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Por Alejandra Dandan  La Legislatura consiguió
ayer echar por tierra una tradición legislativa que enmarcaba al país entre aquellos con
normas más progresistas sobre prostitución. Consultados por Página/12, los estudiosos
de la materia indicaron que “la modificación del Código es más punitiva en cuanto
a la forma legal que el decreto presidencial”. La prohibición de oferta y demanda de
sexo en la vía pública rubricada por los diputados consagra por primera vez en el
ámbito metropolitano el sistema prohibicionista, reglamentación considerada a nivel
mundial como la de mayor fuerza restrictiva.Son tres los sistemas de reglamentación del comercio sexual en el mundo: prohibicionista, reglamentarista y abolicionista. El primero prohíbe el ejercicio de la prostitución de cualquier forma y es considerado el más restrictivo. El reglamentarista la limita a sitios cerrados o zonas especiales y el último veda la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente. Margarita Belloti, abogada de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM), asegura que “hasta hoy y desde el ‘35, con la Ley de Profilaxis, el país era abolicionista, pero a partir de ayer la ciudad de Buenos Aires ha adoptado el modelo prohibicionista claramente anticonstitucional”. En la misma línea, Sara Torres, de la Asamblea Raquel Liberman, indicó que “la prohibición de oferta y demanda de sexo tal como fue sancionada anoche es inconstitucional, porque el abolicionismo es parte de los pactos internacionales agregados a la Constitución”. El rastreo de distintas reglamentaciones sucedidas desde 1874 dan cuenta del quiebre ocurrido ayer con las modificaciones al Código. La oferta y demanda de sexo fue arduamente discutido por moralizadores, políticos y clérigos desde mediados del siglo pasado. Las primeras normas fueron en 1875 y se extendieron hasta 1935. “En este período –compila Bellotti– se permitieron los prostíbulos y se sometían a las prostitutas a controles periódicos para evitar que los hombres contrajeran enfermedades.” En 1875, el entonces Concejo Deliberante porteño votó la primera ordenanza en la que las prostitutas eran definidas como “mujeres que vendían favores sexuales a más de un hombre”. Miércoles y sábados, todas debían pasar por el médico y los gastos para sus tratamientos –tal como quedó documentado en viejas actas municipales– no podría pagarlo el erario. Inscriptas como cualquier trabajador, las mujeres que ejercían la prostitución también pagaban impuestos. “Durante este lapso –vuelve a situar ahora Bellotti– se protegían las bandas de proxenetas.” El amparo a madamas y cafiolos tuvo un primer quiebre. En el ‘36 se derogaron las reglamentaciones de la prostitución y se sancionó la ley 12.331, conocida como de profilaxis. Esta normativa, aún vigente, es de carácter abolicionista. Poco después, en el ‘49, una convención de la ONU se pronunció “por la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”. Esta convención fue considerada progresista porque consagró a nivel mundial el sistema abolicionista y fue ratificada por el decreto ley 11.925, en el gobierno de facto de Pedro Aramburu. En el ‘58, durante la presidencia de Arturo Frondizi, el Congreso la ratificó bajo la ley 14.467, conocida como ley ómnibus. En tanto, la policía a partir de los años 30 cobraba capacidad judicial y legislativa para regular la vida cotidiana. Esos reglamentos fueron los edictos. “Hasta los edictos, la prostitución ejercida en forma independiente nunca se había penado –explica Bellotti–. Incluso en el ‘21, cuando se sancionó el Código Penal, sólo se prohibía el rufianismo o promover la prostitución infantil o de mayores cuando fuesen llevados a ella en forma violenta o engañadas.” Una vez que los edictos, dictados originalmente por la policía, se consagraron como leyes nacionales, esa fuerza perdió facultades legislativas. Es del ‘49 el edicto que sirvió hasta el año pasado para reprimir la prostitución callejera: “Las personas de uno u otro sexo –decía el inciso H del segundo artículo– que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal”. Este artículo, que había caducado con la sanción del Código de Contravenciones porteño, volvió a corporizarse. Ahora con más fuerza.
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