Por José Natanson
 Aunque no es función de
los decretos legislar, y menos ampliar o cambiar una ley existente, el Presidente Carlos
Menem firmó ayer un decreto por el que ordena a la Policía Federal que arreste a
cualquier sospechoso en ocho casos. Entre otros, si realiza reuniones tumultuosas contra
alguien, en clara alusión a los escraches, si ofrece sexo en la vía pública y si porta
un cortafierro. Además de avanzar sobre facultades del Congreso, el Ejecutivo nacional
ocupa un área de la ciudad de Buenos Aires, que ya cuenta con su código contravencional
propio.
Apenas se conoció la noticia, la Alianza salió rauda a denunciar la reinstauración de
los edictos y la violación de la autonomía porteña. Pero la posición cambió
radicalmente cuando el propio Fernando de la Rúa intentó quitarle trascendencia al tema,
con el argumento de que sólo se trata de hacer cumplir una ley en vigencia, una mención
a la Ley Lázara, que en 1991, para limitar los arrestos injustificados, estableció la
posibilidad de una demora de diez horas en la comisaría. Más allá de esa
interpretación, que fue impugnada por el propio autor de la ley, lo cierto es que el
presidente se dio el gusto de reinstalar, en los comienzos del año electoral, uno de los
debates que más costos generó en el candidato de la Alianza durante el año pasado: el
que giró en torno al Código de Convivencia Urbano.
El anuncio se concretó ayer por la mañana. “El presidente ha ordenado a la Policía
que se haga respetar el contenido de los edictos hasta cubrir el vacío que originó el
Código de Convivencia Urbano”, anunció el ministro del Interior, Carlos Corach,
admitiendo que la reimplantación virtual de los edictos policiales no es una figura
retórica. El decreto, que entrará en vigencia apenas se publique en el Boletín Oficial,
ordena a la policía “el estricto cumplimiento” de la Ley 23.950 (conocida como
Ley Lázara), “debiendo en consecuencia proceder a conducir a la dependencia policial
que correspondiere (...) a quien o a quienes incurrieren, entre otras, en alguna de las
siguientes conductas” (ver aparte).
Cuando se conoció la decisión de Menem, De la Rúa se encontraba reunido con Carlos
“Chacho” Alvarez y con el diputado radical Rafael Pascual en el despacho de la
Jefatura de Gobierno. Conversaban sobre la gira por Brasil que iniciarán el próximo
lunes.
–Antes de declarar nada quiero ver el texto –dijo el jefe de Gobierno porteño
cuando le comunicaron la noticia.
La cautela del candidato de la Alianza no impidió que radicales y frepasistas salieran
raudos a impugnar el decreto. El secretario de Gobierno de la ciudad, Enrique Mathov, lo
comparó con una intervención federal. El vicepresidente de la Legislatura, el frepasista
Aníbal Ibarra, anunció que estaba estudiando la posibilidad de iniciar una
“denuncia penal” contra el presidente. También desde el Frepaso, la diputada
Graciela Fernández Meijide aseguró que el decreto es “un atropello del
menemismo”.
Hasta que a las cinco de la tarde De la Rúa se comunicó con un grupo de dirigentes de
confianza y explicó la línea oficial (ver aparte), que hizo estragos en la posición
inicial de los dirigentes de la Alianza. Algunos, los más alineados con De la Rúa, se
desdijeron de lo que habían afirmado por la mañana. “Lo grave es que usa un decreto
con fines electorales, pero no implica vulnerar la autonomía ni nada parecido”,
sostuvo Mathov. Sin embargo, el ex diputado Simón Lázara, autor de la ley citada por el
decreto, aseguró que se trata de “una brutalidad jurídica” (ver aparte).
La decisión del gobierno nacional de aprovechar el debate sobre el Código de Convivencia
para golpear al candidato de la Alianza en su flanco más débil no es nueva. En la
edición del domingo 21 de febrero Página/12 publicó un decreto con membrete del
Ministerio del Interior. A diferencia del que firmó ayer, el primer borrador no dejaba
lugar a dudas: reestablecía los edictos policiales en la Capital Federal. Fernando de la
Rúa se había enterado de la existencia del proyecto el día anterior. Según confió un
dirigente cercano al jefe de Gobierno porteño, la primera reacción fue restarle
trascendencia al asunto. El candidato de la Alianza interpretó el proyecto como una
jugada de Menem para distraer la atención del electorado porteño del desastre de los
cortes de luz. El lunes siguiente, temprano por la mañana, tanto Corach con el secretario
de Seguridad, Miguel Angel Toma, salieron presurosos a negar la existencia del decreto.
