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 A partir de hoy,
la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá exigir a todos los comercios,
"sin excepciones", tener instaladas las máquinas registradoras con "cajas
negras", también llamadas controladores fiscales. Las multas por incumplimiento de
la norma oscilan entre 300 y 4500 pesos y, en determinados casos, su falta puede dar lugar
a clausuras, señalaron fuentes de la AFIP. Como paso previo a la entrada en vigencia a pleno del nuevo régimen, el organismo fiscalizador lanzó un operativo en los tres últimos meses de verificación de cumplimiento de la obligación por parte de los rubros que ya estaban alcanzados. Como resultado de estas inspecciones, se detectó que el 52 por ciento de los comercios obligados ya habían instalado el equipo correspondiente, mientras que, entre los restantes, el 17 por ciento pudo demostrar que las máquinas respectivas no estaban disponibles en el mercado. Según declaró una funcionaria de la AFIP, "las panaderías, fábricas de pastas y heladerías fueron las ramas del comercio que mejor comportamiento demostraron, en tanto que las peores fueron los centros de deportes (gimnasios y canchas), peluquerías, bares y kioscos". De acuerdo al funcionario, "la mayor presencia de inspectores en la calle trajo aparejado un inmediato cambio de actitud en los contribuyentes". El objetivo del proyecto es restringir la posibilidad de evasión por medio de la instalación de un software que sólo habilita a los inspectores de la DGI a sacar información fiscal. Los precios de estos equipos oscilan entre los 900 y 1500 pesos, según emitan exclusivamente tickets o también facturas y estén equipados además con impresora. Para cumplir con los requisitos legales, los equipos que se instalen deberán contar con la homologación previa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Según interpretaron fuentes de la AFIP, aunque los comerciantes se encuentren inscriptos en el monotributo tienen la obligación de colocar el equipamiento. El cronograma fijado en noviembre pasado, después de una sucesiva serie de postergaciones, dejó establecido que ya en diciembre las pizzerías, confiterías, pinturerías y supermercados debían contar con los nuevos equipos. En enero, la instalación debía ser obligatoria para estaciones de servicio, tabaquerías, casas de música y comercios fotográficos. En febrero, el sistema incorporó a farmacias, perfumerías, bazares y veterinarias, mientras que a partir de hoy ingresa al sistema en forma masiva el resto del comercio. Los hipermercados, supermercados grandes y medianos, las carnicerías y heladerías ya estaban incorporadas al sistema al dictarse la referida resolución en noviembre. Junto con la ausencia de facturación, la falta de controladores fiscales es una de las infracciones con mayor frecuencia de sanciones por parte de las inspecciones que la AFIP realiza desde principios de año.
Un acuerdo sobre rieles
El ministro de la Producción de Salta, Gilberto Oviedo, precisó que el acuerdo contempla el establecimiento en dicha provincia de una delegación del Ente Regulador del Transporte Ferroviario, la que estará compuesta por un triunvirato con representantes de la Nación, el NOA y el NEA. Este organismo tendrá la responsabilidad de fiscalizar la realización de las obras e inversiones proyectadas en el corredor Norte del Belgrano. La Nación le había acordado a la UF, presidida por el ultramenemista José Pedraza, un subsidio de 250 millones de dólares en cinco años para la realización de dichos trabajos, pero la concesión otorgada por el Ejecutivo quedó trabada por la oposición a la misma en el Congreso. Oviedo explicó que, en esta oportunidad, serán las provincias las que gozarán de la facultad de explotar, "por sí o por terceros", el servicio, que enlaza a trece provincias con más de 10 mil kilómetros de vías. Las provincias no estarán obligadas a pagar canon, según puntualizó el ministro salteño, quien además informó que se realizará "una serie de consultas para definir los posibles mecanismos de contratación". A fines de diciembre, el gobierno de Salta había logrado trabar la adjudicación directa a la UF dispuesta por el Ministerio de Economía, mediante una medida cautelar de la Justicia.
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