Por Cristian Alarcón
El Código de Convivencia
porteño cambia al ritmo de la campaña electoral. Anoche los legisladores de todos los
bandos daban por hecho que mañana será prohibida la oferta y demanda de servicios
sexuales callejeros. Lo que todavía estaba en etapa de negociación entre los dos
bloques aliancistas y en el interior del Frepaso era el texto definitivo de la nueva
norma. Presionados para conformar a las cúpulas nacionales de la Alianza, que quieren
iniciar la batalla electoral sin el estorbo del artículo 71, los líderes de
ambos bloques habían concertado que se prohibiría la prostitución en las
proximidades de viviendas, establecimientos religiosos o educacionales, comercios y
lugares donde se desarrollen actividades recreativas y deportivas. Pero para el jefe
de Gobierno, Fernando de la Rúa, no fue suficiente. De manera que el texto acordado por
las cúpulas extendió la prohibición a paseos públicos, plazas y
cementerios. Así, entre la enumeración de lugares vedados y la prohibición total
casi no existe diferencia.
El debate que el jueves se escuchará en la remodelada sede de la Legislatura será el fin
de una larga saga de cambios de postura en la mayoría de los legisladores porteños. Y lo
que anoche era altamente probable es que la Alianza vaya dividida a esa sesión. El mayor
de los temores de los radicales más ligados al delarruismo era que, para lograr la
cantidad suficiente de votos, deban conseguir el apoyo del PJ, y de esa manera la Alianza
votaría no sólo partida sino en paz con el enemigo.
Hace un año, la sanción del nuevo Código de Convivencia Urbano permitió por primera
vez, después de la derogación de los edictos policiales, que se pudiera ejercer
libremente la prostitución en las calles de Buenos Aires. Eso encendió la ira de los
vecinos más conservadores de Palermo y un interés mediático inusitado por el tema que
no bajó nunca de cartel. Desde que era precandidato a presidente, el jefe de Gobierno
pide públicamente la penalización del comercio sexual callejero. En julio, cuando se
modificó el Código de Convivencia, se sancionó el actual artículo 71 que considera
infractor a quien, al ejercer la prostitución, altera la tranquilidad pública. Hasta
aquel momento, el entonces precandidato a la presidencia no había logrado alinear a la
tropa radical en la Legislatura, y mucho menos a toda la Alianza.
Los tiempos políticos cambiaron. De la Rúa ganó las internas y ya desde que se
aproximó el 99 los máximos dirigentes de la Alianza, especialmente Carlos
Chacho Alvarez, comenzaron con las directivas a los legisladores para acceder
al pedido del candidato. El gobierno nacional nunca dejó de utilizar la crítica al
Código como arma para la pelea electoral. Hasta el propio presidente Carlos Menem
arremetió días atrás con el proyecto de reinstalar los edictos. La presión del
menemismo y el riesgo de volver atrás con las herramientas que la policía tiene para
detener sin garantías a los ciudadanos es una de las justificaciones que los radicales y
algunos frepasistas alineados con la cúpula esgrimen a la hora de volver sobre sus pasos
y pronunciarse por la prohibición.
De hecho, el tema está conversado desde diciembre en el interior de la
Alianza. Volvió al centro de la escena hace tres semanas, cuando el vicepresidente
primero de la Legislatura, Aníbal Ibarra, participó por primera vez en una reunión de
gabinete. A partir de allí comenzó una serie de reuniones entre el Ejecutivo, Ibarra por
el Frepaso, y la presidenta del bloque radical, Gabriela González Gass. Hasta el viernes,
los bloques aliancistas habían acordado un texto prohibicionista, pero con la
especificación de lugares que dejaba algunas zonas donde sí podrían trabajar las
prostitutas. El lunes, después de los cachetazos de Menem, De la Rúa contestó a
la propuesta de los legisladores porteños con un nuevo apriete público.
Ibarra y González Gass volvieron a reunirse con De la Rúa en su despacho ayer a la
mañana. Salieron de allí con un nuevo acuerdo: prohibir la oferta y demanda de servicios
sexuales también en plazas, paseos públicosy cementerios. Eso significa que
ya no habría ni siquiera lugares alternativos para las trabajadoras sexuales, o sea una
virtual prohibición total. Como si se tratase una pomada después de una quemadura
intencional, los bloques aliancistas ya acordaron la sanción de un proyecto largamente
demorado, el que contempla un programa de reinserción social y laboral para las mujeres
que quieran abandonar la prostitución.
Programa de reinserción
Por C.A.
