Por Pablo Ferreira
 Pese a la dura arremetida
del Gobierno contra Edesur en medio de la crisis eléctrica, las fallas en la
instrumentación jurídica de las decisiones del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) pondrían al Estado y a los usuarios inermes ante las negativas a
pagar de la concesionaria. Es más, las falencias legales en las resoluciones sobre
reparaciones por daños y perjuicios, que ascienden a unos 80 millones de pesos, dejarían
en manos de Edesur la alternativa de plantear resarcimientos muy gravosos para el Estado.
La compleja trama planteada ha inmovilizado a toda la línea de funcionarios, desde el
organismo de control hasta el ministro Roque Fernández. La posibilidad de esta
derivación fue incluso admitida ante Página/12 por el propio Gobierno. En la Secretaría
de Energía dijeron que “todo el procedimiento está bastante errado y es difícil de
sustentar legalmente”, tirándole la braza encendida a Juan Legisa, titular del
organismo de control.
El peligroso boomerang que terminaría beneficiando, a pesar de los ingentes daños
provocados a sus usuarios, a la compañía controlada por la chilena Enersis, también ha
sido denunciado por fuentes vinculadas a la Auditoría General de la Nación (AGN) y
juristas de la Alianza. La endeble posición del Gobierno obliga a los funcionarios a
negociar con Edesur. Los términos de las tratativas de la chilena Enersis apuntarían a
bajar los montos indemnizatorios. En tanto, la propuesta oficial se expresa en el planteo
de que “si no presionan (con los resquicios legales) no les quitaremos la
licencia”, una amenaza esgrimida por las autoridades desde que vieron ensombrecer su
imagen política por el histórico apagón.
Las grietas legales de las sanciones a Edesur por los daños a sus usuarios fueron
admitidas por un estrecho colaborador del secretario de Energía, César Mac Karthy. Pero
en el organismo acusan a Legisa de llevar “la cosa para ese lado”, motivo por el
que se excusan de dar explicaciones acerca del enredo jurídico actual. Por su lado,
Legisa ha impuesto un total silencio sobre los análisis que llevan a cabo en estas horas
sus principales expertos en leyes. Por si hubiera dudas, el vocero de Energía aseguró
que “todo el procedimiento (del ENRE) está bastante errado y es muy difícil de
sustentar legalmente”, aludiendo al rechazo de la distribuidora a pagar alrededor 80
millones de pesos por daños y perjuicios.
“El ENRE dictó la resolución 292, del 21 de febrero, sin que Edesur haya presentado
el descargo y sus propias pruebas, y sin que se haya dado tampoco el debido debate”,
gatilló a Página/12 una fuente muy próxima a la AGN. Para este especialista, “la
resolución está mezclando el régimen de la multa con el del resarcimiento por daños, y
esto puede provocar consecuencias gravosas al Estado”. Y, agregó, que “están
sancionando con un régimen de multa los daños y perjuicios”.
En tanto, el jurista Rafael Bielsa, cabeza –junto con Agustín Gordillo- del equipo
de expertos que preparó para los legisladores aliancistas el flamante informe sobre el
caso Edesur, sostuvo que no sería extraño que la concesionaria pueda buscar amparo en el
argumento denunciado desde la AGN. Sin embargo, Bielsa asegura que la doctrina contra la
posición del ENRE se sustenta en los denominados “poderes exorbitantes
implícitos” del Estado. Una posición –destacó– muy consolidada por la
jurisprudencia y por la doctrina nacional mayoritaria.
Audiencia
El ENRE, preocupado por cómo defender legalmente las duras sanciones
aplicadas a Edesur, salió al cruce de la encerrona jurídica que le prepara la
concesionaria. Ayer autorizó una audiencia pública para que los usuarios y las
asociaciones de defensa del consumidor planteen y discutan los perjuicios ocasionados por
el inédito apagón que dejó en la ciudad de Buenos Aires a más 500 mil personas sin
energía. La convocatoria, inicialmente prevista para el próximo lunes 8, fue diferida
por el organismo de control –también ayer– hasta el 30 de marzo.
La audiencia pública fue dispuesta por la resolución 298, del 24 de febrero pasado, que
se publicó ayer en el Boletín Oficial. Y responde a los pedidos formulados por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Foro de Asociaciones de
Consumidores y la Acción del Consumidor (ADELCO). Se prevé que participarán además de
usuarios y consumidores representantes del ENRE, de la Secretaría de Energía y de la
distribuidora del área sur metropolitana y legisladores de todos los bloques políticos,
en particular de la Alianza.
Por otra parte, el directorio de Edesur, a cinco días de concluido el grave colapso
eléctrico, defenestró a su cara más visible, el gerente general Jaime Manzano Tagle.
Una cirugía plástica que tendría su contracara –según observadores
políticos– en la expulsión del actual directorio del organismo de control. |
GRASSI LLEGO A UN ARREGLO CON HARD
COMMUNICATION
Susana firmó el cheque de la paz
Llegar a
un acuerdo extrajudicial con el padre Julio César Grassi en el escándalo de “Su
Llamado” les costó 680 mil pesos a Susana Giménez y 105 mil a Jorge Rodríguez: a
cambio de las donaciones que por ese monto comprometieron la diva y su novio, el cura
desistió de seguir reclamando ante la Justicia el pago del millón de pesos que
consideraba que le adeudaban de lo recaudado por medio de la línea de beneficencia 0-609,
y con la excusa de ayudar a su obra, en el ciclo emitido por Telefé.
La paz firmada entre Grassi y los organizadores del “Su Llamado” no sólo
contempla erogaciones de los bolsillos de Giménez y Rodríguez, sino también de las
arcas de Hard Communication, que asumió el compromiso de aportar casi 27 mil pesos en
concepto de publicidad a la revista de la Fundación Felices los Niños. Esa empresa
transfirió, además, al cura, el poder que tenía para ejecutar judicialmente a aquellos
que participaron del concurso televisivo y que por diversos motivos no pagaron sus
facturas telefónicas.
Aunque de esa forma podría conseguir otros 3 millones de pesos, Grassi anticipó ayer a
Página/12 que “sólo cobraremos ese dinero si pagan esas cuentas porque jamás
accionaría contra un moroso”. Por lo pronto, el cura ya tiene en su poder los 680
mil pesos que Giménez donó para que la Fundación Felices los Niños pueda finalizar la
construcción de su hogar infantil. Se trata del mismo albergue por el que la diva había
preguntado en forma sarcástica “¿pero qué quiere hacer, otro Sheraton?”,
cuando en agosto pasado y en medio del escándalo Grassi fue a su programa a decir que le
debían plata.
Grassi esperaba colectar por medio de su participación en el “Su Llamado”
alrededor de 1.400.000 pesos. La polémica estalló cuando el cura denunció que de ese
monto Hard Communication apenas le había liquidado 400 mil pesos.
“Cuando comenzaron a acercarse las posiciones yo traté de sacar todo lo que
pude”, confió Grassi sin ocultar su satisfacción por el acuerdo sellado ahora con
los organizadores del concurso, que le asegura un piso mínimo bastante cercano a sus
expectativas originales. Al dinero que ya le había abonado Hard Communication y al que
donó Giménez se sumará a partir de octubre próximo el aporte de 105 mil pesos que
–en diez cuotas mensuales– realizará Rodríguez para construir un centro de
rehabilitación para chicos discapacitados. Si encima consigue parte del dinero
correspondiente a los morosos del concurso habrá colectado más de lo que esperaba por el
solo hecho no querellar a Giménez y a su novio.
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