Por Julio Nudler
 Aunque la sustitución
del peso por el dólar es para la mayoría de los entendidos un proyecto muerto, Pedro Pou
sigue invirtiendo tiempo en impulsarlo y preparando junto con Hacienda un sesudo trabajo
que podría quedar concluido a fin de mes, para servir como presentación formal de la
iniciativa ante sus pares norteamericanos, Alan Greenspan y Lawrence Summers. Mientras
tanto, el presidente del Banco Central volvió a recibir ayer a un grupo de economistas
para continuar propagandeando la iniciativa que lanzó en enero Carlos Menem. También en
la víspera, un despacho de la agencia Reuters, fechado en Buenos Aires, aseguraba que el
país quiere desprenderse de 16.000 millones de dólares que posee en bonos del Tesoro
estadounidense, para recibir a cambio los correspondientes billetes verdes, que canjeará
a su vez por el papel moneda nacional. Como fuente se menciona a “un alto funcionario
del Banco Central”.
El cable sigue explicando que la Argentina pretende que Washington, no obstante, le siga
pagando la renta de esos bonos, lo que se conoce como “señoreaje”. En rigor,
aunque la cifra dista de ser la correcta (en realidad, se parece más al monto de la base
monetaria en pesos a rescatar), la operación fue aconsejada por Paul Volcker, ex titular
de la Reserva Federal (banca central de Estados Unidos) y hoy consultor privado en busca
de negocios con la Argentina, explotando los contactos que estableció en su época de
altísimo funcionario.
Según esta idea, la Argentina entregaría los bonos del Tesoro norteamericano como
garantía, reteniendo por tanto su propiedad y el consiguiente derecho de percibir la
renta que devengan. Con el respaldo de esos papeles caucionados a su favor, Estados Unidos
debería realizar una emisión especial de dólares que le prestaría a la Argentina a
largo plazo. El detalle particular de esta operación consiste en que se trataría de un
préstamo gratuito, a conceder por las presuntas ventajas que obtendría Washington por la
dolarización argentina.
Como quiera que sea, el acuerdo tendría un costo fiscal para los norteamericanos, y por
tanto exigiría –según indicaron economistas no gubernamentales a Página/12–
que el Capitolio vote la correspondiente partida, lo que constituye una piedra más en el
camino de este proyecto.
Lo único concreto hasta ahora es que Greenspan descartó de plano que Estados Unidos se
involucre en la eventual decisión argentina de reemplazar el peso por el dólar,
aclarando además que la política monetaria de EE.UU. seguirá atendiendo exclusivamente
a la situación de su economía. Lo que Pou, con el acompañamiento de Pablo Guidotti
(Hacienda), quiere de Washington son tres concesiones. Una es el ya mencionado señoreaje.
Otra es la habilitación de una ventanilla especial, a la que poder acudir en momentos de
apuro, para contar con un prestamista de última instancia. Y, en tercer término, un
trato preferencial respecto del Nafta.
Otro sinsabor se lo deparó a Pou –y a través de él al presidente Menem- la
calificadora de riesgo Moody’s, que acaba de advertir que la dolarización no le
haría mejorar la nota adjudicada al país, ya que las debilidades de esta economía
seguirían siendo las mismas aunque desapareciera la chance de una devaluación. A falta
de riesgo cambiario, la Argentina seguiría soportando una deuda muy pesada y poca
capacidad de generar divisas por la falta de competitividad, los bajos precios de las
commodities que exporta, la grave crisis brasileña y otros factores.
Los menemistas abrazados a la idea creen que Estados Unidos finalmente accederá a que la
Argentina oficie de punta de lanza de la dolarización regional, porque ésta conviene a
los intereses de las inversiones norteamericanas en la zona y estabilizaría estos
mercados para sus exportaciones.
