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SIN
OLVIDO
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Por Adriana Meyer  La ex detenida Sara
Méndez iniciará un juicio contra los principales jefes militares de la dictadura por la
apropiación de su hijo de un mes de edad, en julio de 1976. Será la primera vez que una
madre y no una abuela entable una querella, ya que la característica era que las
secuestradas a las que robaban sus hijos no sobrevivían a su cautiverio, para garantizar
la impunidad. La denuncia es por la sustracción de Simón Antonio Riquelo, que le fue
arrebatado de sus brazos durante el operativo de su secuestro, cometido por militares
uruguayos que tenían su base operativa en el centro clandestino de detención Automotores
Orletti de Buenos Aires. Méndez se presentará en el juzgado de Adolfo Bagnasco, como
parte querellante en la causa que investiga la apropiación sistemática de los hijos de
los desaparecidos, en la que ya había declarado como testigo. El Plan Cóndor es el
contexto de la historia de esta maestra uruguaya que busca en nuestro país la justicia
que el suyo le niega. Sara Méndez militaba en el gremio del magisterio y en Resistencia Obrero Estudiantil, un grupo de origen anarquista que luego fue el Partido de la Victoria del Pueblo. Vino a la Argentina después del golpe de Estado que se produjo en Uruguay en junio de 1973. Cuando nació Simón ya habían secuestrado a su tío, Gerardo Gatti. La fueron a buscar a la maternidad Sardá, cambió de clínica y registró el nacimiento de su hijo con otro nombre. El 13 de julio de 1976 rompieron la puerta de su casa de la calle Juana Azurduy 3163, en Belgrano. Esa noche estaba acompañada por la enfermera Asilú Maceiro. Un militar le preguntó si lo conocía: era el mayor de ejército Nino Gavazzo, quien había estado al frente de la represión en Uruguay desde 1972. En realidad buscaban a su marido, Mauricio Gatti, y a otros uruguayos. Méndez fue torturada en su propia cama para obtener esa información. “Mientras me pegaban con cadenas y me ponían capuchas de nylon mi hijo lloraba a mi lado en su canastita que saltaba a cada golpe”, recordó en un reportaje concedido a Página/12 el año pasado. Cuando terminó el martirio le vendaron los ojos, la ataron de pies y manos y la llevaron al centro clandestino Automotores Orletti. Durante los diez días que permaneció allí escuchó las voces de otros compatriotas: Margarita Michelini, Eduardo Dean, León Duarte y Enrique Rodríguez Larreta. Volvió a ver a Gavazzo, quien dirigía los interrogatorios junto a otro oficial uruguayo llamado Manuel Cordero. “Lo más espeluznante que viví fue la muerte por golpes y asfixia por inmersión de un secuestrado de apellido Santucho. También recuerdo a una mujer embarazada que se llamaba Cristina de Santucho”, había dicho Méndez en aquella entrevista. En octubre de 1976 fue trasladada a Uruguay, donde los uniformados armaron un supuesto operativo de detención de características espectaculares. Pasó cinco años en la cárcel de Punta Rieles y salió en 1981. Simón Riquelo figura como desaparecido en los listados de la Conadep, y el hecho fue considerado como probado por la Cámara Federal en el juicio a los comandantes. Habían empezado a buscarlo cuando su marido volvió del exilio. Se enteraron de que el matrimonio Vázquez Morales –parientes políticos del superior de Gavazzo, el coronel uruguayo Juan Antonio Rodríguez Buratti– había adoptado un niño, cuyo nacimiento fue registrado un día antes del de Simón, y que tenía las mismas características físicas. Hablaron con ellos, pero no consiguieron que aceptaran el examen de sangre y la Suprema Corte de Justicia dejó librada la decisión al joven, que ya tiene 22 años. Sara lo ve en ocasiones y espera. Simón rechaza todo contacto, aunque le aseguró que alguna vez se hará el análisis. En agosto pasado, Sara también declaró como testigo en una investigación que tramita en el juzgado de Gustavo Literas. Allí los querellantes buscan probar que los militares que fueron indultados estando procesados no deberían haberse beneficiado con esa medida, porque consideran que el delito de desaparición forzada de personas es permanente y por lo tanto imprescriptible. Es decir, no se puede indultar un delito que se sigue cometiendo. Entre los imputados de este expediente figuran los oficiales que operaron en el marco del Plan Cóndor, la coordinación intercontinental de la represión en los años setenta. Los abogados de Méndez, Alberto Pedroncini y David Baigún, presentarán mañana el escrito de denuncia, en el que acusarán a los represores Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Reynaldo Bignone y quienes pudieran resultar responsables del delito de apropiación de menor. La presentación abordará la cuestión de la “cosa juzgada” que han alegado varios imputados en el proceso, porque las particularidades de su caso permitirán demostrar las limitaciones e insuficiencias de la absolución dictada respecto del delito de sustracción de menores por la Cámara Federal en el juicio a las juntas militares de 1985. Y es posible que se presenten nuevas pruebas de casos de apropiación de menores relacionados con el Plan Cóndor. El caso de Sara Méndez es único: los represores mantenían con vida a las detenidas que estaban embarazadas hasta que dieran a luz, no registraban el nacimiento, les sacaban el bebé y lo entregaban a otra familia, generalmente de algún militar. Hacer desaparecer a la madre era la condición para sellar el pacto de sangre y silencio que les asegurara la impunidad en el futuro. Sara sobrevivió.
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