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Por Susana Viau  El jueves de la semana
pasada cuatro empresas de transporte fueron las encargadas de acarrear a poco más de un
millar de afiliados de PAMI hasta las puertas de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires
para pedir la dimisión de su titular, Alicia Oliveira. El alquiler de los vehículos lo
habían gestionado los hombres de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Sólo
que, según pudo establecer Página/12, en el caso de una de las firmas, quien arrendó en
persona los ómnibus fue Cristina Domínguez, jefa del área de Relación con los
Beneficiarios de PAMI, precisamente la que tiene a su cargo el vínculo con los centros de
jubilados.Las empresas que participaron colateralmente de la algarada, además de las que proveyeron el catering, fueron L. F. Bus; Colprim bus; Mercobus y Pecadi. Este diario se comunicó ayer con los hermanos Jorge y Bruno Agnelli, propietarios de Colprim, con sede en Burzaco. Los Agnelli admitieron haber puesto al servicio de la manifestación 87 unidades de su flota, a razón de 140 pesos cada una y con la misión de llevar a los ancianos hasta el cruce de Belgrano y Entre Ríos. El día anterior a la movilización el servicio fue requerido “por Cristina Domínguez”, dijeron, quien pagó en efectivo en Hipólito Yrigoyen 615, sede de la Mesa Federal de Jubilados. Los responsables de Colprim extendieron un recibo por el monto total a nombre de “la CGT”. Lo curioso es que Domínguez tiene en PAMI la responsabilidad directa del trato con los agrupamientos paraoficiales de jubilados y pensionados y la distribución entre ellos de bolsones de alimentos, subvenciones y viajes. Esos centros, como contrapartida, se constituyen en parte del “aparato” que suele engrosar los contingentes de Parque Norte y, en las últimas semanas, repudiar ruidosamente la solicitud de paralizar la privatización de la obra social presentada por Oliveira ante la Justicia. El sector, y por lo tanto también Cristina Domínguez, dependen desde hace poco de tiempo de una nueva zona de la obra social: la de Calidad de Vida, gerencia creada “ad hoc” para la diputada justicialista Dolores “Loli” Domínguez (el apellido de ambas encargadas de la repartición es sólo una coincidencia), quien para poder cumplir con la tarea asignada solicitó una licencia de tres meses a las autoridades del Congreso. Cierto es que, en su favor, Cristina Domínguez podría alegar su carácter de afiliada a UPCN (una de las tres corrientes sindicales que nuclean a los empleados de PAMI), que con sus carteles tomó casi de manera formal el padrinazgo de la demostración del jueves. Aun así, las sospechas manifestadas por la oposición de que es el propio presidente de PAMI, Víctor Alderete, quien alienta la guerra de afiches con textos acusadores y el peregrinaje de jubilados hacia el local de la defensoría convierten en una imprudencia la intervención de la jefa de Relaciones con los Beneficiarios en la organización del acto. Las quejas de los ancianos, molestos porque habían recibido tarde o nunca la ración prometida, así como la generalizada ignorancia de los motivos de su presencia no hablan de la eficacia de Cristina Domínguez en temas de planificación. Tal como pudo leerse en la crónica publicada el viernes, los jubilados, en la absoluta inopia explicaban: “Venimos a protestar por la privatización de PAMI”, “vinimos a un acto contra Alderete”, “para un aumento de la jubilación mínima” y también “nos van a dar información sobre las redes”. Lo cierto es que, reclutados mayoritariamente en Merlo, Morón y San Justo, los beneficiarios se treparon a los vehículos con la promesa de que recibirían 50 pesos, un sandwich y una botellita de agua mineral, además del paseo por el centro de la ciudad. Y eso fue lo que, al final, hizo la mayoría. Al promediar los discursos apenas unos trescientos permanecían en los alrededores.
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En él, los hombres de Víctor Alderete actualizan día a día la cifra que
el titular de la obra social considera que se pierde por cada jornada de suspensión del
nuevo plan de salud para jubilados y pensionados (la foto corresponde al cálculo hecho
ayer). Luego de la marcha del jueves pasado, convocada y financiada desde el Instituto,
Alderete relanzó su ofensiva para presionar a la Justicia por una definición en su
favor. Los empleados del PAMI revelaron que, además del cartel, la obra social está
labrando actas ante escribano público para demostrar que diariamente cientos de abuelos
llegan a las oficinas del PAMI para intentar afiliarse al cuestionado sistema de atención
médica.