Por Fernando Almirón
Diputados de la Alianza
anunciaron que el próximo lunes presentarán ante el Consejo de la Magistratura el pedido
de juicio político contra el juez Ricardo Bustos Fierro. El magistrado cordobés
interpretó que Carlos Menem podía participar como candidato en las elecciones internas
del justicialismo al argumentar que posiblemente los constituyentes se excedieron al
aprobar la clausura transitoria que le prohíbe una segunda reelección presidencial. Los
aliancistas aseguran que con esto Bustos Fierro declaró anticonstitucional la
Constitución. El duhaldismo se sumará a la ofensiva antirreeleccionista (ver
página 3) a través de Eduardo Camaño, que impulsará un proyecto de resolución para
que el Congreso se expida en defensa de la Constitución.
Los legisladores radicales Melchor Cruchaga y Mario Nievas, junto a los frepasistas Nilda
Garré Horacio Viqueira y Darío Alessandro se reunieron ayer por la tarde para analizar
los antecedentes que servirán para promover el pedido de juicio político al juez federal
Bustos Fierro, quien será acusado por mal desempeño, posible comisión de delito y
prevaricato debido al fallo que habilitó a Carlos Menem para las internas presidenciales
del justicialismo, el próximo 9 de mayo.
En declaraciones a Página/12, Cruchaga señaló que lo de este juez fue excesivo,
ya que no se puede declarar anticonstitucional a la Constitución. Y agregó:
Bustos Fierro no puede decidir si lo que manda es bueno o malo para alguien, ya que
con esto pone en duda la legalidad de la propia Constitución; nos deja sin ley.
Para la diputada Garré, Bustos Fierro es uno de los jueces fieles a la entraña
menemista y tomó la presentación del justicialismo cordobés para habilitar a Menem sin
ser competente para emitir este tipo de fallos. Los únicos que se pueden expedir sobre
candidaturas nacionales son los jueces federales con competencia electoral de la Capital
Federal, es decir María Servini de Cubría.
El pedido formal de juicio político a Bustos Fierro será presentado recién este lunes
ante el Consejo de la Magistratura, un órgano de control judicial donde el oficialismo ya
no podrá ejercer su mayoría tal como sucedió el año pasado en el Congreso, cuando
tendió un manto de protección sobre otro magistrado que se pronunció a favor de la
reelección, el jujeño Wenceslao Cardozo, cuyo procesamiento fue rechazado in
limine por la comisión enjuiciadora que presidía César Arias.
Tanto Cruchaga como Darío Alessandro quieren quitarle voltaje electoral a su rechazo de
plano a la resolución de Bustos Fierro, y centrar su ofensiva en la defensa de la
Constitución. Este juez le quiere hacer decir a la Constitución lo que la
Constitución claramente no dice, aseguró indignado Alessandro. Según el
legislador a mí la interna del justicialismo no me importa. Pero sabemos que si
Menem gana esta interna, la maniobra que sigue es clara. Cuando nos opongamos a su
candidatura van a decir otra vez se está proscribiendo al
justicialismo. Alessandro agregó: para evitar esto vamos a llevar
adelante una estrategia parlamentaria común con el duhaldismo, con quienes coincidimos en
que ninguna jugada política puede pasar por encima de la Constitución.
La estrategia ya estaría en marcha. La semana próxima el vicepresidente segundo del
bloque de diputados justicialistas, el bonaerense Eduardo Camaño presentará un proyecto
de resolución en el que se rechazará toda decisión judicial que ponga en duda la
legitimidad de la Constitución, cuyo texto saldrá al recinto con la aprobación previa
de la oposición con el objeto de alertar también a la Corte Suprema sobre el
enfrentamiento institucional que se podría originar si el alto tribunal decide respaldar
la interpretación del magistrado cordobés.
CAVALLO PIDE REFORMA PARA ECHAR JUECES
Todos juntos en capilla
El
proyecto no es nuevo. Los diputados de Acción por la República lo tenían en carpeta
desde hace tiempo, sólo que la decisión del juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro
de abrir la puerta a la re-reelección de Carlos Menem hizo que se decidieran a
presentarlo: la idea es convocar a una reforma constitucional que permita poner en
disponibilidad a todos los jueces para después separar de sus cargos a los
cómplices de los poderes de turno y mantener en funciones a los
honestos. Es necesario poner un freno a los disparates jurídicos como
los que propugna el menemismo, declaró Domingo Cavallo en favor de la iniciativa.
Cavallo y sus hombres proponen que la Constitución se modifique con el único
objeto de considerar la suspensión por única vez de la garantía de estabilidad de los
jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales inferiores. Para no dar lugar
a futuras interpretaciones como las que ahora realiza el menemismo de la reforma
sancionada en 1994, el cavallismo aclaró taxativamente en su proyecto que será
nula de nulidad absoluta cualquier otra modificación al texto constitucional.
La iniciativa de Acción por la República dispone que la elección de convencionales
constituyentes se realice junto con las próximas presidenciales y plantea declarar a los
jueces en comisión a efectos de que sus nombramientos sean considerados
nuevamente. Establece también que los magistrados que no fueren confirmados
en un plazo de 180 días, desde su declaración en estado de comisión, cesarán
automáticamente en sus funciones.
Es necesario tomar una medida de carácter excepcional que permita separar la paja
del trigo y distinguir los buenos jueces de aquellos que no
acreditan idoneidad y solvencia moral, dicen los fundamentos del proyecto, donde se
citan los nombres de diversos magistrados cuestionados o separados de sus cargos en los
últimos años, como Augusto Belluscio, Norberto Oyarbide, Guillermo Tiscornia, Carlos
Branca, Francisco Trovato y Hernán Bernasconi. Sobre Bustos Fierro se subraya que su caso
es el paradigma de una Justicia dependiente, dispuesta a posibilitar la más
descarada violación de la Constitución.
La única manera de consolidar la estabilidad económica es producir reformas
estructurales en uno de los poderes básicos de la República, advirtió Cavallo,
quien convocó a todos los sectores políticos no comprometidos con la corrupción y
la manipulación de la Justicia a acompañar la iniciativa. El titular del bloque de
diputados de Acción por la República, Guillermo Francos, apuntó que el proyecto
no busca realizar purgas ni venganzas, sino aliviar a aquellos magistrados que no
son cómplices de los poderes de turno y que tampoco pueden verse mancillados por quienes
entran a un supermercado a sustraer calzoncillos o piden coimas para dictar
sentencias.
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