EMIRATO
Por Miguel Bonasso |
Al pretender reformar las leyes y el Código Penal por decreto y al avasallar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el presidente Menem se ha colocado al margen de la Constitución. Es, por lo tanto, un presidente anticonstitucional, o sea, un dictador. Que, como bien dijo Eugenio Zaffaroni en estas páginas, pretende distraernos con prostitutas y travestis, para usar su mayoría automática en la Corte y forzar una reinterpretación de la Constitución que le permita acceder a un hipotético tercer mandato. En una actitud que la prosa policial de su decreto bien podría calificar de predelictual. Mucho más grave por cierto que mostrar un muslo o portar un cortafierro. El hecho es muy serio y preocupante porque se trata precisamente de un hecho y ya no de una presunción, como las que se han venido barajando desde hace tiempo sobre la re-reelección. Si la virtual intervención federal a la ciudad de Buenos Aires es tolerada por la oposición y la sociedad civil, la sombra de la autocracia se volverá a cernir sobre las instituciones de los argentinos. El verdadero Menem no es el personaje contenido que simula despedirse ante el Congreso, sino el caudillo autoritario y ultraconservador que enardece a sus barras bravas en Parque Norte y asegura que los edictos se reestablecerán pese a quien pese y caiga quien caiga. Hace un año este cronista, basado en la confidencia de un alto personaje del régimen, reveló en Página/12 que la Corte Suprema interpretaría la famosa cláusula sobre el límite a los mandatos presidenciales en marzo o abril de 1999, para que el debate se diluyera en los fragores de la campaña. Evidentemente, no era una profecía de café: el plan existía de verdad y está en marcha. De la ciudadanía, más que de la clase política, depende que no pueda llevarse a la práctica. Si en los setenta era honroso considerarse militante, hoy es honroso considerarse ciudadano para movilizarse en defensa de la democracia y la Constitución. La democracia es algo muy serio para dejarlo en manos de políticos como el doctor Fernando de la Rúa, que por debilidad o cálculo electoral pretenden minimizar el atropello del Poder Ejecutivo y hacerse los distraídos. Las fuerzas republicanas y progresistas deben movilizarse en defensa de las libertades públicas y los derechos ciudadanos, conseguidos al costo de tanta sangre. No vertida precisamente por los que han sido y son cómplices de los represores y hasta les han pagado el sueldo en puestos oficiales de los aparatos de inteligencia y seguridad del Estado. Los altos niveles de conciencia recuperados por esta sociedad, que se tradujeron en juicios a los dictadores y en los escraches que apuntan a su imprescindible muerte civil, no pueden retroceder por imperio de los cómplices y de los protofascistas de la derecha peronista que celebraron o toleraron los crímenes de la Triple A y el desastre institucional que fue el gobierno de Isabel Perón. Es preciso que los ciudadanos nos organicemos y movilicemos, por medios pacíficos, hasta diría gandhianos, para repudiar el intento de convertir la República Argentina en un emirato satélite del gran capital financiero internacional. En un reservorio de la mafia, la corrupción y la impunidad. La ciudadanía y sólo la ciudadanía podrá ponerle coto a la prepotencia menemista y el asco moral. A los cortes de luz salvajes y a las privatizaciones salvajes que les dieron lugar, destruyendo el espacio público de decisión y control y construyendo una sociedad medieval de excluidos que sacan la comida de los tachos de la basura. Igual que en la España de la transición, estamos ante un intento de Tejerazo encubierto como el de España en 1981 y hay que pararlo con imaginación y energía, como lo paró la sociedad española con una multitudinaria manifestación contra el golpismo militar. Hoy hay que hacer lo mismo frente al golpismo solapado que socava las instituciones que juró respetar. Los ciudadanos de esta gran ciudad que todavía es nuestra Buenos Aires debemos movilizarnosen defensa de nuestro poder autonómico. Los ciudadanos de todo el país debemos movilizarnos para prefigurar la resistencia civil en defensa de la Constitución. Los defensores de los derechos humanos debemos salir el 24 de marzo a un escrache generalizado y simultáneo de los represores, que debería llevarse a cabo de manera absolutamente silenciosa y pacífica, para no dar lugar a provocaciones. Con marchas de antorchas y los retratos de nuestros queridos desaparecidos, frente a los cientos de guaridas donde se esconde la infamia. Como pasos iniciales para recuperar un poder político que reside en el pueblo y el pueblo unido debe volver a hacerse respetar. O nunca solucionaremos los problemas de hambre, injusticia e inseguridad, que no se resuelven con edictos ni coimas a los patrulleros.
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