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 El juez
federal Jorge Urso investigará si el ministro de Trabajo Erman González, el canciller
Guido Di Tella y el titular del Ejército Martín Balza se enriquecieron en forma ilícita
mediante el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La medida, que hizo lugar a un
pedido del fiscal Carlos Stornelli, persigue reconstruir la ruta de las coimas pagadas en
el escándalo que más preocupa al Gobierno. La decisión de Urso amplía el objeto de la pesquisa hacia uno de los aspectos hasta ahora menos profundizados del caso. Se sabe, por ejemplo, que el traficante Diego Palleros, que permanece en Sudáfrica, pagó un retorno de 400 mil dólares a un “empresario altamente vinculado al Gobierno” para agilizar la salida del país del cargamento bélico, pero el destino final de ese dinero todavía es un misterio. Con su resolución, Urso también reafirmó su voluntad de continuar a cargo del expediente en momentos en que la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de tomar para sí una de las tres causas abiertas sobre el tema. Si así lo hiciera, el máximo tribunal podría luego absorber el caso que conduce Urso desde 1995, cumpliendo con una vieja aspiración del Ejecutivo. Ayer el juez se reunió durante casi una hora con el jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García, para pedirle oficialmente los legajos de cerca de 50 imputados. Además de Di Tella, González y Balza, la pesquisa abarca al titular de la Fuerza Aérea Juan Paulik, al ex ministro de Defensa Oscar Camilión, al actual embajador en la ONU Fernando Petrella y a Nicolás Granillo Ocampo, ex directivo de Fabricaciones Militares y hermano del ministro de Justicia. La investigación del patrimonio de los funcionarios había sido reclamada en principio por el abogado Ricardo Monner Sans, denunciante en la causa. Erman González se presentará este miércoles ante el juez para brindar una declaración espontánea. Urso había pedido el año pasado el desafuero de González, pero la mayoría justicialista de la Comisión de Juicio Político rechazó tal solicitud, por lo que el ministro mantuvo sus fueros especiales. Por eso, mañana hará un descargo, pero no podrá ser interrogado. De setiembre a esta parte González presentó cinco escritos a Urso, en los que deslindó su responsabilidad en el affaire; el último ingresó al juzgado el viernes pasado. El funcionario es investigado por falsedad ideológica de instrumento público cuando estuvo al frente del Ministerio de Defensa, entre 1991 y 1993. En ese lapso se firmaron dos decretos secretos que autorizaron la venta de armas a Panamá, un país que no tiene fuerzas armadas. El material terminó en Croacia y Bosnia, a pesar del embargo militar por parte de las Naciones Unidas. También está en la mira una autorización para vender armamento por cerca de 40 millones de dólares a Bolivia, un negocio que finalmente no prosperó. Por último, González fue quien designó como interventor de Fabricaciones Militares al empresario menemista Luis Sarlenga, hoy con prisión preventiva por el caso. En su descargo, González señaló que los decretos que autorizaron la venta de armas a Panamá “no contienen armamento pesado de tipo que se investiga como desviado a Croacia” y aportó pruebas con las que intentó establecer que el desvío se debió a la “mano de contrabandistas”.
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