Una de cal y otra de arena parece haber sido el leit motiv de
los legisladores porteños a la hora de negociar la prohibición total de la prostitución
callejera. Así es que además del proyecto prohibicionista que reclama el jefe de
Gobierno, Fernando de la Rúa, se votaría el jueves un proyecto de ordenanza que crea un
programa de reinserción social para trabajadoras sexuales. El proyecto crea una comisión
interdisciplinaria que deberá instrumentar proyectos de microemprendimientos y
capacitación laboral que tendrán prioridad en el sistema de contrataciones del
gobierno de la ciudad.
El proyecto lleva las firmas de tres diputadas que mañana votarán enfrentadas. Por un
lado, la jefa del bloque radical, Gabriela González Gass, quien tuvo a su cargo la
redacción del nuevo artículo y, por el otro, las frepasistas Dora Barranco y María
Elena Naddeo, que no acuerdan con la prohibición del trabajo sexual en la calle. El
programa que idearon, en conjunción con varias ONG que trabajan con mujeres en situación
de riesgo, fue bautizado Programa de Recuperación de Derechos (PRED) y registra
antecedentes en algunas ciudades europeas en las que los gobiernos han invertido recursos
en reconvertir la situación de quienes comercian con su cuerpo. El PRED será
instrumentado desde la Secretaría de Promoción Social, a través de la Dirección de la
Mujer y con la participación de unas doce organizaciones de derechos humanos y de mujeres
porteñas, entre ellas la Asociación de Meretrices Argentinas (AMAR). Entre sus
objetivos, el programa incluye la progresiva superación de la subordinación de las
personas vinculadas al ejercicio de la prostitución, a patrones culturales y económicos
de explotación sexual.
Larga marcha hacia atrás
La Alianza, según todos los pronósticos oficiales, llega dividida a la votación
de mañana.
Fernando De la Rúa y Chacho Alvarez acordaron hace meses la necesidad de prohibir
la prostitución callejera para frenar las críticas menemistas en medio de la campaña.
Aníbal Ibarra y Gabriela González Gass escribieron el texto del nuevo artículo
que complace al jefe de Gobierno.
Hubo un primer anteproyecto que prohibía el comercio sexual en proximidad de
casas, iglesias, colegios y lugares de recreación y prácticas deportivas.
La última versión, acordada ayer a la mañana, extiende la prohibición a
plazas, paseos públicos y cementerios.
Más de la mitad del bloque del Frepaso rechaza esa alternativa y votará en
contra, por lo que el radicalismo busca el voto del PJ y ND. |
DE LA RUA NECESITA EL VOTO OPOSITOR
Votando con el enemigo
Por C.A.
Da la impresión de que
nunca un legislador porteño trabaja tanto como el día en que el tema es la prostitución
callejera. Ayer fue otra de las ya conocidas jornadas maratónicas donde casi todo tiene
que ver con el que fue indiscutiblemente el gran tema del 98 para los diputados de
la ciudad y el Ejecutivo.
Cuando los frepasistas creían que el último de los acuerdos se respetaba y habían
decidido ceder en mayoría a una prohibición casi total del trabajo sexual callejero, el
bloque del radicalismo, a última hora de la tarde los partió al medio al sostener como
texto el que bajó de la oficina de Fernando de la Rúa con una exhaustiva enumeración de
lugares prohibidos, incluidos los paseos públicos. Ahora ni siquiera nos van a
dejar usar preservativo, fue el comentario capcioso de uno de los diputados que no
consiente el último de los cambios, para quien a esta altura, las presiones de las
cúpulas ya resultan violatorias.
Los reposicionamientos de los frepasistas ante esta última noticia dejaron lugar para que
no sean solamente los súper progres, como los llaman sus colegas, quienes se
nieguen a la reforma del artículo 71. Se trata de los diputados Eduardo Jozami, Dora
Barranco y el radical Facundo Suárez Lastra, quienes no han variado su postura en contra
de cualquier penalización. El resto había optado por una tercera posición, la de
aceptar el texto donde se prohibía la oferta y demanda de servicios sexuales sin
mencionar los paseos públicos, lo que dejaría lugar a ciertas zonas de la ciudad donde
sí podrían trabajar las meretrices. Entre ellos estaban los seis diputados socialistas y
el propio jefe del bloque, Raúl Eugenio Zaffaroni. Pero quienes habían cedido hasta ese
punto se pusieron duros ayer. Además, tampoco acceden a la reforma planteada por De la
Rúa los legisladores Cristina Zaccardi, María Elena Naddeo y Delia Bisutti. Además del
único radical disidente, Suárez Lastra. Es por eso que anoche a última hora un radical
cercano a De la Rúa le reconocía a este diario que los números no cierran. Eso
obligaría a los radicales a buscar el apoyo del PJ y Nueva Dirigencia para votar la
prohibición total.
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