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 La mayoría
de las embajadas extranjeras en la Argentina no desarrolló una política oficial de
defensa de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar. Prefirieron, en
cambio, cuidar las relaciones comerciales con el gobierno de facto. Con la excepción del
gobierno de Estados Unidos, ninguna otra representación diplomática presionó o realizó
formalmente un pedido de informes sobre la situación de los entonces detenidos.
Página/12 dialogó con familiares de desaparecidos que, en forma casi unánime,
declararon no haber recibido apoyo oficial de los países de los que eran ciudadanos. La
escasa colaboración que les permitió salvar algunas vidas provino de la voluntad
personal de algunos funcionarios extranjeros que gestionaron por sus propios medios la
forma de sacarlos del país.A partir de enero del ‘77, cuando asumió la presidencia de EE.UU., Jimmy Carter llevó a cabo una política de firme defensa de los derechos humanos. Esto llevó a que su gobierno se manifestara activa y continuamente contra la represión que se estaba llevando a cabo desde el Estado argentino. “La embajada estadounidense funcionaba en ese momento como un centro oficial de recepción de las denuncias de nuestros familiares y de los organismos de defensa de los Derechos Humanos. Se contaba con el aval expreso del gobierno; no se trató de actitudes individuales sino de una postura general de la administración de Carter”, explicó a este diario Oscar Serrat, periodista de Associated Press, quien estuvo detenido y pudo ser liberado gracias a la presión del gobierno norteamericano. El caso de las embajadas europeas fue distinto. Nunca contaron con decisión política de los gobiernos de reclamar en forma oficial por la situación de los detenidos y los únicos casos que prosperaron fueron aquellos gestionados por representantes diplomáticos que intercedieron personalmente. Suecia tuvo una actitud intermedia: en el caso de la detención y desaparición de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, las gestiones que llevó adelante el embajador fueron aprobadas e impulsadas por el mismo gobierno. Ragner Hagelin, padre de la joven desaparecida, reconoció el apoyo oficial que recibió de la embajada. Su búsqueda empezó el 27 de enero de 1977, cuando su hija fue secuestrada. Desde el principio, tuvo reuniones con el embajador sueco, quien encabezó la gestión para lograr la liberación de Dagmar. En su conversación telefónica con Página/12, Ragner Hagelin elogió y a la vez criticó el accionar del gobierno de su país, ya que “si bien todo lo que hizo el embajador fue una gestión oficial, autorizada por el gobierno de Suecia”, también cometió lo que él considera un error imperdonable de toda diplomacia: actuar por lo bajo, silenciosamente, cuidando los intereses de su país. “El gobierno, a través de su embajador Bertil Kollberg, tomó a su cargo el tema de mi hija, tanto que hizo responsable de su vida al gobierno argentino. Suecia actuó activamente pero no a fondo. Si lo hubiese hecho con total energía y sin esa diplomacia silenciosa que buscaba proteger sus intereses económicos, yo sé que mi hija se hubiera salvado”, sentenció. Para España e Italia, adoptar una postura oficial que cuestionara el accionar de la dictadura argentina no fue una cuestión de Estado, ni siquiera cuando afectaba a sus ciudadanos. Ninguno de los dos países decidió tomar a su cargo la responsabilidad de reclamar por ellos. “Nosotros denunciábamos, ellos pedían y recibían negativas, pero no eran las mismas respuestas para todos, porque algunos tuvieron la suerte de ser salvados, no por el embajador o el cónsul, sino por las relaciones que podían tener a través de ciertas empresas italianas con el gobierno militar. De todos modos, siempre fueron actitudes personales. No había una política de ayuda de parte de la embajada porque tampoco la había desde el gobierno italiano.” Así describieron su experiencia Lita Boitano y Mabel Gutiérrez. Ambas forman parte de la agrupación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y aunque reconocen y agradecen lo que hicieron algunos representantes diplomáticos, saben que nada de lo que selogró fue por voluntad de los gobiernos, que prefirieron no quejarse oficialmente. Los familiares de los desaparecidos aún sienten indignación. Saben que a pesar de todas las pruebas que tenían, para las embajadas los negocios con la Argentina eran la prioridad. “Salvar vidas, era eso. Nosotros pedíamos por nuestros familiares vivos. Si cualquier gobierno se hubiera comprometido realmente, podría haberlo hecho”, dice Lita, consciente de que esa decisión podría haber cambiado sus historias. (Investigación de Florencia Griecco.)
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