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 "No cometí
ningún delito ni negocié personalmente con nadie; todas las tratativas se hicieron en
Fabricaciones Militares", repitió Erman González en la puerta de los tribunales
federales, luego de declarar ante el juez Jorge Urso en la causa por la venta ilegal de
armas a Croacia. El ministro de Trabajo hizo un descargo que le llevó casi cuatro horas,
pero habló protegido por los fueros que impiden a la Justicia indagarlo y eventualmente
procesarlo. La decisión de Urso de tomarle declaración en estas condiciones fue
calificada de "incoherente" por la oposición y rechazada por el fiscal de la
causa Carlos Stornelli, que no presenció la audiencia tras explicar estaba impedido de
formular preguntas de cargo. El ministro, imputado por falsedad ideológica de instrumento público por haber impulsado los decretos presidenciales que permitieron la salida de las armas, no contuvo su furia contra Stornelli y lo acusó de buscar "notoriedad" al formular cargos contra funcionarios del Gobierno. "Me gustaría saber si realmente busca la verdad de todos estos hechos que él está catalogando como ilícitos o está buscando otra cosa", sostuvo al retirarse de la audiencia. Pero aclaró que no considera necesario renunciar a su inmunidad procesal, "porque me estoy prestando espontáneamente a todas las indagatorias (sic), y aportando todas las pruebas para que la Justicia tenga los elementos" para actuar. Erman expuso su descargo asistido por el ex juez y abogado Fernando Archimbal, también defensor de Genaro Contartese en el caso IBM-Banco Nación y asesor de Emir Yoma. De setiembre a esta parte había presentado cinco escritos deslindando su responsabilidad en el caso y pidiendo ser recibido por el juzgado "para clarificar definitivamente" su situación. Por eso ayer, según confirmaron sus voceros, no entregó nueva documentación a Urso, sino que expuso en base a lo ya enviado. Al ser consultado sobre su rol en el tráfico de armas sostuvo que "si se ha producido un desvío tendrá que estudiarse en otro estamento, y no en mi accionar". Los cargos contra el ministro están basados en su participación en la firma de dos decretos que aprobaron la provisión de armas a Panamá, un país que no tiene fuerzas armadas. El armamento fue desviado a Croacia mientras regía el embargo dispuesto por Naciones Unidas. También se investiga la firma de otro decreto que en 1992 autorizó la venta de material bélico a Bolivia, un negocio que finalmente no se concretó. González fue también quien designó como interventor de FM al empresario menemista Luis Sarlenga, hoy con prisión preventiva por el caso. En setiembre del año pasado, Urso pidió el desafuero del funcionario para poder tomarle indagatoria, pero la mayoría justicialista de la Comisión de Juicio Político rechazó tal solicitud. Por eso ayer el diputado del Frepaso Horacio Viqueira calificó de "incoherente y contradictoria" la actitud del magistrado. "Es poco comprensible que haya aceptado realizar este interrogatorio que resulta un acto procesal nulo", puntualizó el legislador. Ricardo Monner Sans, abogado denunciante en la causa, criticó en el mismo sentido la decisión del magistrado y señaló que la declaración de Erman "fue una especie de presentación para entretener al público, sin ninguna validez técnica". Antes de abandonar el juzgado, González puso a disposición de Urso sus declaraciones de bienes, una estrategia ya adoptada por el titular del Ejército Martín Balza y otros imputados ante la decisión de la Justicia de investigar la ruta de las coimas pagadas en el tráfico de armas.
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