Fue el propio presidente el encargado de ratificar la información. “Vamos a
reinstaurar los edictos en la ciudad de Buenos Aires caiga quien caiga y pese a quien le
pese”, dijo en el marco del discurso que pronunció el miércoles de la semana pasada
en Parque Norte, mientras las barras menemistas clamaban por la re-reelección. La
confirmación presidencial no impidió que, al día siguiente, Corach volviera a desmentir
la posibilidad de restablecer la vieja legislación policial en el territorio que gobierna
el candidato de la Alianza. “Lo niego y lo sigo negando”, sostuvo el
funcionario.
El decreto
El decreto 150 establece taxativamente las figuras
“predelictuales” en virtud de las cuales a partir de ahora los porteños podrán
ser llevados a una comisaría. El decreto no menciona en ningún momento la palabra
“edictos”, pero la mayoría de las figuras guarda una puntillosa coincidencia
con aquellas normas policiales:
Los que llevaren consigo llaves falsas o ganzúas, cortafríos, palancas, palanquetas y
otros elementos de efracción o cualquier otro objeto análogo que permitan
fundamentalmente presumir que se destinarán a cometer delitos.
Los conductores de vehículos que los facilitaren a sujetos conocidos como ladrones o que
sirvieren a éstos a sabiendas.
Los que realizaren reuniones tumultuosas en perjuicio del sosiego de la población o en
defensa de persona determinada.
Los que llevaren consigo cualquier tipo de arma, fuera de los casos y condiciones
legalmente autorizados.
Los que se encontraren en estado de ebriedad o bajo la acción de alcaloides o narcóticos
en lugares públicos o sitios expuestos al público.
Los que provocaren o molestaren a los vecinos o transeúntes con palabras o ademanes que
implicaren una ofensa a la moral.
Las personas de uno u otro sexo que en lugares públicos o sitios expuestos al público
incitaren o se ofrecieran al acto sexual, cuando ello provocare una perturbación del
orden y la tranquilidad públicos, u ofensa pública al pudor mediante palabras, actos o
ademanes obscenos.
Los sujetos conocidos como profesionales del delito que se encontraren merodeando en
lugares públicos o sitios expuestos al público sin causa justificada. |
DE LA RUA PREFIERE MINIMIZAR EL DECRETO
PRESIDENCIAL
“Esto es cartón pintado”
Por J. N.
Luego de analizar el
texto del decreto durante varias horas, Fernando de la Rúa dialogó con Página/12 sobre
los alcances de la norma firmada ayer por el presidente Carlos Menem. A continuación, la
interpretación del jefe de Gobierno porteño que obligó a las segundas líneas de la
Alianza a dar un giro en su posición inicial.
–¿Cuál es su opinión sobre el decreto?
–Es cartón pintado. Creo que, contrariamente a lo que anunció Menem en un
principio, lo que terminó saliendo no es más que un acto de propaganda.
–¿Por qué?
–Porque el texto sólo ordena a la Policía Federal que cumpla la ley 23.950, la ley
Lázara, lo que sin duda es algo que tiene que hacer. Lo que hace es reafirmar que hay que
hacer cumplir esta normativa.
–¿No implica reinstaurar los edictos en la ciudad de Buenos Aires?
–No. Porque la ley Lázara faculta a la policía a detener a una persona con el
objetivo de confirmar su identidad si se encuentra en situación delictiva o
contravencional. El decreto enumera una serie de circunstancias en las que podría
encontrarse esa persona. Nada más.
–¿Su interpretación es que es un decreto reglamentario de la ley?
–Creo que en realidad se superpone con la ley, y por eso siembra confusión y
pareciera que reestablece los edictos.
–¿Atenta contra la autonomía de la ciudad?
–No.
–Entonces para usted el decreto no es malo...
–Sí. Desde el punto de vista de la técnica jurídica es un desastre, porque siembra
confusión en la policía. Cuando detiene a alguien, la policía tendrá que decidir si se
trata de una contravención o de un delito.
–¿Cuál es su lectura política?
–El Gobierno quiere aprovechar el tema de la seguridad, y por eso lanza este globo
que no va a tener ningún efecto concreto.
SIMON LAZARA, EL AUTOR DE LA LEY INVOCADA POR
MENEM
“El decreto es una barbaridad”
El ex
diputado socialista Simón Lázara es el autor de la ley 23.950, un intento por limitar
las facultades de la policía para detener personas con la excusa de la averiguación de
antecedentes. Fue esta ley la que utilizó ayer Carlos Menem para reinstalar la discusión
sobre los edictos policiales.
–¿El decreto reglamenta la ley?
