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Por Fernando Almirón Diputados de la Alianza anunciaron que el próximo lunes presentarán ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político contra el juez Ricardo Bustos Fierro. El magistrado cordobés interpretó que Carlos Menem podía participar como candidato en las elecciones internas del justicialismo al argumentar que posiblemente los constituyentes se excedieron al aprobar la clausura transitoria que le prohíbe una segunda reelección presidencial. Los aliancistas aseguran que con esto Bustos Fierro declaró anticonstitucional la Constitución. El duhaldismo se sumará a la ofensiva antirreeleccionista (ver página 3) a través de Eduardo Camaño, que impulsará un proyecto de resolución para que el Congreso se expida en defensa de la Constitución. Los legisladores radicales Melchor Cruchaga y Mario Nievas, junto a los frepasistas Nilda Garré Horacio Viqueira y Darío Alessandro se reunieron ayer por la tarde para analizar los antecedentes que servirán para promover el pedido de juicio político al juez federal Bustos Fierro, quien será acusado por mal desempeño, posible comisión de delito y prevaricato debido al fallo que habilitó a Carlos Menem para las internas presidenciales del justicialismo, el próximo 9 de mayo. En declaraciones a Página/12, Cruchaga señaló que lo de este juez fue excesivo, ya que no se puede declarar anticonstitucional a la Constitución. Y agregó: Bustos Fierro no puede decidir si lo que manda es bueno o malo para alguien, ya que con esto pone en duda la legalidad de la propia Constitución; nos deja sin ley. Para la diputada Garré, Bustos Fierro es uno de los jueces fieles a la entraña menemista y tomó la presentación del justicialismo cordobés para habilitar a Menem sin ser competente para emitir este tipo de fallos. Los únicos que se pueden expedir sobre candidaturas nacionales son los jueces federales con competencia electoral de la Capital Federal, es decir María Servini de Cubría. El pedido formal de juicio político a Bustos Fierro será presentado recién este lunes ante el Consejo de la Magistratura, un órgano de control judicial donde el oficialismo ya no podrá ejercer su mayoría tal como sucedió el año pasado en el Congreso, cuando tendió un manto de protección sobre otro magistrado que se pronunció a favor de la reelección, el jujeño Wenceslao Cardozo, cuyo procesamiento fue rechazado in limine por la comisión enjuiciadora que presidía César Arias. Tanto Cruchaga como Darío Alessandro quieren quitarle voltaje electoral a su rechazo de plano a la resolución de Bustos Fierro, y centrar su ofensiva en la defensa de la Constitución. Este juez le quiere hacer decir a la Constitución lo que la Constitución claramente no dice, aseguró indignado Alessandro. Según el legislador a mí la interna del justicialismo no me importa. Pero sabemos que si Menem gana esta interna, la maniobra que sigue es clara. Cuando nos opongamos a su candidatura van a decir otra vez se está proscribiendo al justicialismo. Alessandro agregó: para evitar esto vamos a llevar adelante una estrategia parlamentaria común con el duhaldismo, con quienes coincidimos en que ninguna jugada política puede pasar por encima de la Constitución. La estrategia ya estaría en marcha. La semana próxima el vicepresidente segundo del bloque de diputados justicialistas, el bonaerense Eduardo Camaño presentará un proyecto de resolución en el que se rechazará toda decisión judicial que ponga en duda la legitimidad de la Constitución, cuyo texto saldrá al recinto con la aprobación previa de la oposición con el objeto de alertar también a la Corte Suprema sobre el enfrentamiento institucional que se podría originar si el alto tribunal decide respaldar la interpretación del magistrado cordobés.
CAVALLO PIDE REFORMA PARA ECHAR JUECES El
proyecto no es nuevo. Los diputados de Acción por la República lo tenían en carpeta
desde hace tiempo, sólo que la decisión del juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro
de abrir la puerta a la re-reelección de Carlos Menem hizo que se decidieran a
presentarlo: la idea es convocar a una reforma constitucional que permita poner en
disponibilidad a todos los jueces para después separar de sus cargos a los
cómplices de los poderes de turno y mantener en funciones a los
honestos. Es necesario poner un freno a los disparates jurídicos como
los que propugna el menemismo, declaró Domingo Cavallo en favor de la iniciativa.
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