Página/12

El patrimonio de Balza, Erman y Di Tella bajo la lupa del fiscal

Stornelli pidió se investigue si hubo enriquecimiento ilícito del jefe de Ejército, el canciller y el ministro de Trabajo. El dictamen se hizo en la causa por venta ilegal de armas. Balza consideró “infamante” el pedido y ya presentó sus declaraciones juradas.

Carlos Stornelli, el fiscal que impulsa la causa más importante sobre venta ilegal de armas.

El fiscal Carlos Stornelli, que investiga el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, pidió que se investigue el presunto enriquecimiento ilícito del canciller Guido Di Tella, el ministro de Trabajo, Erman González, y el jefe del Ejército, Martín Balza. El requerimiento apunta a que el juez federal Jorge Urso amplíe la pesquisa en dirección de uno de los aspectos menos profundizados de la causa: el destino del dinero recaudado en el escándalo de la venta de armamentos. La medida había sido reclamada en diciembre por el abogado denunciante en el caso, Ricardo Monner Sans.
En la presentación, Stornelli solicitó que se libre oficio a la Inspección General de Justicia para saber si los imputados tienen acciones en sociedades comerciales y que se reúna información sobre la posible titularidad de cuentas bancarias en Argentina y en el exterior.
El pedido de investigación por supuesto enriquecimiento abarca a cerca de 50 sospechosos del caso, entre los que están el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex vicecanciller y actual embajador en la ONU Fernando Petrella y Nicolás Granillo Ocampo, ex directivo de Fabricaciones Militares y hermano del ministro de Justicia.
Según el Código de Procedimiento, la investigación por enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba, por lo que son los imputados quienes deben probar su inocencia.
El dictamen ingresó en el despacho de Urso en momentos en que la Corte Suprema de Justicia analiza la posibilidad de que tomar para sí la causa por contrabando de armamento iniciada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinski, cumpliendo de esta manera con un confeso deseo del Gobierno. Si lo hace, es posible que el máximo tribunal también pida tramitar los otros dos expedientes sobre el escándalo, el del juez en lo penal económico Julio Speroni, que investiga el contrabando de 200 toneladas de pólvora a Croacia y la causa de Urso, que es la que más preocupa al Gobierno.
El titular del Ejército, Martín Balza, consideró “infamante” el pedido de Stornelli, y presentó de inmediato en el juzgado copias de sus declaraciones juradas de bienes personales y ganancias. Ya en diciembre pasado, un día antes de la denuncia de Monner Sans, Balza había entregado espontáneamente su declaración de bienes a Urso. Ayer el abogado del militar, José Scelzi, explicó que su defendido “se comprometió a proveer al tribunal de cuantas evidencias haya en su poder sobre el austero patrimonio personal que tiene, que es producto de un origen indiscutiblemente lícito”. Scelzi también dejó en el despacho del juez un escrito, en cuya redacción trabajó el propio Balza, que critica la denuncia fiscal por no incluir lo que a su criterio es el “presupuesto básico para pedir una investigación de este tipo: la estimación del patrimonio del imputado”.
Cuando en febrero pasado Monner Sans ratificó su pedido de investigación del presunto enriquecimiento de los funcionarios, subrayó que la tarea de investigar “a qué bolsillos fueron a parar eventualmente dineros del país” era responsabilidad del juzgado, “ya que, como se comprenderá, (el denunciante) no tiene personalmente medios para detectar cómo y por quiénes se produjo la apropiación del patrimonio argentino”.
Desde hace cinco meses Stornelli espera que Urso cite a declarar a Balza y su ex segundo como acusados por los delitos de asociación ilícita, malversación de efectos y falsedad ideológica de instrumento público. También debe decidir si llama al canciller Di Tella a indagatoria, imputado por convalidar con su firma la falsedad ideológica de los decretos presidenciales que ampararon la venta de armas.
Ante la demora del juez, en diciembre pasado la Cámara Federal le ordenó agilizar las investigaciones para determinar la responsabilidad de González, Di Tella y Balza en el escándalo de las armas.
En el listado elevado por Stornelli también figuran los nombres del ex subjefe del Ejército Raúl Gómez Sabbaini, los coroneles Edberto GonzálezDe la Vega y Manuel Cornejo Torino, y del secretario general de la fuerza Juan Ernesto Bossi.