–No. Lo que hace Menem es modificar (no reglamentar) tres leyes, porque incorpora una
serie de circunstancias que no figuran en la ley y en las cuales la policía puede detener
personas. Lo que hace el decreto no es reglamentar la ley, sino modificar el Código
Penal, el Código de Procedimientos y la Ley Orgánica de la Policía. Es una brutalidad
jurídica.
–¿El espíritu del decreto es contrario al de la ley 23.950?
–Por supuesto. Mezcla cuestiones contravencionales con criminales, lo cual es una
barbaridad. El Gobierno, con esa capacidad para convertir el oro en barro, transformó una
ley garantista en un mamarracho jurídico y autoritario.
–¿Vulnera la autonomía de la ciudad?
–Sí. La Constitución de la Ciudad, en el artículo 13, inciso 9, sostiene que
“se erradica de la legislación de la ciudad y no puede establecerse en el futuro
ninguna norma que implique expresa o tácitamente peligrosidad sin delito”. En
cambio, el decreto incorpora la figura del merodeo, cuando dice que la policía puede
detener a “los profesionales del delito que se encontraren merodeando en lugares
públicos o sitios expuestos al público”. Esto es detener a alguien por peligrosidad
sin delito. ¿Quién decide qué es un “profesional del delito”?
–¿Qué opina de la interpretación de Fernando de la Rúa?
–Creo que está equivocado. Pero es público que quiere un código más duro. Está
cediendo a la presión social por el tema de la inseguridad, y la verdad es que el pánico
es un mal consejero en materia penal. Si este fuera un país serio este decreto crearía
un conflicto institucional gravísimo.
“Cuando la Policía tiene un marco
ambiguo, abusa”
Cuatro juristas desmenuzaron el
decreto: las dudas sobre su constitucionalidad y la legalidad de las detenciones que
se hagan.
La ambigüedad y lo contradictorio de la
norma le da a la Federal un poder discrecional.
No se sabe a qué jueces serán remitidos los presuntos infractores cuando sean detenidos. |
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Por Pedro Lipcovich
“Las detenciones que
se produzcan por el decreto 150 serán ilegítimas”, sostuvo un profesor de Derecho
Constitucional en la UBA, quien afirmó que la disposición “viola la Constitución
nacional”. La mayoría de los especialistas consultados por este diario cuestionaron
los ocho incisos del decreto: los que conciernen a contravenciones, porque deberían ser
materia de la Legislatura porteña; los que conciernen a delitos, porque ya están
contemplados en el Código Penal. Tampoco resulta claro a qué jueces remitiría la
policía estos detenidos. Y la consecuencia –o la razón de fondo– de tanta
confusión estaría en que “cuando la policía tiene un marco ambiguo, complejo y
contradictorio, abusa”.
Para Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, “con este
decreto, el Presidente de la Nación se inmiscuye en una materia, las contravenciones y
las faltas, que es exclusiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno
nacional no tiene competencia territorial al respecto, y así lo indican el artículo 129
de la Constitución nacional, y la ley 24.588”. La persona que fuese detenida sobre
la base del decreto 150 “sufriría una detención ilegítima, y así debiera
denunciarlo ante el juez”.
En cambio Ricardo Balestra, docente de Derecho Internacional Privado en la UBA, sostuvo
que “el decreto no es inconstitucional, ya que la Policía Federal todavía pertenece
al gobierno nacional; la medida se vincula con hechos como la muerte de dos chicos en
Buenos Aires Vivo, o la violencia en el fútbol, y debe entenderse como una disposición
provisoria hasta tanto las autoridades de la ciudad tomen medidas definitivas para
asegurar el orden público”.
Rafael Bielsa, consultor internacional en sistemas judiciales, observó que “la ley
24.588 (‘Ley Cafiero’), reconoce a la Ciudad Autónoma la jurisdicción
contravencional, a la que concierne el decreto”, que “es un brutal avance del
gobierno central sobre la autonomía de la ciudad”.
La condición que hizo posible el decreto 150 se sustenta en dos demoras, que señaló a
este diario Humberto Quiroga Lavié, titular de Derecho Constitucional en la Universidad
de La Plata e integrante del Consejo de la Magistratura: “No se produjo hasta ahora
la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma, y tampoco se le transfirió
la Justicia federal ordinaria, que se ocupa de los delitos cometidos en la ciudad”.
El inciso que permite detener a quienes lleven cortafríos o palanquetas. “Invierte
la carga de la prueba: cualquiera que lleve un cortafrío puede verse obligado a demostrar
que lo hace con un fin lícito, si la policía ‘sospecha’ lo contrario”,
comentó Bielsa.
