“Es peor que los
viejos edictos”
Los organismos de DD.HH. advirtieron en bloque que el decreto presidencial tiende
al fortalecimiento del aparato represivo.
 “Estamos
retrocediendo un siglo porque estas medidas son incluso peores que los viejos edictos
policiales”, dijo Gastón Chillier, abogado del Centro de Estudios Legales y
Sociales, en referencia al decreto firmado el martes por el presidente Carlos Menem, que
virtualmente reinstaura los edictos. En bloque, los organismos de derechos humanos
repudiaron el decreto: lo consideraron “inconstitucional” porque “viola la
autonomía de la Legislatura porteña”, y por las figuras que implementa, y
criticaron duramente algunos de los incisos que, según estos organismos, sólo apuntan a
un fortalecimiento del aparato represivo. Pero también se opusieron a los cambios
introducidos por la Legislatura en el Código de Convivencia Urbana.
Para Chillier, “el decreto tiene una profunda gravedad institucional: el Presidente
está avanzando sobre la autonomía de la ciudad garantizada por la Constitución
nacional: utilizando una coartada, la Ley 23.950, amplía las facultades de detención de
las personas”. Además, dijo el abogado, “el fundamento del decreto es absurdo:
se basa en que estas figuras no están contempladas ni en el Código de Contravenciones ni
en el Penal; pero que la Legislatura las haya dejado afuera no quiere decir que le otorgue
autoridad al Presidente para ponerlas en vigencia”.
Por su parte, el diputado socialista Alfredo Bravo, de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, dijo que al Presidente “no le voy a contestar desde el punto de
vista jurídico porque es una aberración lo que ha hecho; no le voy a contestar desde el
punto de vista ético porque carece de ética, negando la raigambre federalista de la que
se ha jactado, al oponerse a la ciudad autónoma. Le voy a contestar cuando se acaben
estas argucias para estar en el centro de la discusión y cuando vea que realmente existe
el país idílico que nos presentó el 1º de marzo en el Parlamento nacional”.
“También es un retroceso la forma en que adquirió vigencia, sobre la base de una
supuesta falta de seguridad que no existe”, dijo a Página/12 la presidenta de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosemblum. “Además, se utilizan
expresiones que no tienen ningún sentido jurídico; sólo sirven para el control
social”, apuntó. En un documento que firmaron la LADH, Correpi (Coordinadora Contra
la Represión Policial e Institucional) e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia,
contra el Olvido y el Silencio), se advierte que “la diferencia entre un
‘merodeador’ y un señor que pasea mirando vidrieras es, para la policía, la
pertenencia de clase de la persona en cuestión”. La lectura es compartida por
Chillier, para quien “las figuras reglamentadas son violaciones a la Constitución,
ya que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de reunión: en el caso del
‘merodeador’ se están castigando características personales, no una conducta;
y la prohibición del insulto a vecinos es un rasgo autoritario, ya que cuando habla de
‘ofensa a la moral’, la moral, sabemos, representará la del policía que
aplique la norma”.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional
contra la Discriminación para pedir la anulación del decreto. La abogada María del
Carmen Verdú, de la Correpi, explicó que “como no existe en el ámbito nacional un
recurso de inconstitucionalidad genérico, cuando alguien vaya detenido por este decreto
iniciaremos el juicio”. Chillier agregó que todo policía que lleve detenido a
alguien bajo estas figuras es susceptible de cometer el delito de “privación
ilegítima de la libertad”. Tanto el CELS como la Correpi iniciarán una campaña en
contra del decreto, así como de la modificación del Código de Convivencia.
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