A Roque lo apoya el FMI
El directorio del FMI aprobó ayer la segunda revisión del crédito de
facilidades ampliadas vigente lo que, si bien era un trámite descontado, alivió a Roque
Fernández. El martes, su jefe de asesores, Miguel Kiguel, había dicho que las metas de
déficit fiscal, pautadas con el Fondo Monetario para este año, deberían ser
renegociadas porque la economía crecería menos y, en consecuencia, habría menor
recaudación. Tales declaraciones enfurecieron a Roque que ayer al mediodía, durante la
reunión de gabinete económico, retó a su colaborador por su falta de oportunidad.
Sin embargo, la aprobación por parte del directorio del organismo calmó los ánimos, a
lo que también contribuyeron los elogiosos comentarios de Michael Mussa, jefe de
investigaciones del FMI, sobre la política económica argentina. “Las políticas
argentinas están en muy buen estado”, dijo Mussa en Washington. Y explicó que
Argentina podría aumentar la cantidad de fondos disponibles en el acuerdo de facilidades
ampliadas si lo necesitara, aunque aclaró que no existen conversaciones sobre el tema en
la actualidad.
De todos modos, el segundo de Roque, el secretario de Hacienda Pablo Guidotti, tuvo que
salir a desmentir a Télam que en Economía estuvieran planeando un nuevo ajuste fiscal
para cumplir con el FMI, como había dicho Kiguel. “No hay ningún ajuste previsto
por el lado de los salarios y todavía no hay absolutamente nada con respecto de otros
ajustes en la administración pública. Además, no vemos dificultades en las necesidades
de financiamiento para el año”, afirmó. Aun así, reconoció que “se irá
analizando la evolución de los recursos de forma tal de ver si es necesario tomar medidas
adicionales”, señaló Guidotti. |
TAMBIEN CAEN LAS VENTAS DE AUTOS AL MERCADO
INTERNO
No todo es culpa de Brasil
La caída
de exportaciones no es la única culpable. La crisis de la industria automotriz también
reconoce entre sus causas la recesión del mercado interno, como lo demuestran las
estadísticas de la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa) para el primer
bimestre. Las ventas al mercado interno cayeron en febrero un 32,7 por ciento con respecto
al mismo mes de 1998, mientras que las cifras comparativas del acumulado del primer
bimestre reflejan un descenso del 26,6 por ciento.
La semiparálisis del sector quedó reflejada en las cifras de producción, exportaciones
y ventas internas en enero y febrero. Prácticamente todos los registros muestran que el
nivel de actividad se encuentra en la mitad de las cifras del año pasado. Las ventas
domésticas de vehículos nacionales en el último mes alcanzaron a apenas 12.280
unidades, y las de importados a 12.191. El volumen total, de 24.471 rodados, resultó un
32,7 por ciento inferior al de febrero de 1998. Las exportaciones, que alcanzaron a 7.147
vehículos, evidencian un descenso aún más dramático: 63,1 por ciento en relación al
año pasado. Este registro supera las estimaciones que esta semana adelantó la
Secretaría de Industria, que había calculado una caída del 50 por ciento.
La dureza de los mercados interno y externo para la colocación de unidades determinó que
las fábricas continuaran con sus recortes de producción, a fin de evitar la acumulación
de stocks. En febrero se produjeron 17.436 unidades, un 50,4 por ciento menos que en igual
mes del año anterior. Las cifras acumuladas en el bimestre reflejan una caída similar,
del 48,7 por ciento, respecto del año 1998.
En la primera semana de marzo las plantas automotrices, en general, mantuvieron sus planes
de suspensión de personal y recorte de días y turnos de trabajo, lo cual indica las
escasas expectativas del sector industrial en una pronta recuperación de la plaza. Hasta
fines de 1998, cuando se empezaron a evidenciar los primeros signos de la crisis, la
industria auguraba un primer semestre difícil para el sector, pero exclusivamente en
razón de las dificultades para colocar la mitad de la producción que entonces se
destinaba a la exportación (principalmente a Brasil). Pero aseguraban que el mercado
interno se mantendría en un nivel normal. Los datos de los primeros dos meses del año,
en cambio, demuestran que la crisis también ha llegado a estas playas.
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