EL FISCAL APELO LA ABSOLUCION DE GUGLIELMINETTI
Quedan un millón de dudas

Por Susana Viau

Tal como adelantó Página/12, la absolución del ex represor y agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, acusado de enriquecimiento ilícito, fue apelada ayer por el ministerio público. Los argumentos de la jueza de sentencia María Fontbona de Pombo fueron rebatidos por el fiscal de Cámara Norberto Quantín, quien entiende que, entre otras cuestiones, no se encuentra “mínima y razonablemente explicado el origen del millón de dólares que Guglielminetti portaba en febrero de 1985”.
Guglielminetti había sido detenido por la policía aduanera española en el aeropuerto internacional de Barajas, en Madrid, en febrero de 1985, llevando consigo un millón de dólares. Todos sospecharon que se trataba de del dinero obtenido por la liberación del hijo del industrial Julio Meller, propietario de la firma McTaylor. En efecto, pocos días antes de la detención de Guglielminetti, Meller le había hecho entrega de dos millones a cambio de la liberación del joven. Antes de que el muchacho fuera liberado, Guglielminetti viajó a Madrid. El fiscal Alejandro Rocha se sorprendió de que un hombre que había pasado buena parte de su vida laboral activa en organismos de inteligencia del Estado tuviera un patrimonio tan espléndido: inmuebles, campos, coches, camiones y un millón de dólares como dinero de bolsillo. Rocha presentó así la denuncia por enriquecimiento ilícito, cargo del que Guglielminetti obtuvo un primer sobreseimiento provisional firmado por Servini de Cubría. El fiscal apeló y la Cámara revocó la sentencia. El proceso continuó. Guglielminetti, que en la primera etapa se había negado a declarar, lo hizo finalmente y explicó la tenencia del millón. Un “famoso astrólogo” español, Juan Comas, dijo, le había pedido que le llevara a España ese millón. Guglielminetti aclaró no conocer a Comas y adujo haber actuado a pedido de Juan Carrasco Fernández, propietario de la casa que Guglielminetti alquilaba en Madrid. En el momento en que efectuó tal declaración, según Guglielminetti, Comas ya había muerto. Al mantener el recurso, el fiscal de Cámara Norberto Quantín recuerda que a diario “los ciudadanos constatamos (...) que muchos funcionarios del Estado argentino, después de ingresar en la función pública, comienzan a atraer a sus peculios propiedades de millones y millones de pesos; que la ostentación es la regla, que como eventual excusa aparecen las tías y las esposas millonarias”. “El acusado –refuta Quantín– si bien no lo detalló, fue lo suficientemente explícito acerca del origen genérico de sus bienes: el soborno, el botín de guerra (...).”
Más adelante, el fiscal sostiene que “no sólo no está acreditado el fallecimiento de Comas (...) sino que tampoco está probada la existencia real del misterioso astrólogo (...) Tampoco hubo recibo o documento alguno que instrumente la operación, ni hubo extracto bancario. Menos aún existió un conocimiento personal y previo entre Comas y Guglielminetti, –premisa mínima para que una persona entregue a otra el traslado de un millón de dólares (...). Tampoco sabemos –al menos por boca del acusado– quién le entregó el dinero para llevárselo al finado Comas (...) En fin, no está siquiera mínima y razonablemente explicado el origen del millón (...) y a mi criterio ese solo dato basta para condenarlo”. Respecto de lo que el ex represor afirma omitir para “no revelar secretos de Estado”, Quantín señala que “este proceso no es una charla de amigos en un café, donde uno le pregunta al otro cómo hizo la plata y el otro no quiere revelar la fórmula. Se trata de dos fiscalías y un juez que han intimado a un funcionario público a dar explicación detallada de sus bienes”.

PRINCIPAL