Horrorizó a los juristas el inciso que permite detener por “merodeo”. Bielsa
destacó: “A eso se lo llama ‘derecho penal de autor’ o, más simplemente,
por portación de cara”. Para Quiroga Lavié, “el Gobierno parece tipificar por
decreto un delito que no estaba en el Código Penal, lo cual contradice el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución nacional”.
En cuanto a las “reuniones tumultuosas en ofensa de persona determinada”, Bielsa
observó que este inciso “parece dirigido específicamente a los escraches” y
que “ya en el actual Código de Convivencia se prohíben los ruidos que alteren la
tranquilidad”.
Bielsa recordó además que “ese mismo código prohíbe ofrecer servicios sexuales
hostigando a los vecinos, pero la policía no ha venido interviniendo, para forzar una
decisión que le devolviera su situación anterior, cuando tenían la caja”.
Es que “el actual Código de Convivencia produjo una gran transferencia de ingresos,
desde que la policía no pudo seguir sacándoles plata a las prostitutas como en la época
de los edictos”, precisó. Ahora, el decreto 150 le permite a la policía detener a
quienes “inciten al acto sexual” o efectúen “ademanes obscenos”,
pero, observó Quiroga Lavié, “la exhibición obscena ya está penada por el Código
Penal”. La razón de fondo de estas confusiones sería que “cuando la policía
tiene un marco ambiguo, complejo,contradictorio, abusa: este decreto le otorga un poder
importante e impreciso”, resumió Bielsa.
Por lo demás, el decreto no especifica a qué jueces serán remitidos los detenidos:
“Hay que suponer que irán a la Justicia correccional pero, entonces, algunas
contravenciones serán juzgadas por los magistrados contravencionales y otras, o las
mismas, por los correccionales..., salvo que la confusión responda a que la sanción, de
hecho, haya de ser aplicada por la policía, como en la época de los edictos”,
comentó Bielsa.
EL ARTICULO QUE PERMITE REPRIMIR LOS ESCRACHES
Una alegría para los ex represores
El
“escrache”, el modo de protesta y de poner en evidencia a los represores de la
dictadura inventado por los hijos de los desaparecidos, tiene su propio lugar en el
decreto presidencial. El inciso “c” permite la detención de personas “que
realizaren reuniones tumultuosas en perjuicio del sosiego de la población o en ofensa de
persona determinada”. Desde la agrupación HIJOS, el repudio fue inmediato:
“Tanto el gobierno nacional como el de la ciudad (ya que Menem dio el indulto y los
radicales dieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final) garantizan la impunidad de
los genocidas; ahora quieren garantizar que no marquemos las casas de los asesinos”.
El escrache ha sido incorporado por los militantes de los derechos humanos para denunciar
públicamente a los militares que torturaron, secuestraron y asesinaron durante la última
dictadura militar, y que fueron beneficiados por las leyes de los gobiernos de la
democracia. Consiste en una manifestación en la puerta del domicilio del escrachado, en
la que se recitan las tareas en las que participaron, para que los vecinos y la sociedad
les impongan una “condena social”. El método excedió a HIJOS: otras
organizaciones (o damnificados por algún hecho) hacen ahora sus propios escraches.
“Este ejercicio cívico activo de denuncia pública ha generado desde su
implementación la mayor incomodidad para las autoridades, que preferían una sociedad
‘reconciliada’ en el olvido”, sostuvieron ayer la CORREPI (Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional), HIJOS (Hijos por la Identidad y la
Justicia, contra el Olvido y el Silencio) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Daniel Stragá, abogado de la CORREPI, dijo a Página/12 que el decreto presidencial
“es una nueva vuelta de rosca en materia represiva, que tiene un doble efecto para el
Poder Ejecutivo: por un lado, castigar a De la Rúa; por otro, que es lo que más nos
interesa, más allá de que es inconstitucional y plantea cosas absurdas como la
generalidad de las figuras (como el merodeador), es la prohibición de los escraches. El
refuerzo del aparato represivo del Estado por medio de este decreto tiende a lo que apunta
desde hace mucho tiempo el Gobierno: a castigar el escrache, ya que según ellos altera la
paz social”.
Mario de la Rosa, integrante de la agrupación, manifestó su indignación: “Menem
está pasando por arriba al gobierno de la ciudad, y nos está involucrando a nosotros en
primer lugar porque en su decreto no se puede juntar gente y nosotros hacemos los
escraches. Pero además van a volver a levantar a gente que está tomando una birra en la
calle y a las prostitutas. El escrache lo vamos a hacer igual. O ¿qué?, ¿nos van a
prohibir hacer una manifestación?”
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