el derecho a apelar las condenas que recibieron”. Se menciona también el caso del padre Antonio Puigjané, que recibió el beneficio del arresto domiciliario luego de la condena al Gobierno. Respecto a las libertades civiles, el Departamento de Estado afirma que Argentina respeta el derecho a la expresión y la prensa libre, aunque señala “la creciente concentración de los medios de comunicación, el derecho a réplica sancionado por la Corte Suprema, las críticas de funcionarios a los medios, las amenazas a periodistas y la falta de resultados en la investigación del caso Cabezas” como peligros. El informe cita especialmente los fallos de la Corte Suprema contra Página/12, Pregón y la desaparecida Somos. “Aunque la prensa continúa reportando y criticando libremente”, el informe recoge las duras críticas de la entidad Periodistas y de Amnesty International contra el Gobierno. El documento norteamericano afirma que el Gobierno respeta las libertades religiosas, de asamblea, de moverse por el país y viajar al exterior, de organizar partidos políticos y votar, y que los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actúan sin interferencia oficial, “aunque no siempre les haga caso”. Tampoco se observan problemas en cuanto a las libertades sindicales, las negociaciones salariales y el trabajo forzado, aunque se observa que todavía subsiste el trabajo infantil y que el salario mínimo “es insuficiente para mantener con decencia a una familia”. En cuanto a la discriminación, se señala que la situación mejoró respecto a la niñez y los discapacitados, que la violencia contra la mujer (violaciones, palizas, discriminación laboral, salarios menores) no es una prioridad para el Gobierno, y que el Estado devolvió un millón de hectáreas a comunidades indígenas, aunque subsisten los conflictos.
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