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Por Adriana Meyer  El gobernador de
Córdoba, el radical Ramón Mestre, quiere terminar su mandato con la mayor paz social
posible y lo atormenta el fantasma de la ruidosa caída de Eduardo Angeloz. Su ministro de
Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, denunció ante la Justicia un supuesto “plan
desestabilizador” organizado por un “grupo de activistas”, integrado por
militantes de partidos de izquierda y de derechos humanos que están acusados de los
delitos de asociación ilícita y prepotencia ideológica. La causa está en manos del
fiscal Carlos Torres y del juez Ricardo Bustos Fierro. La Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional –CORREPI– asegura que intentan desactivar la
protesta social, encarcelando a los referentes principales de cada organización, en un
momento en que la provincia vive un clima de alta conflictividad. Ayer marcharon por las
calles de la capital mediterránea unos 400 militantes de organizaciones sindicales, de
derechos humanos y estudiantiles, y de partidos políticos de izquierda, para repudiar lo
que calificaron de “campaña persecutoria lanzada por Mestre y Aguad”.El gobierno cordobés formalizó la denuncia penal a fines de febrero, contra un grupo de activistas que operaría como una organización delictiva con la finalidad de desestabilizar las instituciones democráticas de Córdoba. El ministro Aguad confeccionó un video que muestra a diferentes manifestantes que aparecen de manera recurrente en distintos disturbios ocurridos en los últimos cinco años. Según publicó el diario La Mañana de esa provincia, el funcionario aseguró que en las últimas semanas estos grupos habrían dejado de operar, alertados por la posibilidad de que sean descubiertos y desbaratada la organización. El 24 de febrero Aguad convocó a una reunión reservada a representantes de la prensa y empresarios. Flanqueado por el jefe de la Policía provincial, Máximo Lascano, desplegó su versión de que esta conspiración que habría dado el “empujón final a Angeloz” ahora tiene intenciones de repetir la misma táctica desestabilizadora con la administración de Ramón Mestre, a la cual le restan sólo cuatro meses de gobierno. Para sustentar esta hipótesis exhibió un video de 35 minutos, editado en forma esmerada a partir de noticieros locales y nacionales, en el que se observó a 18 personas en distintas manifestaciones. Periodistas y empresarios coincidieron en que las imágenes no mostraban la existencia de una organización sediciosa. El ministro del Interior Carlos Corach también habría recibido una copia del video. Aguad explicó que los agitadores se habían infiltrado en las manifestaciones de la Intergremial Hospitalaria y las protestas por la tragedia del precinto Cinco. Agregó que, además de militantes activos y profesionales, se habría detectado a activistas “part-time”: niños e indigentes contratados para arrojar piedras y proferir insultos a los funcionarios. “Aunque los nombres de los implicados no pueden ser dados a conocer, puedo decirles que hay cuatro dirigentes nacionales de Quebracho, un conocido militante de Patria Libre, otro del Partido de la Liberación y hasta un misterioso haitiano”, describió el ministro. Y al día siguiente realizó la misma presentación frente a los legisladores cordobeses. En esa ocasión ninguno de sus interlocutores manifestó sentirse atemorizado sobre la estabilidad institucional y se quejaron sobre la falta de precisiones, por ejemplo, respecto del supuesto financiamiento que recibirían los “sediciosos”. Sergio Ortiz, secretario general del Partido de la Liberación –PL– y uno de los acusados por Aguad, relató a Página/12 que en la marcha realizada ayer “no hubo incidentes y las consignas fueron combativas. Además de militantes vinieron los familiares de los muertos en el precinto Cinco”. Una nota editorial publicada en La Voz del Interior el viernes pasado le advirtió al gobierno de Mestre que “no tema una imaginaria desestabilización provocada por 18 personas, ni aliente una encubiertacaza de brujas”. El propio ministro Aguad reconoció que están dadas las condiciones para un estallido en la provincia. Pero los militantes a los que acusa no son los que generaron una situación en la que el 27 por ciento de la población está inscripta en los planes de ayuda oficiales, las arcas provinciales sólo tienen dinero para pagar los sueldos hasta abril (porque De la Sota anunció que bajará los impuestos y los contribuyentes dejaron de cumplir con el fisco), y las cesantías en la industria automotriz ya llegan a 10 mil. El antecedente más cercano es la denuncia que realizó Corach en 1996 contra la agrupación Quebracho, a cuyos integrantes también acusó de asociación ilícita y prepotencia ideológica, además de lesiones y daño. Tres militantes de esa organización estuvieron presos seis meses hasta que la Cámara Federal ordenó su excarcelación, en enero de 1997. Entre hoy y el lunes se conocerá en Córdoba la decisión del fiscal Carlos Torres, quien debe decidir si promueve la investigación de los hechos ante el juez Bustos Fierro u ordena que se archive la denuncia.
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Diez días antes de las elecciones legislativas de octubre de 1997, Mestre sugirió
que el crimen de Sandra Torres podía estar relacionado a esos comicios, pero luego debió
retractarse.