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Por David Cufré  “El apagón expuso a
la luz pública la inoperancia de los controles estatales sobre las empresas
privatizadas.” Así lo sostiene Sandra González, presidenta de la Asociación de
Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), en un reportaje con
Página/12. Desde la conducción de una de las asociaciones de consumidores más activas,
sostiene que es “imprescindible” replantear el contrato de concesión con
Edesur. Pero advierte que “el Gobierno sólo acepta las renegociaciones de contratos
cuando son propuestas por las empresas para aumentar las tarifas o extender los plazos de
concesión”. Aunque marca una línea divisoria entre los organismos de control
creados por ley (ENRE y Enargas) y los nacidos por decreto, advierte que, “en los
hechos, son lo mismo”, acusándolos de responder a directivas del gobierno nacional y
carecer de independencia. –Edesur insiste en que pagará la multa de acuerdo a lo que establece el contrato de concesión y rechaza el monto que le impone el ente regulador. ¿La empresa tiene las de ganar en esa pulseada? –Edesur se ampara en lo que le permite una privatización mal hecha. Sabe que tiene argumentos para defenderse, aunque resulte indignante. Estamos pagando el precio de haber aceptado contratos leoninos. De todas maneras, queda la instancia judicial. Pero lo que se debe destacar es que acá hay responsables. Edesur lo es por el caos que generó durante once días al dejar a miles de personas sin servicio, pero más responsable es el Estado, que debió controlar las obras de la empresa y no lo hizo. No nos pueden decir ahora que el ente regulador fiscaliza los trabajos una vez terminados, porque así es como ocurren los desastres. –¿Es posible renegociar los contratos? –Es imprescindible, porque hoy por hoy estamos atados a normas que resguardan todos los derechos de las empresas, pero que se olvidan de los usuarios. No digo que haya que estatizar, pero tampoco podemos seguir así. Además, el Gobierno acepta las renegociaciones cuando son propuestas por las compañías para aumentar las tarifas o extender los plazos de concesión, como en los casos de los ferrocarriles, los peajes y los servicios de agua y cloacas. A mí me gustaría sentarme con Roberto Dromi, Rodolfo Barra y María Julia Alsogaray, que fueron los encargados desde el Gobierno de las privatizaciones, para preguntarles qué piensan ahora de este caos de la luz y de la actitud de Edesur, que se niega a pagar la multa que le ordenan. –¿Cómo se había desempeñado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) antes del apagón? –Hay que diferenciar los entes que fueron creados por ley, que son el ENRE y el Enargas, de los demás, que nacieron por decreto. Los primeros cumplen administrativamente con las audiencias públicas y cierta formalidad. Pero, en los hechos, son lo mismo. El caso más claro es el del Enargas. El año pasado convocó a una audiencia pública para tratar si se autorizaba a Gas Natural Ban a incluir en la misma factura el cobro del servicio, el de conexión y el de venta de artefactos (estufas, calefones y termotanques). Todas las asociaciones de usuarios nos opusimos, porque no se le puede cortar el servicio a una persona por atrasarse en el pago de un calefón. Decíamos que debía facturarse por separado. La única que estaba a favor era la empresa. ¿Y qué pasó? El ente le dio la razón, sin prestar la más mínima atención a nuestros argumentos. –¿Cómo evalúa el desempeño del ENRE durante el apagón? –El ENRE se acordó esta semana de emitir 46 resoluciones sobre las obligaciones de las empresas distribuidoras. Y se acordó que aún no fueron pagadas por Edesur multas de 1996. La intimación llega recién ahora, pero ni siquiera conocemos cuál es el monto de esas penalizaciones, porque en el Boletín Oficial no se publicaron. Es una vergüenza. Como también lo es que el presidente del ENRE, Juan Legisa, no suspendiera sus vacacioneshasta el viernes siguiente al apagón. ¿Si se le hubiera incendiado la casa también hubiera vuelto cinco días después? Como responsable del ente de control tendría que haber estado el martes en su puesto. –¿Es habitual que los entes reguladores encarguen estudios técnicos a otras entidades, como hizo ahora el ENRE al solicitar un peritaje a la Universidad de La Plata sobre las causas del apagón? –¿Para qué les pagamos el sueldo a los funcionarios de los entes? Ellos lo tendrían que haber hecho. Hay una falta de transparencia total. Una de las directoras del ENRE antes fue funcionaria de Edenor. Por una cuestión de ética, una persona que trabajó para una empresa después no puede dedicarse a controlarla. La Constitución establece que las asociaciones de usuarios deben formar parte de los entes. Pero, a casi cinco años de sancionada la ley, todavía no podemos participar porque no se reglamentó el artículo 42, que da esa instrucción. Por algo no querrán que formemos parte de los organismos de control. Lo grave de esto es que hizo falta el escándalo del corte de energía para que el Gobierno se acordara del tema. –¿Qué pasa con los demás entes, son mejores o peores que el ENRE? –Todos responden al Gobierno, cuando deberían ser ajenos a sus políticas. El ingeniero Ceballos, que participó en la redacción del pliego de licitación de Obras Sanitarias, hoy forma parte del ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios), el órgano de control de Aguas Argentinas. Rodolfo Barra encabezó desde el Gobierno el proceso de licitación de los aeropuertos, y hoy es el presidente del ente de control. María Julia Alsogaray renegoció el contrato de Aguas Argentinas sin dar participación al ETOSS que, además, en ningún momento impugnó ese cambio total de las condiciones del contrato original. Esa renegociación dio lugar a la creación del cargo SuMa, que representa un fuerte aumento de la tarifa. –En el servicio de los peajes no se constituyó un ente regulador. –Exactamente. La gente, si se quiere quejar, tiene que recurrir a las propias empresas. Es un ejemplo claro de que el Estado entregó negocios monopólicos y se desentiende del control. Hay que redefinir el rol del Estado, porque no puede seguir ausente mientras las empresas hacen lo que quieren. Telefónica, por ejemplo, cobraba 25 centavos el pulso de los teléfonos públicos, cuando el precio autorizado era 22. En Adecua nos presentamos a la Justicia para reclamar por esta situación, que a la empresa le permitía ganar 5 millones de pesos al año. Entonces la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le ordenó a Telefónica que bajara el pulso a 20 centavos en las llamadas con monedas. Eso fue el mes pasado, después de casi tres años que la compañía cobró de más. Se nos están riendo en la cara.
HUBO CORTES EN VILLA CELINA Y VICENTE LOPEZ
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