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Por Raúl Dellatorre  El
Fondo Monetario Internacional dijo con todas las letras lo que el gobierno nacional no
puede admitir en público, dados los vientos electorales que soplan: "Las autoridades
(argentinas) han acordado convertir al banco en una sociedad (anónima) de propiedad del
Estado durante 1999, como paso previo a su privatización". Y le ponen fecha a ese
objetivo, curiosamente fuera del actual mandato presidencial: fines del 2000. En forma
poco elegante, el actual Gobierno firmó con el FMI el compromiso de transferir al sector
privado el Nación que debería cumplir quien lo suceda, bajo riesgo de verse estrangulado
en su financiamiento externo en caso de no hacerlo.
En un resumen titulado "Estado de las reformas estructurales bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas", anexo al reporte del staff del Fondo en relación al señalado acuerdo, se hace un repaso del grado de cumplimiento de las diferentes metas pactadas. Entre los puntos "pendientes", el informe se refiere a la "Privatización del Banco de la Nación Argentina". Textualmente, el reporte afirma: "El Banco Central está preparando un informe en base a sus auditorías de la entidad, el que será revisado antes de poner en marcha el proceso de privatización. Las autoridades han acordado convertir al banco en una sociedad de propiedad del Estado durante 1999, como paso preliminar". La propuesta de privatizar el banco había sido negada por el Gobierno en varias oportunidades. La última fue, precisamente, cuando se estaban cerrando las negociaciones del Acuerdo de Facilidades Extendidas actualmente vigente, en diciembre pasado. Debido a la oleada de críticas que la idea había recibido --incluso desde el seno del propio justicialismo, expresada a través de sus bloques de diputados y senadores nacionales--, el presidente Carlos Menem acordó con Roque Fernández salir a decir públicamente que el Nación no se privatizaría. "No hay nada decidido", fueron las palabras elegidas por Menem. "Lo que estamos acordando con el FMI es la transformación del banco de propiedad estatal a una sociedad anónima, pero esto no implica privatización", fue la versión que dio el jefe de asesores de Roque, Miguel Kiguel. Pero sólo estaba contando la mitad del acuerdo, el "paso previo", según lo que se conoce ahora de letra del propio FMI. Hace exactamente un año, en marzo de 1998, los aspirantes a la Casa Rosada, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, se habían manifestado firmemente en contra de la venta del Nación. El gobernador bonaerense incluso llegó a proponer un proyecto de ley nacional que trabara una futura transferencia al sector privado, que nunca se presentó. José Luis Machinea, referente económico de la Alianza, también se opuso aunque en términos más livianos en un reportaje concedido a Cash en diciembre pasado. "Al Banco Nación no hay que privatizarlo porque hay claras imperfecciones en el sistema financiero argentino", expresó a este diario el economista, pero enseguida opinó que "dentro de veinte años, el Nación puede ser privado. Yo no hago de esto una cuestión ideológica". Previamente, se había confesado a favor de "abrir el capital manteniendo el control público". El Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI se extiende hasta marzo de 2001, poco más de un año después del recambio presidencial de fin de este año. Dado el estado actual de la deuda externa, cualquiera sea el gobierno entrante se verá obligado a una permanente renegociación de vencimientos. Sólo el pago de intereses por año representa más del 30 por ciento del presupuesto nacional. La imposición de compromisos previamente, como la venta del Nación antes de fines del 2000, no hace más que poner palos en la rueda de la bicicleta financiera que deba armar el próximo gobierno.
NO DESCARTA LA ASOCIACION MONETARIA, QUE
GREENSPAN RECHAZA
Esta última, según explica el Fondo, supondría la recompra de todos los pesos en circulación solventada con las reservas monetarias en dólares estadounidenses, y la redenominación de todos los activos y pasivos en pesos en su equivalente en la misma divisa. "Dado que el circulante desaparecería, el riesgo de devaluación también desaparece", consigna el informe. "Sin embargo --agrega luego--, Argentina perdería el señoreaje de alrededor de 750 millones de dólares al año que recibe por la colocación de sus actuales reservas". La alternativa de un Tratado de Asociación Monetaria supondría, señala, "el gradual reemplazo del peso por dólares, mientras se negocia con el gobierno de Estados Unidos ciertos derechos (como redescuentos) y compensaciones (por el señoreaje)". En relación con la opción de la unión monetaria continental, advierte el staff del Fondo, "esta alternativa requeriría menor tiempo de implementación, y podría, en principio, expandirse para incorporar a más países de la región". En tono elogioso, el FMI comenta en su informe que la dolarización de la economía argentina tendría como "beneficio inmediato, previsiblemente, la eliminación de la tasa de riesgo cambiario sobre los instrumentos de deuda argentinos". Agrega luego que otros beneficios adicionales, por ejemplo la rebaja en las sobretasas que paga (riesgo país), dependerán en cambio de que el Gobierno logre moverse dentro de "políticas macroeconómicas cautelosas y estables".
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